El Silencio del Abogado

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El ejercicio de muchas actividades profesionales implica, forzosamente, para quienes las realizan tengan que conocer aspectos de la vida privada personal de quienes se relacionan con ellos en razón del servicio que prestan. La motivación que lo permite es, por un lado, la confianza en la persona que lo recibe y, de otro, la necesidad de expresarlo, de parte del confidente, a fin de que el profesional pueda resolver la cuestión planteada.
El ejercicio de la abogacía no esta exento de confidencias y secretos. Y ¿qué es un secreto? La Real Academia de la Lengua lo define, para nuestro interés, de dos formas, la primera como “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta” y, la segunda, “reserva, sigilo”; haciendo referencia al contenido mismo de lo “no-revelable” pero a la vez, incidiendo en la obligación de no-revelarlo. En moral se distinguen distintos tipos de secreto: natural (por la obligación de guardar reserva respecto de aquello que pueda causar perjuicio a la reputación del prójimo), conmiso (que nace de la promesa de no revelarlo antes de recepcionar el contenido del secreto), promiso (que se garantiza después de haber escuchado la confidencia). Tanto el secreto de confesión como el denominado “profesional” son sub tipos del secreto conmiso.
En consecuencia, en la relación profesional abogadil, la confianza que une a las partes, justifica información reservada del beneficiario que interesa no sean revelados a la parte contraria y/o a terceros ajenos a la relación contractual y al derecho que se pretende. El secreto profesional, en consecuencia, es la obligación moral de no revelar o hacer uso de las noticias recibidas o conocidas de su cliente en razón del servicio que presta. El Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, lo reconoce no sólo como un deber sino también como un derecho; así el artículo décimo señala: “Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho del Abogado. Para con los clientes un deber que perdura en lo absoluto, aún después de que les haya dejado de prestar sus servicios; y es un derecho del Abogado por lo cual no está obligado a revelar confidencias. Llamado a declarar como testigo, debe el letrado concurrir a la citación y con toda independencia de criterio, negarse a contestar las preguntas que lo lleven a violar el secreto profesional o lo exponga a ello.”
No obstante, a diferencia del secreto sacramental o de confesión –que no admite excepciones-, los demás secretos, incluido el secreto profesional, admiten excepciones explicadas en circunstancias extraordinarias. Así, por ejemplo, dice Salsmans, el derecho a la reputación en una persona que de hecho ha obrado mal, no es de tal manera estricto o absoluto que no se permita nunca descubrirlo. Para mejor expresión de causas justas, se puede indicar que el abogado deja de estar obligado a guardar el secreto en la que medida en que el cliente le permita revelarlo o, al menos, debe consentir razonablemente. La presunción del consentimiento razonable se justifica cuando por el mantenimiento de la confidencia se afecta los legítimos intereses de la comunidad, los derechos individuales de terceros o suponga grave daño al profesional. En consecuencia, la confidencia de la intención de cometer un delito no obliga al secreto, del mismo modo que, se justifica desatender a la obligación del mismo, si por la declaración del cliente, se conoce que éste combina las circunstancias para que en su lugar sea condenado un inocente, o si se entera por su cliente de que le amenaza a él mismo a su familia grave daño; el abogado puede valerse de aquella noticia para conjurar ese riesgo.Más, allá de dichos presupuestos, el cliente debe tener garantizado que el abogado defensor no ha de revelar lo escuchado. Lo contrario puede dar lugar, incluso, a indemnización por los daños y perjuicios que la violación del secreto profesional pueda causar.

