Y le presta su colaboración

Más allá de nuestras pasiones, confrontado el hecho de que Dn. Gabino Miranda ya no forma parte de la jerarquía eclesial (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmirme.html) pues no aparece en la página web de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), corresponde verificar las razones de su salida, más si de por medio hay delitos graves. A este tiempo no hay una explicación oficial pero se espera la vuelta del Presidente de la CEP, Dn. Salvador Piñeiro para los esclarecimientos.

Ha trascendido en los medios que la justificación a su “renuncia” se debe a denuncias de abuso sexual a menores. Otros afirman que, por lo mismo, ha sido “intimado a renunciar”. La Iglesia podría argumentar que no tiene obligación de dar detalles de sus asuntos internos y podría permanecer en silencio, pero el escándalo sería mayor. Hubiera preferido que Dn. Diego García Sayán no hubiera echado luz sobre el tema.

Hace algún tiempo el difunto German Doig K., ilustre miembro del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) fue propuesto para ingresar al santoral católico y su nombre fue enviado Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano: hacia junio de 2008 apareció la primera denuncia  y a finales del 2010 eran tres y suficientes. Un muy escueto comunicado del SVC indicaba: “no podemos considerar a Germán Doig como una persona ejemplar”. Cualquier acción dedicada a la publicidad de su beatitud fue borrada. Los fieles cristianos ni se dieron por enterados del hecho; pero ¿qué tienen en común una cosa con la otra? En primer término la homosexualidad, en segundo lugar, las presuntas prácticas con menores de edad. En el segundo caso, se niega explícitamente que se trate de “niños”, pero no se descartó que las víctimas sean adolescentes postulantes a la vida consagrada.

Como dice un adagio popular: “Dios perdona el pecado pero no el escándalo” y, los hechos son desvergonzados: por un lado un obispo –a quien se le ha encomendado el cuidado de los fieles- aparece como un lobo rapaz y, en el otro, el Vicario General del Sodalicio de Vida Cristiana se aprovechó de dicha condición para el mismo efecto. En este caso, la muerte del indicado impide la investigación penal del hecho; empero, no exime de las responsabilidades civiles que se puedan derivar, pues si hubieran otras víctimas queda expedita –en tanto no hubiera prescrito- la acción civil para requerir las indemnizaciones a la organización religiosa de que se valió el indicado para cometer sus graves fechorías.

El Ministerio Público –ante la pública denuncia de los hechos- ha iniciado investigación para verificar si la noticia periodística es cierta. Y empieza la gran batalla. ¿Será la Iglesia contraparte en la investigación permitiéndose ocultar la propia investigación realizada? ¿No sería acaso mejor que ofrezca sus propios archivos e investigaciones para contribuir a la contribuir a la transparencia con la que se ha gobernar la Iglesia?  No es lo mismo renunciar que obligar a renunciar. En el segundo caso, la Iglesia ya tiene claridad sobre los hechos con la suficiencia probatoria para asegurar una sanción; pues como ordena lasNormae de gravioribus delictis, (http://www.vatican.va/resources/resources_norme_sp.html) le corresponde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con asiento en El Vaticano, investigar en el orden eclesiástico, los delitos contra la moral sexual “cometido por un clérigo con un menor de 18 años”; posibilitándose según la gravedad “la dimisión o la deposición” en el cargo.   

Si los hechos son así, la pregunta siguiente es ¿Por qué la Iglesia no ha efectuado denuncia penal contra el acusado si los hechos califican como delito en el orden estatal? ¿Pretende ocultarlos y asegurar su participación como tercero civil en el probable proceso penal? El Artículo 50 de la Constitución Política señala el reconocimiento estatal de la autonomía e independencia de la Iglesia Católica, pero las relaciones Estado-Iglesia son paritarias y se fundan en la colaboración; de modo tal que, así como ésta recibe beneficios y excepciones tributarias; dada la gravedad de la denuncia, le corresponde retribuir dichas gracias estatales, ofreciendo la documentación que obre en la Congregación para la Doctrina de la Fe a efectos de dilucidar, esclarecer y sancionar los hechos denunciados. El Estado Peruano bien podría solicitar información al representante del Vaticano en nuestro suelo.

