Una visita inesperada

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

Con la visita del señor Alan García a nuestros predios, -realizada en el mes de mayo pasado- numerosas instituciones del Estado se han puesto saco y corbata para presentarse ante el Primer Mandatario con sus mejores galas, exponiendo en hojas doradas sus mayores logros y reclamando mejores atenciones en aquellos espacios donde la demacración ha sido expuesta por las breves lluvias que nos han acompañado en estos días.
Sin embargo, desde la otra orilla del río, nuestro visitante ha venido acompañado por un séquito de funcionarios, cuales antiguos tucuyricoc, se han presentado en las distintas oficinas estatales para verificar la buena marcha del administración. Las instituciones educativas han sido las más visitadas. En una de ellas, uno de los viceministros del sector se presentó muy rozagante en muy tempranas horas y, luego de hacer las presentaciones respectivas, se dio cuenta que no estaba siendo atendido por la primera autoridad del centro educativo, por lo que preguntó ¿Cuál es la hora de ingreso? ¿y porqué el director no está aquí?. En el ciberespacio varios mensajes de texto revoloteaban por llegar primeros al móvil del esperado ausente.
Mientras tanto, el muy alto funcionario quiso saber si los profesores eran igual de impuntuales. Se puso de pie y camino hacia la puerta de ingreso y acompañado de una auxiliar de educación vio como ingresaban los alumnos, algunos le saludaban, otros lo miraban indiferentes y un tercer grupo ni siquiera contestó sus educadas formas de saludar; pero él muy atento, a la par, dejaba pasar a los profesores y, saludándolos, miraba su reloj insinuándoles que llegaban retrasados. Algunos muy pocos advirtieron que se trataba de un alto funcionario del sector.
Algo mortificado quiso imponer sanciones, pero le hicieron saber que muchos de los que tenía más de 30 minutos de retraso, ingresaban en la segunda hora de clase. No quiso perder la oportunidad de reunirse con la plana docente, cuando menos los que ya habían llegado, para recordarles que la campaña “La hora sin demora” también era para ellos y que el ejercicio de los valores empezaba por el cumplimiento de los deberes personales. No estaba mal. Sin embargo, más de uno aprovecho la oportunidad para presentar el consabido pliego de reclamos, para hacer picadillo al colega con el que no se lleva bien, para denunciar las pajas del ojo ajeno y hacer trizas del árbol caído, digo del “árbol ausente”.
Y en medio de tan enmarañada selva de peticiones, a alguno se le ocurrió agradecer la visita. Lastimosamente, el irritado funcionario le hizo callar y como mejor pretexto, ante el reclamo del profesor, profirió: “Yo no le he gritado, solo le he levantado la voz”. No se que quiso decir, y fue motivo para olvidar, que a pesar de que la puntualidad es un valor importante, hay también otros asuntos que merece la atención para ver las mejorías de la educación: olvidó preguntar cómo se está aplicando el plan lector, relegó para la próxima visita revisar las instalaciones en las que se dan las clases, conversar con los alumno/as, revisar las estrategias pedagógicas, el cumplimiento de la currícula, los planes de trabajo, las propuestas pedagógicas, verificar si se cumplen los plazos administrativos, en fin, otras tantas cosas tan importantes como las que fueron objeto de la visita.
Al final, el apurado funcionario sabía que tenía que acudir a otra cita, recibió la despedida de todos, pero quizá, ese día no olvidaría a aquella distraída profesora que al verlo en la entrada y sin saber quien era, cual malagueña, le dijo: “que bonitos ojos tienes”, piropo que el sonriente señor agradeció muy atentamente, sin dejar de advertir con la mirada en su reloj, que la gentil dama había llegado tarde. Se espera la próxima visita y, para que tenga mejores frutos, que sea cuidadosamente planificada: improvisada para los visitados, con objetivos específicos para los visitantes.