La Pena de Muerte

Hace algún tiempo, en un cuadro de humor un diario nacional mostraba a una señora, que luego de escuchar a una “supuesta” congresista exponer sus argumentos a favor de la pena de muerte, le comentaba a su menor acompañante: “hijito cuídate de los violadores pero tampoco te acerques a esa señora”. La gráfica que ahora describo, detalla el grave peligro que supone la existencia de depravados sexuales en medio de nuestra sociedad, pero también expone la profunda amenaza que esconde la pena de muerte como castigo a un delito tan grave, la afectación de la indemnidad sexual de los menores.
Los argumentos que se exponen en su favor, se reducen a 1. castigar gravemente un delito cruel, 2. la muerte del condenado garantiza plenamente la vigencia de los derechos humanos de los demás ciudadano, 3. el costo menos oneroso frente a cualquier pena alternativa (dígase: privación de la libertad temporal o absoluta, castración química o física), 4. la condición disuasiva de la misma que obligará a otros, a que por temor a correr la misma suerte, evitar cometer el delito.
Las razones que sustentan los argumentos de la posición contraria, excusan: 1. la contradicción lógica y ética que conlleva la defensa de un valor (la vida humana y la indemnidad sexual) negándolo a la vez (pena de muerte), 2. la imposibilidad de remediar el error (o dolo) jurisdiccional, 3. la exposición de las falencias estatales para hacer frente a un problema que exige reformas sociales estructurales, 4. la negación del carácter disuasivo de las penas graves.
Sin exponer las consecuencias jurídicas de alcance internacional que supone la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica y el retiro de la comunidad jurídica internacional; la muerte como consecuencia penal de un delito, estadísticamente, es una pena que en los países civilizados cada vez se aplica menos, de hecho Amnistía Internacional señala que a nivel mundial 104 países la han abolido en la práctica y en la legislación; quedando como tal, en 91 países, aunque son muchísimos menos los que la ejecutan, siendo que las realizadas por Estados Unidos, China, Irán y Arabia Saudí representan más del 80% de las ejecuciones anuales (datos para 1998). De otro lado, se tiene que en los últimos 20 años más de treinta y cinco países la han abolido total o parcialmente y, dentro de este mismo lapso, tan sólo cuatro estados abolicionistas la han restablecido.
La justificación del efecto disuasivo no tiene sustento fehaciente; puesto que la misma organización internacional, reseñando un informe de las Naciones Unidas, señala que el aumento o disminución de la criminalidad no está en proporción a la existencia o abolición de la pena de muerte; y que, por el contrario, “no ha podido aportar una demostración científica de que las ejecuciones tengan un mayor poder disuasorio que la reclusión perpetua. Y no es probable que se logre tal demostración. Las pruebas en su conjunto siguen sin proporcionar un apoyo positivo a la hipótesis de la disuasión”» y por el contrario, desde otras fuentes se resalta el riesgo de “matar inocentes” sin la posibilidad de corregir el error.
El riesgo de muerte de un inocente, (en un país donde el 68.42% de encarcelados no tiene sentencia condenatoria que justifique su privación de libertad y, por ende, protegido por el principio de la presunción de inocencia), es mérito suficiente para evitar la creación del riesgo. En todo caso, su proposición como posibilidad de sanción jurídica no hace más que evidenciar la ausencia de rumbos en la política anti-criminal asumida por el Estado. ¿Cómo instaurar como pena la muerte del sentenciado, si aún no se ha evaluado los alcances y consecuencias de la última reforma legislativa penal realizada en abril del presente año en donde se impone como pena máxima la cadena perpetua? ¿Cuántos acusados de violación sexual de menores han sido condenados con la cadena perpetua? ¿Se ha evaluado el carácter disuasivo de esas penas impuestas?En realidad, ninguno. Y pese a ello, tan sólo por tratase de una “promesa electoral”, la pena de muerte se hace obligación de imponerla, sin medir las consecuencias que conlleva. Es evidente que se necesitan luces para resolver tan sombrío problema, por lo pronto, solo atinamos a citar a San Pablo: “No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien”.

¿Corrupción en Piura?