Iglesia y minorías

Don Luis Cipriani ha indicado, según un diario de tiraje nacional, que el pueblo no ha de estar de acuerdo con que se institucionalice la unión de homosexuales “porque no representa a una mayoría”. Si de estadísticas se trata, conforme al censo de año 2007 verificadas las variables conviviente-casado/a, se tiene que la primera representa el 24,6% y la segunda el 28,6%. (Los porcentajes restantes se reparte entre solteros 39% y el 7.8% restantes corresponde a viudos, separados y divorciados) de un total de casi veintiún millones de personas que tienen 12 o más años de edad. Si sólo comparamos las cantidades de casados y de convivientes, podremos advertir que, las personas en calidad de convivientes representan el 46,2% y los casados el 53.7%. De ello resulta que los convivientes son minoría, (aunque relativa). Desde la premisa de que los convivientes no son mayoría ¿conviene que se desconozca que éstos tienen derechos de similar factura que los casados fundados en la convivencia, el tiempo de ésta y los frutos de la misma? ¿Está demás que el art. 4 de la Constitución Política cuando expone que la unión de hecho da lugar a una comunidad de bienes equiparable a una sociedad de gananciales? Aunque no es de mi interés hacerlo aquí, el asunto debe debatirse más allá de los números y los porcentajes: ¿Es el matrimonio una institución natural? ¿Se requiere de un varón y una mujer sólo para atender al matrimonio o es que ésta le es también consubstancial a la definición de familia? ¿Sólo puede llamarse “familia” aquellas personas unidas por la consanguineidad? Y es que la discusión queda abierta con el sólo hecho de reconocer que existen minorías que lo ponen en tela de juicio. Las parejas homosexuales siempre han existido. Antes, escondidas debajo de sus sábanas, pero la democracia ha permitido que puedan exponer su amor en parques y jardines y que en febrero haya un varón entregándole un ramo de rosas a otro con el que le expresa su amor de pareja. A algunos les repugna, como parece al declarante; pero en democracia, las minorías existen y se les escucha. En la Iglesia, el dogma impide que sean escuchadas: en sus casos, su libertad se limita a elegir entre “vivir en pecado” o abstenerse de contacto sexual. El asunto es ¿Por qué imponer los preceptos católicos a quienes les pudiera ser indiferente sus enseñanzas? La Iglesia debe reconocer que aún cuando el 81% de los peruanos se declara católico; el 19% restante y un buen número de sus propios fieles no aceptan sus instrucciones a rajatabla y, ese solo hecho amerita que el Congreso deba atender sus demandas… cuando menos oírlas. Si efectivamente creemos que somos un Estado laico, entonces les corresponde a los líderes religiosos respetar tal condición. En todo caso, si la pretensión de los obispos es reconducir las prácticas sexuales de sus fieles, deberán hacerlo desde los espacios propios de su religión: su propio púlpito. Si no pueden convencer a sus fieles con sus propias instituciones, incluidas las de coerción (amenazas de penas como la excomunión por ejemplo) no es legítimo que se pretenda usar las instituciones cívicas para imponer las creencias religiosas. La Iglesia misma ha reconocido que la vida en democracia sólo es posible con “la activa, responsable y generosa participación de todos”, lo que incluye a las minorías y, si bien sostiene que determinadas verdades se fundan en exigencias éticas que pertenecen a “la ley moral natural”, entonces deberá confiar en que los congresistas que ha proclamado su pertenencia bautismal expedirán sus votos atendiendo a sus conciencias personales, la fe que profesa y a la ley moral natural enunciada, sin desatender la diversidad de opciones electivas. Según el Catecismo de la Iglesia Católica quienes tienen “una opción distinta” originada en el instinto natural tienen derecho a “ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza”, pero el hecho de expresarse a través de un medio de comunicación diciendo: “El que tiene alguna otra opción, es su problema y que lo haga por su cuenta”, es expresión de intolerancia cívica pero también de carencia de afecto cristiano. Publicado en diario El Tiempo, en 19 septiembre de 2013.

