sábado, 22 de septiembre de 2007

La Devoción Mercedaria en Piura

Laurence Chunga Hidalgo
Aprendiz de historiador
Fray Luis de Vera escribió en 1637 su “Memorial de la fundación y progreso de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de la Provincia de Lima” en el que relata la llegada y primeros años en el Perú de la “Celestial, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced”, nombre con que, en 1218 se funda la orden mercedaria a solicitud de santo español Pedro Nolasco. El Papa Gregorio Nono otorgó la bula de creación de la dicha orden religiosa, reconociendo como obligaciones propias, además de las comunes a las órdenes religiosas, el deber de “dedicar su vida a liberar esclavos”. La tradición recoge que en agosto de 1218, la Virgen María se les apareció a Pedro Nolasco y a Jaime I de Aragón, por separado, para comunicarles su deseo de fundar una orden dedicada a redimir a los prisioneros cristianos que padecían esclavitud a manos de los musulmanes. En consecuencia, sus primeras tareas eran las de atender a aquellos que escapaban o que eran abandonados por la precariedad de su salud, a la par que motivaban a la feligresía a participar con donativos y dinero, necesarios para el pago de los correspondientes rescates que permitieran la liberación de más cautivos.

La entronización de la Orden en el virreinato peruano data de los primeros años de la conquista tal como aparece en el documento suscrito por Fray Luis de Vera. Afirma que sus hermanos llegaron al Perú en los primeros años de la conquista; al punto que hacía 1535, Fray Miguel de Orenes erige una pequeña ermita mercedaria en la que se veneraba a la primera imagen de la Virgen de la Merced y, que hacia los primeros años del siglo siguiente, durante el gobierno del Virrey Marqués de Montesclaros (1608-1615), ya había sido sustituida por un templo de hermosa factura.

Según Pavel Elías L. en el libro Historia de Piura (2004), la entronización de la devoción mariana bajo la advocación de “Nuestra Señora de la Merced” en nuestros predios regionales data de la segunda mitad del XVI, al punto que hacia 1597, año en que el puerto de San Francisco de la Buena Esperanza, hoy Paita, fue atacada por Sir T. Cavendish la imagen bendita se libró del incendio gracias a la decidida acción de un anónimo devoto, quien exponiendo su vida, ingresó en la iglesia en llamas y la condujo a un lugar seguro, en su vivienda, donde la mantuvo hasta que se construyó un nuevo templo digno de la Madre del Redentor.
En el siglo XVIII, la devoción se había extendido por todo el corregimiento –y más tarde, partido- de Piura. A este tiempo, la orden mercedaria regentaba dos conventos por estos lares, uno en Piura y el otro en Paita. Las vocaciones no eran numerosas, pero la religiosidad popular exigía la presencia de la congregación religiosa. Mario Cicala, S.J. en su Descripción Histórico-Topográfica de la Provincia de Quito de la Compañía de Jesús (1771), señala que la comunidad mercedaria asentada en la ciudad de Piura se hallaba conformada de tres o cuatro religiosos, y se ubicaba al sur de ciudad, lamentablemente se hallaba en ruinas tanto el convento como la iglesia misma, por cuanto los vientos habían cubierto de arena el ala sur del mismo, hallándose tapado de la misma hasta unos pocos centímetros por debajo de los ventanales. Según el plano de la ciudad levantado por Mons. Baltasar Jaime Martínez Compañón (1783), este convento, junto con la Iglesia de Indios de San Sebastián, era la construcción limítrofe de la ciudad por el lado sur, mientras que al este tenía como frontera el lecho del río. El actual Palacio Arzobispal y la Iglesia de la Merced que le acompaña se ubican en parte de lo que fue aquel convento mercedario.
Mejor suerte corría el convento mercedario de Paita, en el que a pesar de la pobreza de las rentas, mantenía una “iglesita muy hermosa” como describe Cicala, “de una sola nave, construida toda en cal y piedra y con una buena fachada de piedra labrada”, que a su vez se convertía en “faro” de los navegantes, que lograban reconocerla a gran distancia por su sobresaliente altura frente a las casas de la ciudad. El saludo a María Santísima de las Mercedes consistía, para los navegantes, en cinco o seis estruendosos cañonazos, mientras que los parroquianos elevaban su voz cantando La Salve y las letanías lauretanas.
En la tradición se recoge el portentoso milagro ocurrido el 24 de noviembre de 1741, en que el Almirante Anson asaltó la ciudad, saqueó el templo en que se veneraba la imagen e intentó robarla. Cicala señala que la golpeó fuertemente con su sable intentando su decapitación y, sin lograr su cometido, dejó una leve huella que parecía una cicatriz y de la que el escritor deja constancia de ser testigo. Muy en cambio, el sable del facineroso, en cuanto fue tirada al suelo, se hizo añicos como si fuera “un frágil vidrio”. Francisco Helguero Seminario en su “De la Patria Vieja. Antología de Cuentos y Leyendas Piuranas” (1974), recogiendo la tradición oral señala que, luego del intento de decapitación y no contento con su maldad, ordenó sea trasladada a uno de sus buques. El mar embraveció gravemente, por lo que los tripulantes sobrecogidos de pánico, arrojaron la sacra efigie al mar; calmándose al instante el furor de las aguas.Al día siguiente, fue hallada en las orillas del mar, a cientos de metros de la ciudad. La multitud se congregó y, en medio de plegarias, cantos y alabanzas la condujeron en solemne procesión hacía lo que aún quedaba de su templo.Hacia el último tercio de la centuria dieciochesca, el convento mercedario de Paita contaba con dos –a veces, tres- religiosos, la imagen se hallaba expuesta al público en una bella hornacina, decorada con finísimos espejos y, los religiosos eran los celosos guardianes de los preciosos vestidos y alhajas que los dueños de naves, tripulantes y navegantes le dejaban en agradecimiento por la protección alcanzada en alta mar. Cada tarde, mientras tanto, los paiteños se congregaban en su iglesia para recitar a dos coros el Santísimo Rosario y cantar las letanías. No podemos precisar, todavía, cuando los mencionados conventos mercedarios fueron abandonados; sin embargo, la religiosidad popular no olvidó a la Madre del Cielo, y en nuestros días, al tiempo en que se inicia la primavera, sus hijos se congregan, en su moderna basílica de Paita, desde distintas partes de la tierra, para agradecer filialmente la gentileza de su maternidad, bajo la esperanzadora nominación de Virgen de la Merced.