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

Decía Jaime Balmes: “… el curso de nuestra vida es una continuada lucha entre la verdad y el error, la virtud y el vicio, el deseo de la felicidad y el sufrimiento de la desdicha”. Cuando esa lucha se extiende a la vida de la sociedad misma y cuando los vicios involucran a las personas e instituciones que la conforman; es nuestro deber moral denunciarlos. La corrupción es un vicio particularmente difícil de combatir, porque muchas veces se institucionaliza, evidenciando grave ausencia de valores, deficiencias en la formación ética y anomia social que imposibilitan el funcionamiento de los órganos del Estado, haciendo que la Administración Pública se haga ineficiente.
Pese a su evidencia en el mundo de hoy, sin embargo, el problema de la corrupción es tan antiguo como la historia del hombre. De hecho, hace 2000 años, Kautilya, personaje político hindú, dedicaba buena parte de sus escritos a hacer de denuncia de los mismos, hacia el 1300 Dante Aligheri en su Divina Comedia hacia denuncia de la negativa valoración que se hace de los personajes públicos corruptos, en nuestros tiempos y en nuestro país, según un estudio efectuado por Proteica, Apoyo, Opinión y Mercado, en septiembre de 2004, el 98% de personas entrevistadas afirmaban que el Perú es un país corrupto –casi la mitad de los indicados, afirmaban que se trataba de un país muy corrupto. Pero que es la corrupción: en términos amplios es el “intercambio de beneficios y ventajas entre dos partes (individuos o grupos) trasgrediendo la ley o haciendo uso indebido de ella”. Desde una perspectiva restringida, el problema se limita al ámbito de la función pública. Y es este tipo el que nos interesa.
Nos interesa porque, en nuestros días:
1. El fenómeno de la corrupción se ha generalizado: hay casos de corrupción en países del "tercer mundo" y primer mundo, en naciones ricas y pobres, en sociedades estructuradas o desestructuradas. Los casos de corrupción involucran a gobernantes del más alto nivel, aún en países que por su "solidez normativa que favorece la cohesión social". Dice Mario Olivera: “La generalización y multiplicación del fenómeno se da al contrapelo de la opinión liberal que a menos regulación y gigantismo estatales y mayor privatización, menor corrupción.”.
2. El fenómeno se ha diversificado en sus modalidades: Más allá de las formas conocidas y debidamente tipificadas (enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, malversación, colusión, etc). Surgen modalidades nuevas asociadas al avance del crimen organizado, los avances tecnológicos y la globalización.
3. El fenómeno alcanza todos los estratos sociales: No sólo se trata de acciones en medio de la administración pública, sino que se extiende a las distintas esferas en las que se ejerce alguna modalidad de poder: Instituciones tutelares de la sociedad, entidades empresariales y financieras, asociaciones de todo tipo, entidades educativas, clubes (deportivos entre ellos).
4. Sus graves consecuencias económicas, políticas y sociales en cuanto a exacción y dilapidación de fondos públicos, afectación de intereses colectivos, ingobernabilidad, afectación de la moral social, consecuencias que ya han sido motivo de gran atención en foros del más alto nivel, tales como ocho Conferencias Mundiales sobre la Corrupción, auspiciadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Las causas que la generan son diversas. La genérica afirmación de que la pobreza o la falta de valores son el origen de la misma, es una verdad incompleta. El principal factor, para su análisis debería reducirse al estudio del costo-beneficio que un individuo realiza frente al acatamiento de una norma. Un acto de corrupción en consecuencia, se ha de realizar cuando el costo legal, económico o social de dicho acto es menor que el costo que implica el cumplimiento de la norma.
Por tanto, es evidente que para combatirla no es suficiente la emisión de leyes o la firma de convenios internacionales. Se requiere la intención personal, ciudadana, de hacerle frente y para ello, se requiere conocer cómo son su manifestaciones, primero, cuales son las herramientas para enfrentarla, segundo, para finalmente, hacer la correspondiente y exitosa denuncia.
Las noticias diarias de los periódicos mañaneros abundan en denuncias que motivan desazón en el lector ¿Cuántos de éstos se ponen la camiseta de la “ciudadanía responsable” y deciden enfrentarla?