Por el XIII Aniversario!

Hoy es un día especial. Debemos estar felices… y aunque lo estamos, ésta no es completa. El Módulo Básico de Justicia de Chulucanas comprende a una comunidad laboral que se integra por funcionarios y servidores públicos, ligados a la rama jurisdiccional del Estado. Vivimos en estas cuatro paredes, ocho horas diarias y a veces hasta algunas más, como ahora, por ejemplo, que muchos deben recuperar horas perdidas o, en otras oportunidades, ofrecer tiempo adicional para que la carga de exceso se aligere. Esa convivencia motiva conflictos. Y ahora mismo estamos enfrascados en uno. La comunicación ha sido muy poca pero el chismorreo ha tenido mejores alas. Nos ha sobrepasado al punto que nos ha puesto a unos contra los otros y ha motivado que los dimes y diretes sean la laguna en la que nos inundamos y eso repercute en nuestra voluntad de servir, en nuestra proyección familiar y hasta en la forma de mirar a los otros; al punto que hasta creemos que se carcajean de nosotros cuando se ríen. Qué difícil es trabajar así. Estoy seguro que no es la primera vez en la que nos encontramos en nudos laborales. Se han dado casos, aquí en este mismo espacio, donde se superaron los impases; es muy probable que fueran de menor envergadura; pero finalmente la solución fue alcanzada. Por eso es que las celebraciones no deben sólo quedarse en la evanescencia de un brindis, en el compartir un almuerzo rodeándonos de los que nos son afines. Es la oportunidad de hacer un alto para verificar nuestras contribuciones diarias y ver de qué modo hemos favorecido a esta crisis en nuestro colectivo laboral. Es verdad que en medio de cuarenta gentes entre las que trabajamos es imposible que todos seamos amigos de todos. Sería una utopía. No obstante, ofrezco el firme propósito de intentar relaciones cordiales con todos, por lo que hago firme el compromiso de evitar caras adustas y ofreceré un saludo o un agradecimiento afable. Si esto es así, creo que la sinceridad fluirá como el Ñacara por su cauce y, habrá menos temor de expresar las cosas, de decirlas de frente, de encarar los problemas y de darles una mancomunada solución. Es posible que, en medio de nuestros conflictos y nuestras ausencias de comunicación no sepamos cual es la causa de la misma. Si tan sólo tuviéramos la voluntad de preguntar ¿por qué estás molesto/a conmigo? Ya la pregunta es un buen comienzo. Decía antes que la sinceridad debe fluir. Si. Es necesario. Pero es necesario ofrecer un cauce, un espacio por donde fluir. Nuestra sonrisa para con los otros –pero una sonrisa veraz- posibilitará que podamos expresarnos sin fingimientos, sin hipocresías. La sinceridad posibilitará –a su vez- la comunicación. Esa que nos permite sentarnos en una misma mesa y decir las cosas para que sean aclaradas para que los puntos sobre las íes estén debidamente definidos, para evitar los malos entendidos, para deshacernos de los dimes y diretes. Dicen que, para hacer negocios es necesario sentarse a la mesa y plantear las posiciones antes de pedir las bebidas. Al mediodía almorzaremos, hagamos el esfuerzo de que a ese tiempo, si ya tenemos o creemos tener problemas con uno o varios de nuestros compañeros de trabajo, cuando menos hayamos hecho el esfuerzo de buscarle una salida a ese problema. El