Publicado en SEMANA, semanario de diario El Tiempo, Piura, 23 de septiembre de 2007.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

Legitimidad ¿Qué hacer frente a ella?

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Frente la inminencia de la realización de la Consulta Vecinal del próximo domingo 16 de septiembre en los distritos serranos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, el Estado Peruano ha respondido como sabe hacerlo: a tontas y a locas. Por lo pronto, algunos organismos estatales -aquellos que se irrogan para sí de forma excluyente la condición de “canales de la voluntad popular”- han condenado de ilegal a la dichosa consulta. No obstante la Defensoría del Pueblo, en clara coincidencia con los derechos contenidos en la Constitución ha señalado que “es el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de reunión, manifestación, participación y libertad de expresión (…) los que sustentan la realización de esta consulta (vecinal)”. En el mismo sentido, y amparándose en normatividad internacional, se ha pronunciado el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el pasado 05 de septiembre.
De otro lado, el Primer Ministro Jorge Del Castillo se ha visto obligado a visitar nuestra región con la intención de persuadir a los alcaldes de las municipalidades organizadoras de la actividad popular a que no la realicen. Al parecer, no ha quedado muy contento con los resultados de su gestión y, si bien ha recalcado el efecto no vinculante de los resultados, aún le quedan cosas pendientes que resolver. Nos ponemos en sus zapatos: ¿la declaratoria de la ilegalidad es suficiente para desvirtuar la legitimidad de la consulta y de la participación ciudadana en dicha actividad? ¿Cómo podrá deshacer el efecto psico-social que pueda derivarse de la posible abrumadora participación ciudadana en la consulta vecinal? Y si los resultados les son largamente desfavorables a los intereses del Estado y de la empresa Majaz ¿Cómo podría desatender al clamor popular? De allí su muy clara intención de evitar que la consulta se realice.
En este sentido, aún quedan otros espacios que cubrir. Hace algunos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha hecho pública denuncia del traslado de destacamentos militares hacia la zona de Ayabaca, por lo que nos aborda una nueva preocupación: ¿Será que el Gobierno Central pretende una declaratoria de estado de emergencia en Ayabaca y Huancabamba? La Constitución Política concede tal posibilidad sólo en caso de perturbación del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de nación. La actuación colectiva ciudadana de emitir un voto a favor de una determinada actividad económica no parece ser mérito suficiente para definición de un estado de emergencia.
Por lo pronto, bajo la señal de la ilegalidad declarada por el JNE, el Procurador Adjunto de la citada entidad electoral ha solicitado al Ministerio Público de Ayabaca la incautación del material electoral. Nos preguntamos ¿Cuál es el delito cuando se ejercita libremente un derecho constitucional? O es que el Estado ¿pretende boicotear la realización de la consulta vecinal? Improbables soluciones estatales: 1. Declarar en estado de emergencia a los distritos organizadores, dando orden a los militares de “sitiar” las ciudades; 2. Detener a los organizadores de la misma y; en caso de resistencia, dar a las Fuerzas Policiales orden de disparar al amparo del D.Leg. 982, y, 3. Robar las ánforas y publicar los resultados tres días después.

Con ánimos esperanzadoramente democráticos, espero que no sea necesario se realice ninguna de las ideas expuestas; muy por el contrario estoy convencido que los resultados que produzca la consulta vecinal serán propicios para un nuevo pacto social, entre el Gobierno Central, las Municipalidades involucradas y la ciudadanía participante.