La Biblioteca Pública de Piura

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

Hacía mucho tiempo que no visitaba la biblioteca municipal de nuestra ciudad. Desde aquellos días en que trabajaba mi tesis para optar el grado de abogado no había vuelto a pisar sus ambientes. Hace algunos días, so pretexto de conocer que se ha escrito y publicado acerca de Piura en el S. XVIII, he vuelto a ella.
Es agradable –en cierto modo- ver a pequeños grupos de adolescentes entrar al aula mayor para resolver sus prácticas y ejercicios ofrecidos en sus academias preuniversitarias, discutiendo las posibles soluciones a sus problemas de álgebra, trigonometría y demás incertidumbres matemáticas; consultando fechas y datos históricos, resolviendo asuntos del uso del lenguaje.
Lamentablemente, la infraestructura, pese a su modernidad, no es la más adecuada a nuestra calurosa Piura –más aún en nuestros días de verano- y es ocasión de lamentos de parte de los usuarios; motivándoles incluso a buscar otros espacios para estudiar (en la casa de alguno de ellos, debajo de algún árbol, etc.) y, peor aún, promoviendo ideas malévolas cómo la buscar formas para sacar los libros de la biblioteca o de arrancar sus hojas sin ser descubiertos.
Estas conductas, muy propias de adolescentes o de cleptómanos sin diagnóstico psiquiátrico que los justifique, son la causa fundamental del reducido número de libros o del deterioro que muy buen porcentaje de éstos muestran. Es lamentable, que muchos de ellos, se encuentren con hojas desglosadas, con páginas faltantes, sin el código correspondiente o con sus tapas y contratapas distintas a las originales, trabajadas con materiales deleznables y con acabados que pareciera haber sido realizados por inexpertos bibliotecarios o inútiles libreros.
La sala de lectura, donde se ubican los usuarios; al medio día se convierte en un gran nicho, donde el calor se hace insoportable y el único ventilador existente es insuficiente para apaciguar los humores corporales. Sin embargo, no es el calor, ni la infraestructura ni la condición de los libros, la causa principal del menoscabo en el ánimo estudiantil de los lectores. Es la actitud de más de uno de los servidores públicos que allí se desempeñan. Por la forma de tratar al lector, pareciera que se hallaran en la “Siberia” de la administración municipal.
Un hombre avanzado en años, de cabello canoso, de contextura normal, te recibe en la puerta que da a la Av. Los Cocos. Su apariencia descuidada, su camisa sin botones muestra parte de sus pectorales. Su asaltante pregunta: ¿Vas a la biblioteca?, te hace saber que es el encargado de la portería, pero bien podría pasar como un cargador de bultos del mercado. En la misma biblioteca, la servidora encargada de registrar a los lectores, carece de lapicero para la anotación del recién llegado y bajo el argumento de que es el usuario quien desea la atención, le pide se registre, teniendo o no el instrumento que permita su inscripción. Otro servidor, por allí –identificado por el color de su vestimenta- dice, para que todos oigan, que la fotocopiadora solo funciona en las mañanas, porque en las tarde no hay personal calificado para atención.
De muy mala manera, me indican la forma directa de consultar y, sí se requiere de verificar libros que atiendan la historia de Piura, me dirigen a una ambiente donde funciona algo que podría denominarse “biblioteca especializada”, pero que a ese tiempo no atiende porque hay programadas clases de no sé que materia. ¡Regrese a eso de las 4.00! me recomendaron.
Como quiera que mi interés era mayor, regresé casi al anochecer. La atención fue distinta. Muy distinta. Sin embargo, de haberse tratado de un simple lector –sin otro interés que el de la lectura- con el trato descrito muy probablemente, no habría tenido tiempo para advertir que no todos los servidores públicos de nuestra biblioteca municipal son hoscos, desagradables y desatentos.Es incomodo comprobar –y decirlo, además- que el buen trato, los buenos modales y la cortesía, carta de presentación de una institución impulsora de la cultura, no se encuentran en quienes, justamente, la administran. Una desatención, que esperamos no se repita.

Máncora: Historia, Propiedad y Corrupción (Parte II)