inicio es difícil… nos costará dar nuestro brazo a torcer, pero la pregunta es simple ¿Por qué te has molestado conmigo? Hagamos las paces, nos sentiremos mejor. Posibilitaremos que queramos compartir la bebida y beber de la misma botella de agua. Ojalá nuestros colectivos malestares encuentren en esta fecha un circunstancia propicia para desvanecerse mediante el dialogo alturado. Recordemos que son ocho horas de convivencia, que deben recargarnos constantemente de optimismo, que deben posibilitar la sonrisa y el buen trato a los usuarios. Sí a los usuarios. Ellos son razón fundamental de nuestra labor: trabajamos con personas para servir a otras personas. El Módulo Básico de Justicia se creó hace trece años y su establecimiento suponía “una reingeniería de los procesos existentes, una reorganización administrativa y una reorganización de funciones para hacer los Juzgados más efectivos y eficientes. En particular, se separan las funciones administrativas de las judiciales, permitiendo al Juez dedicarse completamente a las funciones jurisdiccionales” según se establece en el proyecto "Mejoramiento de Acceso a la Justicia", enmarcado con el Convenio de Préstamo Nº 1061/OC-PE, suscrito el 12 de Diciembre de 1997 entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en un mismo espacio geográfico se podía encontrar no sólo juzgados sino también oficinas del Ministerio Público, del Ministerio de Justicias –Defensorías de Oficio- y establecimiento de la Policía Nacional. Así empezó este módulo; sin embargo la población ha crecido, se ha requerido de más juzgados, de más personal jurisdiccional y ha motivado que estas instituciones se separen: ahora el Ministerio Público luce un imponente edificio, los abogados del Ministerio de Justicia se ubican a unos cuantas decenas de metros de distancia, pero también se ha instaurado un nuevo modelo procesal y el servicio de internet y la telefonía celular posibilitan que esas distancias desaparezcan. Aún después de esa separación, las personas que requieren justicia siguen llegando… cada vez más. De ordinario son personas que nunca tuvieron un proceso antes y que, para disminuir costos se ofrecen como los secretarios de sus propios abogados para llevar y traer documentación, en muchas ocasiones sin comprender suficientemente lo que presentan y esperando siempre que la resolución que les notifican sea aquella que les haga justicia. A esas personas que, desencantadas de ir y volver, una y otra vez desde estas oficinas a las de sus representante legales, se cansan y se malhumoran. Nosotros debemos convertirnos en los funcionarios y servidores afables capaces de comprender sus ausencias jurídicas y asimilar sus desencantos. Debemos ofrecerles de la mejor forma una sonrisa y el trato cordial que disminuya sus malestares. Aún cuando nos encontremos muy inquietos porque se nos vencen los plazos, porque tenemos un abogado incisivo o insidioso, siempre nuestro mejor rostro y una sonrisa sincera para quienes son la causa de nuestro trabajo diario. No importa la hora, así el sol sea el más despiadado, pues el tiempo, como dice Mandela, debemos usarlo sabiamente “y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”. Estoy seguro que podemos hacerlo. Hagamos que nuestra felicidad sea real y completa. Buenos días.