Publicado en diario El Tiempo, Piura, 14 de septiembre de 2007.

domingo, 2 de septiembre de 2007

El “Informe de la CVR” en la Jurisprudencia Supranacional

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El pasado 28 de agosto se evocó el cuarto aniversario de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al mandatario del Estado Peruano, Alejandro Toledo Manrique. Significó así mismo su publicación y puesta a disposición de la ciudadanía. Oficialmente y, “frente a las cámaras” se recibió con beneplácito. Buena parte de la ciudadanía, -en especial por aquella sufriente por más de dos décadas de violencia política- se sentía identificada con el dolor descrito en sus páginas; los apristas hicieron su berrinche pretendiendo negar la evidente responsabilidad política y ética de su líder, los fujimoristas pretendieron pasar por agua tibia, el líder de Renovación Nacional (hoy, Ministro de la Producción) decía –en tono sarcástico- que antes de ofrecer credibilidad al informe, aquellos que lo elaboraron debían probar la existencia de las víctimas mostrando los correspondientes documentos de identidad de los mismos. Han pasado cuatro años de aquellos días.
En contra de aquellos que pretendieron negar la trascendencia al indicado informe, la realidad política, jurídica y social del país, se ha encargado de poner en el cajón del olvido sus expresiones y actitudes. En los hechos el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se ha convertido en un documento que expone las directrices generales que inspiran las políticas públicas. Los tres poderes y otras instituciones del Estado han expuesto estrategias y ejecutado acciones en mérito del informe, sobre todo, atendiendo a las recomendaciones y conclusiones en él contenidas. Así por ejemplo, el Congreso dictó la ley 28592 cuyo objeto es la de regular el Plan Integral de Reparaciones señalado por el Informe de la CVR, el ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros ha expedido normas reglamentarias que permiten la ejecución de la ley congresal; en el sistema jurisdiccional, el Ministerio Público ha ordenado investigaciones prejurisdiccionales respecto de aquellos casos recopilados en el Informe de la CVR, mientras que la Defensoría del Pueblo se ha encargado de la elaboración de la lista de personas desaparecidas durante el conflicto interno 1980-2000. El Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por D.S 017-2005-JUS, establece como objetivo estratégico propio la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR.
Debemos precisar que, si bien el art. 3 del D.S No. 065-2001-PCM de 4 de julio de 2001, modificado por el D.S No. 101-2001-PCM que crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala expresamente, que la Comisión “no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituye en sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público”, no debemos olvidar que el objeto de su existencia se fundaba en la necesidad de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado”. Al amparo de dicha finalidad, y sin olvidar que los comisionados eran servidores públicos deberá tenerse presente que, la investigación realizada y recogida en el Informe responde a los principios de legalidad, imparcialidad, veracidad y conducta procedimental a que se sujetan las actuaciones de la administración pública.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido presentado como medio de prueba hasta en cinco casos revisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como Caso La Cantuta, Caso del Penal Miguel Castro Castro, Caso Baldeón García, Caso De la Cruz Flores y Caso Saúl Cantoral. Este último es en el que se hace una mejor elaboración de la trascendencia del documento. En cada uno de los procesos señalados, el Estado peruano ha pretendido desmerece su contenido y, sobre el respecto, le ha bastado a los magistrados de la CIDDHH exponer que el mencionado informe es un documento oficial público, presentado a las distintas instituciones estatales, las que han formulado políticas públicas al amparo de su contenido, en especial, respecto de los programas de reparaciones a las víctimas.
En este sentido, valga repetir la expresión: “esta Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha dado especial valor al informe de la CVR como prueba relevante en la determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional del Estado peruano en diversos casos”, pero –a nuestro entender- más importante que su admisión como tal, es notable el hecho de asumir como cierta la narración contenida en él. De facto, muy a pesar de las voces discordantes que pretenden negar los hechos de la historia reciente, la Corte Interamericana, ha dejado entrever que, el contenido del informe tiene mérito probatorio, no sólo porque pudiera corroborarse con otros medios de prueba (dígase testigos, otros informes parciales, etc.), sino porque –para cada caso- debería existir una decisión jurisdiccional que desvirtúe sus expresiones. Para el caso concreto de Saúl Cantoral, indica: “El Tribunal también advierte que desde la publicación de dicho Informe en 2003, en el marco de las investigaciones del Ministerio Público no existe una decisión judicial que desvirtúe la participación de agentes estatales en la ejecución de Saúl Cantoral Huamani y Consuelo García Santa Cruz ni que establezca una autoría distinta a la de agentes estatales”.
En nuestra jurisprudencia nacional, si bien el Tribunal Constitucional había reconocido el valor genérico del Informe de la CVR, tal como se expone en el expediente 00003-2005-PI/TC y la Sala Penal Permanente había utilizado su contenido para definir contiendas de competencia entre la justicia militar y la ordinaria, no existe ninguna sentencia que exponga con tanta claridad el valor probatorio del documento. La sentencia de la Corte Interamericana nos ofrece una nueva perspectiva frente al Informe de la CVR. Corresponde a nuestro sistema jurisdiccional atenderle y, a los ciudadanos hacerla valer.