Con el siglo XX, nace políticamente el distrito de Máncora y desde el 14 de noviembre de 1908, sus ciudadanos festejan su aniversario con caravanas, encuentros deportivos, actividades culturales, elección de su “reina” y otros agasajos que incluye la visita de algún reconocido grupo musical que ameniza el “baile social”. Es parte del jolgorio las reyertas callejeras de borrachines y, en los últimos tiempos, también de pandilleros.
A finales de la década de los sesenta y con la amenaza de la expropiación estatal que motivaba la Reforma Agraria, la existencia de la Hacienda Máncora peligra; por ello, el “hacendado” Borasino Figallo -antes que ver perdido su trabajo de años en manos del chino Velasco- prefirió entregar en donación por agradecimiento (y en otros casos por compra venta) pequeños lotes de terreno que sirvieran, a aquellos que fueron sus peones, como terrenos de vivienda y pequeños huertos que les permitieran entretenerse hasta que consigan trabajo. Muchos de los favorecidos, con dicho documento no hacían más que confirmar la posesión que ya tenían de años atrás, de allí que no dieran importancia al documento que el hacendado les ofrecía. Algunos de los dichos documentos no eran firmados por el mismo hacendado sino que éste otorgó poder de venta a Dn. Ernesto Aguilar Silva, administrador de la hacienda y “encargado vendedor”. Muchos no lo pidieron y otros tantos, con el transcurso del tiempo han perdido el mentado documento de transferencia. Hoy, probablemente, si no ellos, quizá sus herederos deben lamentarlo.
La Comunidad Campesina Máncora, en la década de los setenta no pasaba de ser un pequeño grupo de agricultores sin tierras, que aspiran a ser “herederos” de la antigua hacienda. Y efectivamente, lograron serlo a través de un contrato venta de los predios de la antigua hacienda que fuera de Dn. Borasino Figallo con la Dirección Departamental Agraria. En los ochenta, ese grupo de agricultores y pastores, en la condición de comuneros de una comunidad campesina que nace por contrato de compra venta de tierras, sin la experiencia y tradición que envuelve la historia de comunidades de la costa piurana, como la de Catacaos, Sechura, Colán, siguen reuniéndose para ver de que mejor forma pueden “repartirse” las poquitas tierras fértiles que circundan la quebrada Fernández. El distrito, del mismo modo, no dejaba de ser una pequeña caleta de pescadores circundante a un breve centro administrativo, con una estación de telégrafo (y luego de teléfono), una agencia del Banco de la Nación, con tres colegios nacionales, un mercado, una iglesia, un puesto de policía, una municipalidad y un par de fábricas procesadoras de pescado y hielo. La vida era apacible y tranquila.
Después de 1997 algún turista perdido en nuestro litoral descubrió la maravilla de su mar como proyecto turístico. Máncora se enseñorea como una de las mejores playas del norte del Perú. Empieza a crecer su población, pero sobre todo la de turistas y, ello exige una infraestructura hotelera que le permita albergar cómodamente a sus visitantes. Los hoteles que pudieron instalarse en aquellos años, en lo que fuera la antigua Panamericana Máncora-Los Órganos, quedaban pequeños, o en las más de las veces, eran muy costosos para un mochilero o un viajante de clase media. Se requería inversión para construir hoteles. Y entonces aparece la interrogante ¿Quién pueden venderme un terreno? O mejor ¿Quién me otorga un título de propiedad sobre el terreno que mi familia posee desde hace cuarenta años?