Exorcismos estatales

El día que apareció el Estado –dicen- los hombres renunciaron al ejercicio de parte de sus derechos y al ejercicio de esa porción con el ánimo de que aquel pueda organizar mejor la vida en sociedad. Si como dice Aristóteles, somos sociales por naturaleza, entonces el Estado nace de la necesidad de vivir bien, propia de la condición humana. En tal mérito, el Estado interviene la libertad de los individuos con la intención de salvaguardar el bien común. Diría, Tomás de Aquino que, la vida social está ordenada al bien común, que a su vez tiene como finalidad la felicidad de sus miembros.

Si esto es así, la popularidad de quienes dirigen los estados, dígase: los gobernantes, debería medirse en función de cuanta felicidad proporcionan sus decisiones a sus ciudadanos y, esta a su vez deberá calificarse en mérito de la justicia de sus actos de gobierno. Los filósofos dirán, que estos se calificarán como adecuados si son “conformes a la razón”; los constitucionalistas, preferirán decir que la medida optima se deriva de comparar dichos actos con la Constitución –la norma estatutaria nacional- y verificar si existe proporcionalidad entre la finalidad de la decisión concreta y la intencionalidad normativa constitucional. Cualquiera sea el modelo de evaluación, la tarea siempre es difícil.

En estos días se debate acerca de sí la denominada “ley de comida chatarra” es conveniente y, hay tantos argumentos a favor como argumentos en su contra. Quienes la defienden indica, entre otras cosas, es que compete al Estado para regular las condiciones de alimentación saludable de sus futuros ciudadanos –por ser de menores de edad - más si, la mala alimentación que supone la comida chatarra asegura en el futuro una población obesa, hipertensa y diabética. Esto, además de poner en riesgo la calidad de la fuerza laboral asegura el debilitamiento del sistema de salud, porque las atenciones del servicio, de seguro aumentaran poniendo en riesgo la capacidad de hospitales y centro de salud estatales. Se añade otros argumentos de naturaleza emocional: que los hijos (infantes en especial) manipulan a los padres, que las transnacionales (de comidas chatarra) mangonean a los niños y que la publicidad es engañosa.

La pregunta es ¿corresponde al Estado suplir al papá y a la mamá manipulados por sus hijos? ¿Una ley suplirá la voluntad de los padres respecto de cómo alimentar a los hijos? Si hace 30 o 40 años una mamá antes de salir a la calle con sus hijos se preocupaba por llevar en su bolso manzanas suficientes para cada uno de sus hijos o un postre casero para paliar los hambres que suponían los paseos domingueros, hoy es común que los papás prefieran comprar algo en la calle. Los modelos de consumo se han modificado. Una ley no hará que una madre de estos días se comporte como lo hacían las de hace cuarenta años. Es evidente que no. Tampoco se puede negar que los caramelos, chocolates, galletas con rellenos, etc. en abundancia no son buenos para nadie –ni siquiera para los adultos- pero una ley no modificará las conductas alimenticias. ¿Podrá el director de la escuela “confiscar” la lonchera de su alumno porque sus papás le pusieron un juguito envasado de un cuarto de litro y una bolsita de cereales encaramelados? Es evidente que no. La ley no tiene esa intencionalidad, sin embargo falta muy poco para eso.

Si bien la persona humana es el fin último del Estado, éste -como dice Stuart Mill- solo puede e imponerse en la libertad de esa persona si aquella perjudica a terceros. El propio bien, físico o moral del propio intervenido no es justificación suficiente para el intervencionismo estatal. El paternalismo jurídico, por tanto, queda proscrito pues materializa una interferencia en la libertad de acción injustificada aún cuando se “fundamente” en razones ligadas al bienestar, al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores de la persona coaccionada. Esperemos que ésta normativa quede proscripta pero también anhelamos que quienes somos papás de menores de edad seamos más responsables de lo que les ofrecemos como alimento. Ese es un deber propio de los padres. No del Estado.

Publicado en diario El Tiempo, en 22 de mayo de 2013.

“Quousque tándem… Turismo CIVA”

"Hasta cuando abusaras, Catilina, de nuestra paciencia”, decía Cicerón en su muy famosa primera Catilinaria. Lo mismo podríamos decirle a Turismo CIVA por los muy constantes abusos cometidos contra sus pasajeros. Entre la semana pasada y la que corre hemos enviado tres cartas, de fechas 08, 10, y 14 de mayo, con las que denunciamos abusos de sus conductores: específicamente, el llenado de combustible cuando el bus está lleno de pasajeros y el abordaje de pasajeros de contrabando que incomodan a los que están sentados y los ponen en riesgo en caso de accidente.