Publicado en semanario "SEMANA" de diario El Tiempo, Piura, 02 de septiembre de 2007.

jueves, 30 de agosto de 2007

¿Decisiones presidenciales o indecisiones "preferenciales"?

Laurence Chunga Hidalgo.
Abogado.
Los diarios regionales piuranos de 28 de agosto de 2007 recogen las expresiones del presidente regional quien, pronunciándose respecto de la consulta popular que se realizará en las jurisdicciones de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, afirma que la consulta es ilegal y, en consecuencia, no reconocerá los resultados “por no estar normados en la ley electoral”.
La
Constitución Política del Perú señala que es derecho de la persona la libertad de expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social “sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos”. Reconoce el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Se expone que la ley ha de regular los derechos de elección, remoción y revocación de autoridades así como los de iniciativa legislativa y de referendo. No impone otros límites a la participación ciudadana. Señala de otro lado que, corresponde al sistema electoral el planeamiento, organización y ejecución de los procesos electorales o de referendo o de “otras consultas populares”.
Ciertamente, la Constitución no expone qué significa el término “otras consultas populares” por lo que la ley permite que algunas -entre otras- expresiones de esa voluntad popular se canalicen a través de distintas administraciones públicas. Estamos acostumbrados a la realización, por ejemplo, de audiencias públicas, cabildos, asambleas populares. Las entidades del Estado que organizan este tipo de expresiones del ánimo colectivo son las municipalidades, pero resaltan con mucho brío, aquellas preparadas por OSINERG, OSIPTEL y SUNASS en las que se expone ante la opinión ciudadana determinadas actividades ligadas al sector energía y minas para su aprobación o consentimiento ciudadano. Lo mismo ocurre con las leyes de la República, las que por a través de las distintas comisiones congresales o por iniciativa de un congresista, a fin de recabar el consentimiento civil, expone ante la colectividad el proyecto de ley para debatir y recoger impresiones en los lugares de mayor incidencia. Con ello, supuestamente, hacen cobertura de la licencia social requerida para su aprobación.
En pocas palabras, la voluntad popular tiene distintos cauces por donde conducirse y, los que le ofrece la Constitución y la ley no son ni exclusivos ni excluyentes. Si nos sujetamos al principio general de libertad, que se enuncia en “nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe”, tendríamos que decir que la consulta popular se efectúa dentro las permisiones constitucionales. En consecuencia, el hecho de que la ley no considere la consulta popular del 16 de septiembre, no signifique que esté prohibida o que sea “ilegal” como se pretende; por el contrario es una forma genuina y muy legítima de expresar la voluntad popular.
OTROSI DIGO: El Presidente Regional, César Trelles Lara, dice que la consulta es ilegal, pero concluye diciendo “la consulta es con todos los piuranos o hagámosla en la provincia de Piura”, lo que nos hace ver que, en la lógica presidencial, la dichosa consulta popular dejará de ser ilegal cuando su ámbito de intervención se amplíe a aquellos lugares, donde, según su proyección, estaría asegurado el voto a favor de la minería. ¿Juega Ud. a favor de los empresarios mineros o de la ciudadanía piurana? ¿La legalidad de la consulta popular depende de quien resulte favorecido? Decídase.

Publicado en diario "El Tiempo" de Piura, en 30 de agosto de 2007.

lunes, 20 de agosto de 2007

Modificaciones al Código de Ejecución Penal y aplicación de beneficios penitenciarios en casos de terrorismo (D.Leg 984 y D.Leg 985).

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
I. Introducción
A través de la ley 29009[1] el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso. Según aquella norma el primer objetivo de la delegación era “establecer una estrategia integral dirigida a combatir con mayor eficacia el crimen organizado en general…”
En mérito a esa autorización el Poder Ejecutivo ha promulgado once decretos legislativos. Entre éstos los decretos 984 y 985, que hacen modificaciones al Código de Ejecución Penal y a la ley antiterrorista.
Sin embargo, con mirada panorámica de la nueva normativa, podemos indicar:
- No da luces de la estrategia integral para combatir el crimen organizado, tal como reza la ley que autoriza las facultades legislativas.
- Expone las conocidas deficiencias de la política criminal del Estado: aumentar la gravedad de las penas sin que previamente se haya realizado un estudio que exponga las causas de criminalidad o que explique las razones por las que las normas modificadas no cumplieron su finalidad.
- Expone los ímpetus represivos de un Estado que no tiene respuestas a las expectativas ciudadanas. De un lado, pretende legitimar la violencia estatal mientras que de otro, criminaliza la protesta social.
- Exhibe graves contradicciones dado que si bien pretende introducción las novedades propias del sistema penal acusatorio en el proceso penal regulado por el Código Procesal de 1940, desde otra óptica mayores facultades a la policía respecto de los interrogatorios prejurisdiccionales; situación que se opone diametralmente a los principios que inspiran el sistema acusatorio.