Desordenes Universitarios

Laurence Chunga Hidalgo.
Abogado.
Nadie puede negar que nuestro presente es el tiempo del conocimiento: quien mejor conoce está en mejor condición para triunfar. El camino para llegar al conocimiento es la investigación; sin ésta, aquél se convierte en superflua repetición y, en consecuencia, no evoluciona.
“Producir conocimiento” es la razón primera de la existencia de una universidad. A ésta no solo debe interesarle satisfacer la demanda de servicios educativos de los ciudadanos o hacer que éstos encajen en las necesidades laborales de nuestro mundo globalizado, sino que, previo a la atención de los particulares objetivos de los individuos, se debe a un objetivo, que debiera ser, de interés común: “el cultivo del saber y la investigación”, como nos decía Dn. Leonardo Polo. Y siendo que el conocimiento progresa, se hace necesario que los egresados universitarios hallen espacios para adquirir los nuevos conocimientos alcanzados: aparecen los cursos de extensión, congresos universitarios, seminarios, diplomados, maestrías, etc. con lo que el conocimiento se convierte en una mercancía expuesta al mejor postor.
No es poca cosa, que la adquisición de ese “conocimiento científico” sea indispensable para postular, primero, y alcanzar, después, un puesto de trabajo. En la actividad pública adquieren especial relevancia los estudios “post grado”, dado que se les asigna un determinado puntaje dependiendo de la naturaleza de los mismos; en consecuencia, los cartones que atestiguan de la realización de estudios especializados se hacen cada vez más apetecibles en las hojas de vida de los profesionales.
A esta demanda se correlaciona una oferta. Si miramos los anuncios de los diarios domingueros podemos advertir la gran cantidad de cursos de especialización, diplomados, maestrías (que son las que más abundan), doctorados que ofrecen nuestras universidades y, como en todo producto, la calidad de lo ofrecido es variopinta y dispareja y, con ella, el costo difiere, dependiendo de la universidad que la ofrece, de la plana docente, de los materiales de estudios a entregar, del número de alumnos que se inscriben y también de la responsabilidad y seriedad con que se diseña, programa y ejecuta un curso post grado, dígase, maestría. Esta última condición, aunque debe presuponerse, no siempre es factor presente al momento de prestar el servicio. No lo es, por lo menos en buen número de nuestras universidades nacionales.
La responsabilidad que supone la investigación y el conocimiento científico, no sólo debe ser una frase rimbombante en medio de las construcciones gramaticales que anuncian los objetivos de una universidad, sino que efectivamente, ésta tiene que plasmarse en la programación de los cursos, en el contacto con los docentes, en la relación con los alumnos, en el cumplimiento de los horarios, en el respeto del número horas de clase ofrecidas al tiempo de la matrícula, en los mecanismos de evaluación y hasta en el anuncio de improvistos y la atención de contingencias. No es suficiente un colorido tríptico donde se muestran los costos de los estudios, ni la innumerable lista de maestrías ofrecidas hace que una universidad sea mejor que otra.
La extensión y proyección social no necesariamente se mide por el número de proyectos que inciden en la comunidad, o porque se tiene o no convenios con determinadas instituciones colectivas o porque un determinado grupo de alumnos visita a un asentamiento humano en la fecha de aniversario de éste. La perspectiva comunitaria se evalúa ya en el cumplimiento de los cronogramas, en el respeto a los alumnos, en la exigencia a los profesores, en el pago de las remuneraciones y en el pago de las mensualidades por parte de los alumnos. Es la tarjeta de presentación de la universidad.
Aún cuando se anunciara al más destacado jurista nacional –o internacional- para ofrecer cátedra y, si no se tuviera claro el horario de su presentación, téngase la certeza que su presencia será un fiasco para todos: para el profesor por la frustración sentida, para el alumno: porque pierde una oportunidad, para la universidad, por la desorganización que evidencia.
El cultivo del saber universitario supone rigurosidad en la investigación y, ésta para que rinda los frutos esperados, debe ser planificada. Lo contrario, evidencia anarquía y desgobierno. Ojalá nuestras universidades enmienden el camino.

Corrupción, Ética y Función Judicial

Laurence Chunga Hidalgo.