La empresa no ha contestado ninguna de las cartas. Es decir les ha importado poco. Muy por el contrario sus conductores, ayudantes y cobradores se han puesto a la expectativa para lanzar supuestos “puyazos” en contra del autor de las misivas. Lo cierto es que la pretensión no es incomodar al conductor –que completa su jornal diario sacándole la vuelta a quien le presta empleo- menos aún evitarle al llenador –que probablemente no está en planilla- se gane su sencillo cobrando por equipajes menores a los veinte kilos o a aquel que se quedó dormido prefiera la incomodidad de viajar de pie antes que llegar tarde al trabajo. La intención de las cartas es asegurar que los pasajeros que pagamos un pasaje, podamos –en medio de algunos asientos destartalados- tener un viaje tranquilo y, que sin sobrepasar los límites de velocidad permitidos, podamos llegar a nuestro destino lo más pronto posible.

No sé cuanto pueda pagarle la empresa a sus conductores, pero el hecho de que estén dispuestos a trasgredir la ley para sumar “alguito” a sus remuneraciones nos habla mal del empleador. Nuestros malos pensamientos se agravan si luego de tres cartas, el área de control de daños aún no se ha activado para hacer frente a la contingencia; o en todo caso, la ha enfrentado tibiamente, al punto que los pasajeros piratas siguen siendo las cerezas que adornan los pasillos del bus, incomodando a los que van sentados, sea porque se apoyan en los asientos dejando muy próximos sus “cuatro letras” a la cara de pasajero diligente, sea porque, con sus movimientos –en busca de comodidad- imposibilitan la lectura o el sueño de aquel otro que llegó temprano. Quizá si los conductores y tripulantes, al igual que este pasajero reclamón, plantearan su pliego de reclamos sobre las carencias que la empresa tiene para con ellos (por ejemplo, dotación de uniformes, mejores remuneraciones, inclusión en planillas, pago de utilidades, etc.) y ésta se sumara a las deficiencias del servicio ya denunciadas, entonces, de seguro, todos saldríamos ganando. Incluida la empresa que ya no tendrá pasajeros obligados por la necesidad, sino clientes asegurados por la fidelidad dado el buen servicio prestado. Lamentablemente, no parecer ser ésta la intención de la empresa cuestionada.

En las cartas ya señaladas denunciamos irregularidades de cuatro buses, tres de ellos identificados con las placas B3P-967, B4J-959 y B6R-963, y en cada caso con las respectivas fotografías que ilustraban el asunto, pero parece que les importa poco. No obstante y, aun cuando SUTRAN e INDECOPI no han intervenido pese a algún artículo en el que se les recuerda su obligación, creemos que aún quedan otras instituciones que pueden intervenir: la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, bien podría imponer sanciones administrativas por faltas contra el reglamento de tránsito, mientras que a los pasajeros –a buen número de ellos- les corresponde levantarse del letargo y cuestionar el maltrato recibido.

Y sobre el tema una anécdota. Se ha creado desde mi cuenta de facebook un grupo denominado “la ruta Piura Chulucanas” (de acceso libre) y en mérito de las fotografías publicadas una usuaria cuestionaba si no tenía nada que hacer y me preguntaba en que me afectaba un pasajero de pie. El asunto es que, más allá de que la ley lo prohíbe, tengo derecho a que los riesgos que supone el transporte rodado sean los menos posibles; así, en caso de accidente (choque con otro vehículo o con alguna vaca) lo que menos pretendo es morir aplastado por un sujeto que ni siquiera tiene boleto y menos aún –por su calidad de “pirata” no está comprendido en el seguro de accidentes, que espero la empresa tenga contratado para cada uno de sus buses. Seguiremos en nuestra cruzada.