II. Novedades en la clasificación de internos
Ya en la materia de nuestra intervención, respecto de la nueva clasificación que se realiza de los internos, debemos indica que el D.Leg. 984, añade un nuevo criterio de separación de internos: que el interno se encuentre o no vinculado a una organización criminal y, eso es una novedad, que por lo demás no ha generado, en si misma, mayores críticas. Sobre tal criterio, la norma modificatoria exige otras conductas, en la ejecución de las penas; específicamente al Instituto Nacional Penitenciario, como por ejemplo, al Órgano Técnico de Tratamiento, le exige tenga en cuenta tal condición en la evaluación del interno para que sea trasladado, excepcionalmente, desde el régimen cerrado ordinario hacia el régimen cerrado especial, es decir, sea sujeto de mayores condiciones de seguridad y disciplina.
No obstante, la norma señala que dicho traslado es excepcional, toda vez que “los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas de régimen cerrado ordinario”. Este se organiza, desde el pasado 22 de julio en tres etapas:
· Máxima seguridad
· Mediana seguridad, y
· Mínima seguridad
Bajo esta nueva organización, las dos primeras etapas requieren, de preferencia, áreas separadas; mientras que los de mínima seguridad, obligatoriamente deberán estar separados de los demás internos.
Para el caso de lo internos vinculados a una organización delictiva, aún en el régimen cerrado ordinario deberá ser ubicado en la etapa de máxima seguridad. En los próximos 180 días, a nivel nacional, deberá tenerse una nueva disposición de los internos conforme a la clasificación señalada.
En el régimen cerrado especial[2], como ha quedado anotado, las condiciones de seguridad y disciplina son mayores y suponen ciertas restricciones y exigencias, en 1. las visitas de familiares y amigos, 2. el acceso al patio, 3. la visita intima, 4. obligación de estudiar y/o trabajar 5. la reclusión en un establecimiento de alta seguridad.
Como dice Wilfredo Pedraza, el citado decreto legislativo ha mejorado sustancialmente la clasificación de internos en nuestro país, pues permite segmentar a los internos según su perfil personal, agrupándolos en grupos homogéneos, permitiendo, no sólo el ejercicio “eficiente” de la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, sino además, preservando a los grupos más vulnerables de la población penal.
Adecuando la norma a nuestra realidad. Si miramos el Establecimiento Penal Penitenciario Piura (antes Río Seco), que cuenta con 1618 internos[3] y con un único Órgano Técnico de Tratamiento, nos preguntamos:
· ¿Es humanamente posible que un solo equipo conformado por tan sólo tres personas[4] pueda evaluar a más de millar y medio de internos en el plazo de –ahora- 150 días?
· ¿Están suficientemente aptos para hacer evaluaciones periódicas que permitan que cada seis meses se pueda tener una reclasificación de internos?
· Los establecimientos penitenciarios y, en particular los que se ubican en Piura, tienen infraestructura suficiente para cumplir con las nuevas exigencias clasificatorias?. Téngase presente que, el indicado penal fue construido para albergar 586 personas y en la actualidad ha casi triplicado el número de internos que contiene.
Se afirma que la introducción del sistema progresivo clasificatorio en el régimen ordinario (y que ya existía en el régimen especial) estimulará al interno en razón de sus habilidades de adaptación, disciplina y practica de actividades labores y de estudio.
· ¿Tiene infraestructura suficiente los penales de la región para hacer las clasificaciones tanto de internos sujetos al régimen cerrado ordinario como los que se hallan en el régimen cerrado especial?
· ¿El Ministerio de Economía ha dispuesto la asignación presupuestaria que se requiere para el cumplimiento efectivo de la norma? (p.e para la construcción y/o adaptación de pabellones que alberguen a los nuevos “clasificados”?
· ¿Existen en los penales, en la actualidad, recursos (humanos y económicos) que permitan que existan programas de estudio y/o trabajo para todos los internos para lograr estas habilidades y obtener una progresión en su clasificación?
Pareciera que no. Sólo esperamos que, en el transcurso de los días, se presten las disposiciones complementarias que permitan el fiel cumplimiento de la norma. De lo contrario, se reducirá a ser la exposición de buenas intenciones.