Cuando en 1975, la Dirección Unidad Departamental Agraria II le vende a la naciente Comunidad Campesina Máncora la extensión territorial de 26,226 Hás. 1,225 metros, que comprende a los distritos de Máncora, Los Órganos y El Alto; nadie dijo nada. El alcalde de aquellos días, si se enteró, es mejor que ahora no lo revele. Después de la segunda mitad de la última década del siglo pasado; la Municipalidad de Máncora se da cuenta que administra y recibe tributos por unos predios sobre los cuales no tiene jurisdicción suficiente para expedir títulos de propiedad. Máncora no es de los mancoreños, si no que es de propiedad de la Comunidad Campesina, pues, el día que la Dirección Unidad Departamental Agraria II (hoy, Dirección de Agricultura) hizo contrato con la Comunidad, ese día vendió el territorio en que se asienta la población de Máncora.
La capacidad de reacción administrativa municipal fue tardía, las decisiones judiciales fueron deplorables. Ante la decisión de impugnar judicialmente los asientos registrales de la propiedad de los terrenos del poblado de Máncora, el juez civil y la Sala Mixta de Sullana deciden denegar la impugnación aduciendo que se habían excedido los plazos y que, en consecuencia, había prescrito la acción impugnatoria. Desde aquel día, los ciento cincuenta comuneros que conforman la Comunidad Campesina mantienen controversia con los más de ocho mil ciudadanos que tributan en la Municipalidad Distrital de Máncora.
Ante la necesidad de justificar suficientemente la propiedad detentada, buen número de ciudadanos han realizado contratos de compraventa con las sucesivas directivas comunales. En muchos casos, las directivas comunales posteriores han revendido predios que ya había sido pagados por otras personas; dando lugar, en consecuencia, a tráfico de influencias, estafas, actos de corrupción, destitución de directivos, a desconocimientos comunales de actos jurídicos realizados por sus propios directivos, etc. Entonces nos preguntamos: ¿Por qué los ciudadanos mancoreños no pueden tener derecho a la propiedad de sus viviendas? ¿Podría algún ciudadano pedir un préstamo hipotecario? Aquellos que tienen una vivienda ¿tienen la certeza de no podrán ser desalojados de aquella construcción que han levantado con gran esfuerzo?
Por lo pronto, se tiene que la inscripción predial en registros públicos realizada por la Comunidad Campesina Mancora data de 16 septiembre de 1996, con la Resolución Directoral 421-96-RG-CTAR-DRA-P. A esa fecha ya se hallaba vigente la Ley 24657, Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, que en su art. 2 señala: “No se consideran tierras de la Comunidad: b) las tierras que al seis de marzo de 1987 se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos…”. Nos preguntamos ¿Por qué la Comunidad Campesina inscribió como propios los terrenos de los ciudadanos del distrito de Máncora, cuando éste, en 1996, tenía 88 años de existencia? ¿Por qué inscribió como propios dichos terrenos si la ley exigía justamente lo contrario? ¿Actuó de mala fe?
En el 2003, el diario EL TIEMPO (13/10/2003) hizo noticia que COFOPRI tenía la intención de expedir títulos a favor de los poseedores con más de cinco años. Dicha buena voluntad fue frustrada por la Comunidad Campesina que se opuso aduciendo ser titular de la propiedad. En el presente año, al amparo de la Ley que regula la declaración de abandono legal de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales, Ley 28685 y su reglamento, la Municipalidad ha intentado revertir los terrenos sobre los que se asienta la población mancoreña. La Comunidad Campesina se ha vuelto a oponer. No obstante, en tono de ironía, periodísticamente se afirma: “la Comunidad está dispuesta a ceder gratuitamente el área”.El tema no es sólo legal, requiere voluntad política. Dicha buena voluntad está en manos de la Comunidad Campesina. De ésta depende ampliar el espectro de oportunidades de desarrollo de más de ocho mil ciudadanos. Que la Comunidad Campesina Máncora no sólo le desee progreso a su distrito, que se lo permita. La titulación predial abre un abanico de posibilidades. ¡Feliz Aniversario, Máncora!