Abogado
En nuestros tiempos, cuando se trata de calificar a políticos, jueces y, en general, a funcionarios públicos, solemos ser muy duros. No merece la pena hacer un listado de los epítetos que se nos ocurren para desmerecer el trabajo que realizan; sin embargo, las denuncias que recaen sobre un par de parlamentarios son suficientes para generalizar tal actuación a la totalidad de congresistas, y a ellos les sumamos los asesores personales, personal de confianza e incluidos los chóferes que les prestan servicios.
La pésima conducta funcional de un vocal supremo y la de un fiscal que recibe algo de dinero para acelerar la justicia es igual de reprobable que la de aquel secretario judicial o del notificador que para realizar su labor requiere de un “sencillo” para el pasaje. Lo mismo para el abogado que pretende cobrar un dinero en su favor utilizando los nombres de fiscales y jueces que, supuestamente, le harán el favor de expedir un dictamen o una sentencia favorable.
Si se tratara de tan sólo lamentarnos, es evidente que nada cambiaría. Largo rato tenemos ya llorando sobre la leche derramada. Hace un tiempo ya, se expidió la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en la que se expone un catálogo de principios, deberes y prohibiciones; sin embargo, no indica cuales son las sanciones a imponerse en caso de incumplimiento de alguno de los artículos que contiene dicha ley, del mismo modo que ordena que corresponde al “Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública” velar por el cumplimiento de la ley y del reglamento. Es decir, son los propios funcionarios los que deben vigilarse a sí mismos respecto del cumplimiento de sus obligaciones. La pregunta es: ¿Por qué no permitir que la ciudadanía sea la encargada de hacer cumplir dicha ley?.
Por lo demás, el reglamento de la indicada norma, el D.S 033-2005-PCM establece el tipo de sanciones a imponerse y destaca como tales: amonestación, suspensión, multa, resolución contractual, destitución o despido. La primera de las mencionadas es la menos grave de todas y, aún sin la ley se aplica “graciosamente” en buen número de despachos judiciales.Uno de los hechos que motiva mayor preocupación en la administración de justicia es el retraso del ejercicio de la misma. No es difícil advertir que los juzgados se hallan recargados de trabajo, sin embargo dicho malestar no es argumento suficiente para no expedir resoluciones y sentencias en el tiempo prudente y adecuado. Ante dicha dificultad –que sería calificada como una falta leve, según el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, proyecto de ley 13230-2004-PJ-, suele ocurrir que, dada la advertencia realizada por el usuario del servicio o su abogado defensor, el especialista legal ofrece realizar el trámite lo más pronto posible y, con el ánimo de brindar satisfacciones morales al agraviado, indica en la resolución que sigue, una amonestación contra si mismo, bajo la rimbombante expresión “llámese severamente la atención al especialista por la demora en el expediente”. Nos preguntamos: ¿Dicha “sanción” habrá sido anotada en el registro de sanciones conforme lo ordena el art. 242 del Ley del Procedimiento Administrativo General y lo establece el art. 13 del mismo Código de Ética de la Administración Pública? Probablemente, no. Con las cosas así, pocos cambios podrán advertirse en mucho tiempo.

Derechos Humanos en Piura

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado

Trabajar por los derechos humanos no es tarea fácil. No en Piura. Hace un par de años, en los primeros meses de 2005, el Estado -debidamente representado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos- y la Sociedad Civil -citada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e instituciones de la región- convocaron para la realización de la “Macro Audiencia Regional” en la que autoridades y ciudadanos de Piura y Tumbes discutieron acerca de que derechos requerían mejores atenciones dado el alto grado de vulnerabilidad de los mismos, señalándose, además, los actores principales que debieran intervenir así como las acciones que era necesario realizar para mejor la situación. El 29 de junio de ese año, se reunieron 144 representantes de instituciones públicas y privadas para realizar dicha labor. Sus resultados fueron insumos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011 (indistintamente, PNDDHH) es un instrumento aprobado por D.S 017-2005-JUS, que contiene las primordiales obligaciones estatales respecto del cumplimiento del contenido esencial de los derechos humanos recogidos en el documento; convirtiéndose, en consecuencia, en una herramienta de articulación de políticas públicas y de monitoreo de la actuación de la administración pública respecto de los objetivos planteados. En los hechos, después de su aprobación el Estado, en cualquiera de sus estamentos, muy poco ha realizado para su implementación.