III. Beneficios penitenciarios para los casos de terrorismo
El decreto legislativo 985 ha modificado D.Ley 25475, ley antiterrorista y los decretos legislativos 923 y 927, promulgados en febrero de 2003 luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional en parte la legislación antiterrorista de 1992.
Sin embargo, siendo que se nos ha encargado revisar las modificaciones a las normas relativas al sistema penitenciario, nos limitaremos a comentar la modificación introducida a la forma como ha de aplicarse el beneficio penitenciario de liberación condicional para el delito de terrorismo.
Debemos precisar que, la liberación condicional es un beneficio penitenciario que se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga un proceso pendiente con mandato de detención[5]. Según la norma que lo regula, determinados delitos, específicamente, con penas graves (p.e exposición de personas a peligros, tipos agravados, violación sexual de menores, extorsión agravada, delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria (integridad nacional) y rebelión, requieren:
Cumplimiento de las ¾ partes de la pena.
Pago integro de la reparación civil.
Pago integro de la multa.
(o en caso de insolvencia, la fianza).
Según este decreto legislativo, los sentenciados por delito de terrorismo pasan a formar parte de este grupo de personas a quienes se les exige, como condición previa, para hacer efectivo su derecho expectaticio ofrecido por la liberación condicional, hayan pagado el integro de la reparación civil y de la multa. Es posible, además, que un sentenciado por terrorismo pueda hacer valer y alegar su condición de insolvencia y solicitar la fianza conforme al art. 183 del Código Procesal Penal (D.Leg 638) o el art. 289 del Código Procesal Penal (D.Leg 957).
Así mismo, sobre este mismo beneficio, señala que los condenados por el delito de terrorismo bajo la figura contemplada en el inciso “b” del artículo 3° del decreto ley 25475, es decir, aquellos integrantes de grupos terroristas nacionales o internacionales, aquellos que acuerden o pacten con agrupaciones dedicadas al narcotráfico con la finalidad de buscar apoyo y aquellos que pertenezcan o estén vinculados a elementos u organizaciones terroristas internacionales que contribuyan a la comisión de delitos de terrorismo en el extranjero “no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional”. Es decir, para todos aquellos otros tipos de terrorismo queda vigente el régimen penitenciario establecido en el decreto legislativo 927 de febrero de 2003, en el que efectivamente se reestablecieron los beneficios penitenciarios eliminados por el decreto ley 25475.
En los hechos, el Tribunal Constitucional ya en el exp. Nro. 0010-2002-AI-TC, habría indicado que el legislador tiene la posibilidad de conceder determinados beneficios penitenciarios, permitiendo la liberación de los penados “antes de la culminación de las penas (…) si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos”, es decir, si se ha cumplido con la reeducación y reinserción social. En este sentido, especifica el Tribunal, exp. Nro. 1594-2003-HC/TC que no basta con el cumplimiento de los requisitos formales que señala la ley (plazo de internamiento, trabajo realizado, etc.), sino que además se necesita de la evaluación de juez que verificará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido: si el penado está apto para ser reincorporado a la sociedad. En este último expediente, el supremo intérprete de la Constitución, antes de la dación de la norma en comentario, expuso que, de conformidad con el art. 4 del D.Leg. 927, se aplicaba la liberación condicional previo el cumplimiento de las ¾ partes de la pena y de la ausencia de proceso pendiente con mandato de detención, pero haciendo una interpretación extensiva del concepto de “reglas de conducta”, señaló que, al amparo del art. 6 inc. 10 del D.Leg. 927 era facultad del juez señalar determinadas reglas de conducta, que no son otra cosa que la imposición de determinados deberes y, en consecuencia, la obligación del pago de la reparación civil, puede ser uno de ellos. Para el Tribunal Constitucional, la imposición de deberes a través de las reglas de conducta deben responder a razones objetivas y razonables, tales como, por ejemplo, la gravedad del delito y la naturaleza jurídica de los bienes que se pretende proteger (Exp. 454-2006-HC/TC).
En pocas palabras, aún antes de la dación de la norma, en la práctica jurisdiccional –tanto de los tribunales penales como del Tribunal Constitucional- ya se admitía que el pago de la reparación civil sea un requisito para el otorgamiento del beneficio de la liberación condicional.
Atendiendo a lo expuesto, señalamos las serias incongruencias conceptuales que se desprenden de la norma:
- La posición jurídica asumida por el Tribunal Constitucional –discutible por cierto- ha sido recogida por el legislador. La diferencia es que lo que, para el Colegiado Constitucional era una regla de conducta que permitía la valoración jurisdiccional del cumplimiento de las fines de la pena en el caso concreto, para el legislador se ha convertido en un requisito formal en el que ya no puede intervenir el criterio de conciencia del juez. La pregunta es ¿la reparación civil, por ejemplo, va a conseguir que ese procesado deje de pensar que “sistema político” que pretende imponer atenta contra los principios de la democracia y contra el Estado de Derecho?, ¿el pago de la reparación civil contribuye a que el sentenciado por terrorismo se “resocialice”? ¿O es que lo que se pretende es evitar que los sentenciados sea liberados en un plazo menor?
- Siguiendo el criterio legislativo. Si el pago de la reparación civil es un indicador de la resocialización del sentenciado ¿Por qué no se exige también a todos los sentenciados, indistintamente del delito cometido? No parece tener sentido constitucional, toda vez que afectaría el principio de igualdad contenido en el art. 2 inc. 2 de la Constitución Política; por lo menos no da razones objetivas y razonables que permitan hacer diferenciaciones.
- Entrelazando el concepto de reparación civil, el principio de igualdad y el derecho de la parte agraviada a ser reparado de forma efectiva por los daños causados por el delito; que justifica que el Estado se vea favorecido con una ley que le permite la satisfacción de su interés particular (en tanto agraviado al que le pagan la reparación civil) frente a los terceros (ciudadanos o personas jurídicas) que no les alcanza dicho beneficio. Otra afectación al principio de igualdad, aunque ahora enfocado desde la perspectiva del agraviado.
- La reparación civil no tiene la misma naturaleza jurídica que la pena. A diferencia de ésta, que es la consecuencia principal de un delito, aquella es una consecuencia accesoria y, aparece sólo en la medida en que la comisión del delito halla producido daños personales o materiales (que afecten al agraviado), los que deberán ser reparados conforme a las reglas contenidas en el art. 92 del Código Penal. Siendo que su condición es la de consecuencia accesoria del delito, y en tanto sustenta un interés particular (la de la parte agraviada, para el caso del terrorismo: el Estado), debe considerarse inidónea para cumplir las funciones de la pena o para determinar si la pena impuesta ha cumplido su finalidad.
- Finalmente, el concepto de reglas de conducta y las que se describen como tales, (art. 6 del D.Leg 927) tienen por objeto que el beneficiado con la liberación condicional, al tiempo que ejerce la libertad recobrada por el beneficio no vuelva a delinquir. Como dice Peña Cabrera Freyre “condiciones que garanticen el proceso de rehabilitación social” en libertad. El Tribunal revirtió la figura e hizo que el deber impuesto como “regla de conducta” se convirtiera en una condición para –en los hechos- alcanzar el beneficio de la liberación condicional. Se tergiversó los conceptos.
Aún con todo, la norma está vigente, corresponde al juez penal su prudente aplicación. O inaplicación, si se considerase la posibilidad de la inconstitucionalidad de la misma.
[1] Ley promulgada el 28 de abril de 2007.
[2] Al igual que en el régimen cerrado ordinario, en el régimen cerrado especial, se distinguen tres etapas: etapa “A”, etapa “B” y etapa “C”.
[3] http://www.inpe.gob.pe/establecimientod.php?id=79
[4] Conformado por un abogado, un psicólogo y un asistente social.
[5] Art. 53 del Código de Ejecución Penal.