Maltrato al pasajero

Hace algunos días escribí acerca del maltrato que ofrecen las empresas de transporte interprovincial a los usuarios de la ruta Piura – Chulucanas. Las cosas no han cambiado salvo por el hecho de que en algunos buses han lavado las cabeceras de los asientos, en otros les han puesto fundas, pero en la mayoría aún se confunde la negrura de la suciedad con el marrón del tapiz que un día fue. Más de uno me comentó la gracia que les causó la crónica señalada… lamentablemente, para el pasajero no parece gracioso soportar treinta o cuarenta minutos dentro de un bus que oscila entre los 35 y 38 grados, en los que es imposible no sudar y donde los abanicos solo te ofrecen aire caliente. El problema se solucionaría, en parte, si los boletos se vendieran numerados para evitar que el pasajero suba para guardar su propio asiento.

La ley 29380, crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, y en ella se dispone que su función es supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas y, se le especifica como función “defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio”. Ojala pudieran dar una vueltita por el terminal de Castilla para que puedan advertir que las administraciones de las empresas CIVA, Turismo 2000, Emaus y Turismo Express se han organizado de tal modo que turnan la venta de pasajes con la única intención de alterar las reglas del libre mercado y vender los pasajes en un precio concertado por ellos mismos y–por lo mismo- fuera del juego de la oferta y la demanda. En este caso no tienen que preguntar nada, sólo verificar que, mientras un bus se llena –cualquiera fuera la empresa- las otras administraciones dejan de vender. Esto de forma sucesiva durante todo el día. Estoy seguro que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, INDECOPI Piura también podría actuar en mérito del art. 28.1 del D.Leg 1044.

Si los inspectores de transporte terrestre llegaran a eso de las 6.00 y 6.30 de la mañana podrán advertir que los conductores tiene su “negociado” aparte: apenas salen del terminal castellano, en la misma acera de éste recogen a una o dos personas que se instalan en la cabina del conductor o que se trasladan de pie entre los asientos de los pasajeros. En algunos casos mujeres embarazadas o personas de avanzada edad, que obligan a cederles el asiento con la incomodidad que supone para quien efectivamente ha pagado su pasaje. Evidentemente, si los inspectores llegan con sus chalequitos en los que en letras fosforescentes dice “Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, Dirección Regional de Piura”, definitivamente no encontrarán nada y, a lo mucho entre los asientos estarán los vendedores de periódicos o la vendedora de sanguches, la cieguita que pide limosnas o aquella que nos chantajea con el rollo de hacerse prostituta si no le compramos caramelos.

Si SUTRAN peticionara al conductor la lista de pasajeros podrá advertir que ésta no existe y si le pide al pasajero su “boleto de viaje” se dará cuenta que es un documento ciego, que solo indica el valor del servicio y la fecha de realización. Los casilleros de “pasajero” “razón social” “asiento”, “hora de salida” están vacíos y tienen valor como documento “al portador”, al punto que hasta un niño de ocho años podría aventurarse a viajar sin ningún obstáculo y, si quieren hacer el viaje no les vendría mal porque advertirán que algunos buses son algo añejos, no sólo por la apariencia sino porque sus motores nos hacen recordar las locomotoras de lejano oeste… por lo de ruidosos. Es el Código de los Niños y Adolescentes, art. 111 el que indica que el viaje de menores requiere de consentimiento de los padres, cuando menos de uno de ellos y, si viaja sólo o acompañado de persona distinta de aquellos, ha de presentar la correspondiente certificación notarial.

A estos días la alfombra verde que nos regaló la lluvia ha desaparecido. Los malestares que nos ofrecen las empresas de transporte, lamentablemente no. Quizá si los usuarios nos organizáramos, mejores posibilidades tendríamos. Las redes sociales podrían ayudarnos mucho.