El pasado 27 de junio, se convocó a distintas oficinas de la Administración Pública, -dígase del Gobierno Regional, de los gobiernos provinciales y de algunas municipalidades distritales, así como a las distintas oficinas regionales de algunos de los Ministerios del Estado- para mostrarles el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero por encima de ello, exponer su valía como herramienta para la elaboración e implementación de políticas públicas, permitiendo que la actuación estatal siempre se halle informada por el concepto de los derechos humanos.

Pese al esfuerzo de la convocatoria, acudieron, muy pocas instituciones: cuarenta y cuatro y, en su mayoría, instituciones de la sociedad civil. El Estado fue el gran ausente. Sin embargo, no puede negarse la buena voluntad de instituciones como la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPI) que, esperamos, asuma la tarea de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos en el grueso de municipalidades que la conforman. Por lo pronto, es tarea inmediata, así lo han asumido los participantes, la difusión del PNDDHH.

Corresponde, de otro lado, a las instituciones convocantes CEDAL, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Diaconía para la Justicia y la Paz, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Radio Cutivalú, CIPCA, entre otras, ofrecer los insumos que permitan la realización de la difusión e implementación del PNDDHH para que sea de pleno conocimiento de la ciudadanía. El conocimiento permitirá que la ciudadanía lo exija en cada uno de los ámbitos de la administración estatal.
Esperamos, que los compromisos asumidos, efectivamente, sean tareas de próxima realización. Estaremos atentos, para colaborar y vigilar.

"No se lo digas a nadie... Te callas"

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Carlita, una niña que no había alcanzado siquiera la pubertad, -a quien preferimos cambiarle de nombre- había realizado sus horas de deporte correspondiente al curso de educación física. Su buen profesor le había pedido ayuda para guardar los implementos deportivos… eran como las 6.00 de la tarde de aquel día. Realizó con diligencia la tarea encomendada y quiso despedirse de su profesor con un beso en la mejilla. Éste apoyo sus manazas sobre los delicados hombros de la niña, le cogió la cara y le dio un muy forzado beso en la boca. Remató el asunto diciendo: “No se lo digas a nadie, te callas”. Ella salió corriendo asustada; habló con sus amiguitas –ninguna de ellas habían superado la decena de años- pero el sonido de la campana le anunciaba la salida… caminó por las terrosas calles de su barrio hasta llegar a un lugar seguro: su casa. Su madre le acarició el cabello y le ofreció que la justicia se encargaría de él.
El fulano aquel, luego de varías leguleyadas, logró que la autoridad administrativa de educación regional, mediante Resolución Directoral Regional 574-2005 le dijera que podía seguir ejerciendo como profesor en la indicada institución educativa, que ese “besito” no era suficiente para un proceso administrativo disciplinario, mientras el Gobierno Regional a través de la Resolución Gerencial Regional 053-2007, pretende sea reincorporado en su “plaza de origen”. De su lado, la institución educativa parroquial “Niño Jesús de Praga” de Castilla, ante el temor de la repetición de los hechos se niega a recibirlo; la niña y sus amiguitas siguen estudiando en el mismo colegio y desconoce que su agresor está tocando las puertas de su Alma Mater. Los padres padecen la incertidumbre de no saber si las autoridades educativas regionales están en aptitud de garantizar la indemnidad de las alumnas más pequeñas. El Tercer Juzgado Penal de Piura, desde el año pasado, tiene pendiente la lectura de sentencia, dado que el susodicho tiene la condición de reo ausente y está fugado de la justicia.
Sin embargo, se pasea por las oficinas administrativas regionales de educación y la Policía Nacional del Perú no puede capturarlo. El martes 22 de mayo pasado, hizo pública aparición cuando un diario regional, bajo el titulo “Pareja masacra a profesora” se anunciaba que el protagonista había golpeado a su esposa y que, gracias a la intervención de los vecinos, el diagnóstico se redujo a “herida contusa cortante en región frontal lado izquierdo”. La esposa tiene descanso médico y no asiste a su trabajo.
Nos preguntamos, ¿será posible que se realice la justicia que la madre le ofreció a su hija? o ¿es que la “Justicia” espera que la madre se la consiga por sí misma? Confiamos que el Gobierno Regional revise su propia resolución.