martes, 14 de agosto de 2007

Responsabilidad en la preservación del Medio Ambiente

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El 15 de diciembre de 1972, en resolución Nro. 2994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, para conmemorar la Conferencia Sobre Medio Humano (Estocolmo), designó el 05 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el objeto de dar a conocer la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.
Pues bien, teniendo presente el objetivo, nos preguntamos ¿Quién es responsable de la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente? En estos tiempos, nadie pone en duda el irrenunciable derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, sin embargo, cuando nos ponemos en el otro lado de la balanza ­–en el platillo del deber– el asunto como que no es tan claro, o por lo menos, no queremos verlo con claridad.
En el Perú, nuestra Constitución Política indica la obligación del Estado de conservar la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, autorizándosele la promoción del uso sostenible de los recursos naturales. Siguiendo esta lógica, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, señala al Estado como el responsable del mantenimiento de la calidad de vida de las personas, así como de la prevención y control de la contaminación ambiental, responsabilidad que se extiende a los particulares cuando se afirma en el art. I del Título Preliminar del mencionado código como enunciado genérico “Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”, y de forma específica, cuando en el inc. 6, art. 1, se reconoce el principio contaminador pagador: “Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio”.De lo dicho, el argumento y cuestión que se sugiere, se aproxima: “Soy un ciudadano común y corriente, además, no realizó actividad que produzca grave daño en el medio ambiente, luego, no soy responsable de pagar daño alguno respecto de los perjuicios ecológicos que se puedan producir”. Y para abundar en salvación de nuestra personal responsabilidad se puede concluir afirmando: “Quienes contaminan son las empresas extractoras de los recursos naturales, por ejemplo, las empresas mineras”. Y con ello involucramos a un tercer responsable. Es decir, la obligación respecto de la conservación, mejoramiento y/o recuperación del medio ambiente, recae en tres sujetos: El Estado, las empresas y los ciudadanos.
Sobre el papel que juega el Estado, la claridad de su responsabilidad es meridiana, mientras que las obligaciones ambientales de la empresa se derivan de la correcta aplicación del principio contaminador-pagador, que en su forma más simple se expresa: “Quien contamina, paga”. Así, el incumplimiento de la normatividad ambiental no sólo entraña una sanción administrativa o penal, sino que lleva aparejada la responsabilidad civil por el daño ambiental causado, la que debe permitir: 1.- Sufragar los costos de prevención, 2.- cubrir los recursos necesarios para eliminar o reducir la contaminación y, 3.- satisfacer los daños causado por la contaminación en las personas y sus bienes y en el medio ambiente como tal (el paisaje y la biodiversidad).
Lamentablemente, en el Perú, dícese que por falta de recursos, no se aplica convenientemente el principio contaminador-pagador, lo que provoca serios problemas, toda vez que, en la práctica, siempre se cumple el refrán popular: “Alguien tiene que pagar los platos rotos”. Efectivamente, si la empresa contaminadora no es compelida al pago del daño ambiental causado, el medio ambiente queda sin restaurar y en consecuencia, el ciudadano sufre las consecuencias pues se ve imposibilitado de gozar del medio ambiente sano que inicialmente hemos reconocido.
El asunto no queda allí. El ciudadano sufre la restricción de uno de sus derechos, pero además sufre sus consecuencias en la forma de atentado contra su patrimonio. En primer lugar porque si la contaminación pone en riesgo los niveles mínimos para el desarrollo de la vida, sufrirá el resquebrajamiento de su salud y, en segundo lugar, porque los costos de la restauración del medio ambiente se le cargarán en forma de contribución (impuestos). Ponemos un ejemplo: una persona que deja desperdicios en la vía pública, expone a los vecinos a contraer alguna enfermedad, pero además exige que mayor suma de las contribuciones tributarias de éstos sean derivadas al pago de un servicio (de limpieza pública) que se hace innecesario si la persona causante del desorden tuviera la precaución de esperar el vehículo recolector de basura. Extendamos en nuestros pensamientos el ejemplo a niveles macro, en donde el contaminador es una empresa que explota los recursos naturales sin cuidar el medio ambiente.
En consecuencia, el ciudadano que deducía no tener responsabilidad medioambiental porque no realiza actividad que genera grave daño en el medio ambiente, se halla comprendido en la responsabilidad por el daño medioambiental, por lo que, respecto de la aplicación del principio contaminador-pagador, podemos concluir: “Si la empresa contaminadora no paga; el ciudadano, paga”. Entonces, en la vía de la prevención se hace necesaria la responsabilidad de los ciudadanos, a fin de, efectivamente, garantizar el goce del derecho al medio ambiente sano.