Nota:
1.- El artìculo ha sido publicado en diario El Tiempo en 1 de mayo de 2013.
2.- Si quiere comentar o verificar fotograficamente parte de las denuncias, puede ver: http://www.facebook.com/home.php#!/notes/laurence-chunga/maltrato-al-pasajero/10201106788458031

El viaje a Chulucanas

En estos días el viaje a Chulucanas es una delicia para quienes gustan de la naturaleza. La alfombra verde que nos han regalado las últimas lluvias asegura un espectáculo agradable para la vista. Sin embargo, tales cualidades no pueden predicarse del servicio de transporte, en que las reglas del libre mercado han sido secuestradas por las tres o cuatro empresas que prestan el servicio.

No se puede negar que en las últimas semanas se han introducido omnibuses nuevos, pero en general, éstos son viejos y la suciedad de los mismos se aprecia en los dañados sistemas de reclinación de los asientos y las cabeceras achocolatadas por el acumulado sudor de los viandantes. Ninguna de las empresas tiene un terminal en Chulucanas. Sus oficinas administrativas son muy pequeñas y los pasajeros prefieren esperar en el mismo bus. Y aquí continúa el desorden.

La administración empresarial aprovecha esa “buena intención” y se evita el llenado de las listas de pasajeros: los pasajes se entregan sin cumplir con el llenado de los datos del viajero, sin verificar que los menores de edad viandantes son conducidos efectivamente por sus padres y si tienen o no DNI. No se diga nada de las listas de control de pasajeros. Los boletos se venden como caramelos… El pasajero se encuentra con el boletero en la misma puerta del bus y sube para buscar el mejor asiento y con ello se enciende el brasero: el calor es insoportable y si es el mediodía, muy probablemente no necesitarías de sauna alguno para quemar algo de grasa, aunque merezca la incomodidad del de al lado, quien deberá soportar el malestar de tener a su costado a una persona sudorosa y hasta mal olorosa. El padecimiento es de hasta 30 minutos, pues las salidas responden al hecho de que se hayan vendido todos los asientos e inclusive aquellos que se han acondicionado al final del bus con filtros de aire y espumas desgastadas.

Los usuarios nos hemos acostumbrado a esta informalidad. Estoy seguro que si mañana alguna de las empresas empieza al llenado de las listas de pasajeros, éstos se han de incomodar de ofrecer información que ha de repetirse cada vez (pues muchos de los pasajeros son servidores y funcionarios públicos que viajan todos los días), pero el asunto se resuelve con una computadora, una impresora y un buen programa de registros. Elevación de costos y sería la justificación para subir los pasajes. Dueños de buses frótense las manos… En realidad, el valor del pasaje es uno de los más altos.

Si comparamos distancias, por ejemplo, Piura Tumbes tenemos que en ésta se contiene cinco veces la que se recorre de Piura a Chulucanas, pues en el primer caso hay 290 km. aproximadamente y en el segundo sólo 60; pero la diferencia de precios de pasajes –en servicios de transporte similares- es grave pues el valor del servicio es 33.33% más caro. En soles, el sobreprecio es de un sol (que deberá multiplicarse por 2 viajes al día y luego por 20, que es el número de días laborables al mes). El tema es el modo como se materializan las reglas del libre mercado en uno y en otro caso.

Para la ruta de Piura-Chulucanas los empresarios han concertado los precios y no hay una real competencia pues existe el acuerdo de que los buses salen escalonadamente, uno tras otro pero con la consigna de que han de favorecerse a una empresa por cada vez, con lo que efectivamente no hay competencia sino un conveniente reparto de horarios de salidas, que imposibilita la competición empresarial. ¿Qué pasaría si dos o tres buses de empresas distintas llenan a la vez? Saldrá primero el que llene más pronto y para eso probablemente deberá mejorar el servicio: aire acondicionado para los que esperan en el propio bus, disminución de precios para hacerse más atractivos, atención amable al usuario, etc.

Mientras tanto las instituciones encargadas de velar por la libre competencia y de asegurar que las empresas de transporte cumplan con las condiciones básicas de servicio de pasajeros tiene una tarea pendiente. Nosotros insistiremos en el tema.

Publicado en diario El Tiempo 03 de abril de 2013.

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