SAUL CANTORAL: LA JUSTICIA EN OTROS FUEROS*

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El 10 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió sentencia favorable a los deudos de Saúl Cantoral Huamaní y en contra del Estado Peruano. Saúl Cantoral, al tiempo de su muerte, se desempeñaba como Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Su desempeño como líder sindical le valió la reticencia tanto del gobierno de aquellos días, como de grupos paramilitares y grupos subversivos.
La primera oportunidad fue en agosto de 1988 y, según sus expresiones el secuestro y maltratos padecidos deben ser atribuidos al grupo paramilitar Rodrigo Franco. En diciembre de ese mismo año fue amenazado de muerte por el grupo terrorista Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En los dos primeros meses del año siguiente las amenazas provinieron por parte del grupo paramilitar Rodrigo Franco, ligado, según versiones periodísticas, al gobierno aprista de aquellos días. Las amenazas contra su vida e integridad personal estaban relacionadas con el liderazgo que estaba desempeñando durante las huelgas nacionales mineras de aquellos años y, gracias a los medios de comunicación tan grave situación de riesgo era conocida públicamente, inclusive por el Estado.
El 13 de febrero de 1989, en horas de la noche, fue secuestrado y, horas después, aproximadamente a las 23.30 horas fue hallado muerto en una playa de estacionamiento del parte zonal Wiracocha. Se halló junto con él, el cuerpo de Consuelo García Santa Cruz. Según el informe de la Comisión de la Verdad, tal hecho es atribuible al grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, el que “contaba con el apoyo de un reducido número de efectivos policiales miembros del GRUDE (Grupo de Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) y de la DIRCOTE, actuando bajo el comando del Ministro del Interior” (Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, sección 2.19). Siguiendo las expresiones de éste informe y de otros como el Informe de mayoría “Agustín Mantilla y su vínculo con el autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco” (informe de una comisión del Congreso de la República, expedido en junio de 2003) y el informe pericial realizado por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de agosto de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ligado al grupo paramilitar Rodrigo Franco con el Estado Peruano y, en consecuencia, encuentra responsable a éste de la violación de los derechos a la libertad personal y a la vida por la detención ilegal y arbitraria y muerte de Saúl Cantoral Huamaní.
Sin embargo, el asunto no sólo se reduce a la violación de derechos en la persona de Saúl Cantoral, sino que la forma como se le dio muerte y la inacción del Estado -por más de 18 años- en la investigación que dicha muerte merecía, para la Corte Interamericana ha producido grave violación de derechos humanos en los familiares del occiso, en la forma de afectación de la integridad personal. No se diga de otros derechos como el derecho a la verdad, de asociación y sindicalización, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Así mismo y más allá de las reparaciones pecuniarias a favor de los deudos de Saúl Cantoral, el Estado queda obligado a investigar de forma efectiva los hechos, identificar a los culpables y sancionarlos como corresponde, a publicar la sentencia expedida por la Corte Interamericana, reconocimiento público de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos advertidas, entre otras medidas.P.D.: Una extraña coincidencia: el gobierno que en otros tiempos permitió tan graves hechos, hoy tiene la oportunidad de enmendar y reparar. Que la voluntad de hacerlo no le sea escasa.


* Publicado en diario El Tiempo (Piura), en 15 de agosto de 2007.

Yolanda

Esta mañana oí de modo distinto la «Yolanda» de Pablo Milanés… Ese olor a tulipanes en catorce de febrero, tenía, ahora, un sinsabor, un tuf...