Máncora: Historia, Propiedad y Corrupción (Parte I)

El distrito de Máncora está muy próximo a cumplir 98 años de existencia política. Aún no alcanza la centuria y para muchos, inclusive para algunos autores, su origen no va más allá de la llegada de la familia “Pazos” a este actual asentamiento en los primeros años del siglo XX.
Máncora ha acumulado juventudes, quizá desde tiempos anteriores de la conquista española. Muy probablemente, en este espacio se ubicó un pequeño pueblo de pescadores, que gozaban de los productos marinos, a la vez que abastecían de agua dulce proveyéndosela de la quebrada Fernández, que desemboca en la parte noroeste del actual distrito. Este espacio permitiría alimentación y descanso a los viajeros que hacían la ruta por el camino de los llanos entre los curacazgos tallanes (asentados en los ríos Piura y Chira) y el curacazgo Tumpis (alrededor del Río Tumbes). Pese a la existencia del “camino de los llanos” incaico, éste no era una vía propiamente litoral dada la desolada geografía del tablazo que se extiende por casi toda la actual provincia de Talara.
Llegado los tiempos de la conquista española, -hacia la mitad del siglo XVI- efectuados los repartimientos por Gonzalo Pizarro, Máncora aparece como uno más, junto con el de Tumbez y Pariñas, asignado a Dn. Francisco de Villalobos. Y, a diferencia de otras poblaciones, no es reconocida en la documentación virreinal como un asentamiento de indígenas importante. En el siglo XVII, dice Pavel Elias, Máncora era una parcialidad (que junto con Tumbes, Solana y algunos indios de Amotape) conformaban el pueblo o reducción de San Nicolás de Tumbes.
En el Siglo de las Luces, realizada la Composición de Tierras de 1714, revisada la información ofrecidas por los corregidores o tenientes de corregidor, Máncora no aparece como estancia, hacienda, trapiche o potrero. Muy probablemente, no fue declarada por sus propietarios o poseedores; pero lo cierto es que existía y era muy famosa, al punto que hacia la mitad de la centuria, buena parte de la producción de mulas y caballos que se requerían para el transporte eran compradas allí. Según Reynaldo Moya, en la segunda mitad del siglo XVI fue adquirida por Dn. Benito de las Heras y Dñ. María Ramirez de Arellano, pero que al no tener hijos que heredaran tan extensa hacienda –que iba desde el río Tumbes hasta Pariñas- junto con la hacienda Pariñas fue donada a la orden religiosa betlemítica en los primeros años del siglo XVIII. Hacia 1790, la hacienda fue vendida a favor de don Juan Miguel de Larraondo. Se desconoce el precio, pero hacia 1800 fue tasada en 31 950 pesos y gravada con 5,000 pesos en capellanías y 17,000 pesos en censos a favor de la orden religiosa. El nuevo propietario no pudo honrar sus obligaciones, por lo que tuvo que ser devuelta a los hermanos del hospital de Belén.
Durante el siglo XIX, la posesión y propiedad de la hacienda pasó a manos de José Lama que a su vez la dejó a su hijo Diego. Es un tiempo difícil para la hacienda y pese a ello, el avance del pueblo de Máncora estaba más allá de las disquisiciones jurídicas en las que se pudieron verse envueltos sus propietarios, poseedores y todos aquellos que consideraban tener mejor derecho sobre la misma.
La necesidad del reconocimiento político, ve la luz en la primera década del siglo XX, con la Ley 818, del 14 de noviembre de 1908, que lo reconoce como distrito y sus límites definitivos son establecidos por Ley 15259, del 11 de diciembre de 1964. Desde esa fecha, noviembre de 1908, debe distinguirse dos espacios jurídicamente distintos: la hacienda Máncora y el distrito Máncora, que no necesariamente coinciden en su extensión o en la realización de sus propias proyecciones.
Con la reforma agraria la llamada hacienda Máncora deja de existir. Es expropiada por el Estado, pero éste, a solicitud de cuarenta y siete agricultores, cede la posesión de lo que fuera el territorio de dicha hacienda a favor del llamado “Grupo Campesino Máncora”, que posteriormente, daría lugar a una comunidad campesina del mismo nombre.
Según información de la propia Comunidad, su fundación se realiza el 24 de octubre de 1969, pero su reconocimiento como comunidad campesina data de 1989, según R.S Nro. 005.89-CORPIURA y; no obstante, suscribió un contrato de compraventa con la Dirección – Unidad Agraria Departamental II – Piura el 3 de octubre de 1975, respecto de un área de 26,226 Hás. 1,225 metros, los mismos que se encuentran comprendidos en los distritos de El Alto, Los Órganos, Máncora y Tumbes y de dicha área, 7,285.00 Hás corresponden al distrito de Máncora. Dicha información hace evidente que comunidad y distrito no coinciden territorialmente.
De otro lado, según el Censo de 1993 la población del distrito alcanza las 7 009 almas, estimándose que el año pasado, dicha población se elevó a 8 282 individuos. En un documento oficial de dicho distrito, se indica que el índice de crecimiento poblacional anual es muy reducido, porque muchos jóvenes emigran prontamente del distrito en busca de superación profesional y laboral; circunstancias que el propio distrito no ha sabido sufragar. Por su lado, la Comunidad Campesina Máncora alberga en su seno a no más de ciento cincuenta comuneros, la mayoría de ellos habitantes de la margen derecha de la quebrada Fernández y, en consecuencia, no tributan al distrito del mismo nombre.Según las proyecciones municipales, el estado y la calidad de las viviendas de los pobladores mancoreños son deficitarios, promediándose que el 50% de las mismas no presentan calidad satisfactoria de habitabilidad; la mayoría de ellas con problemas de hacinamiento. Del universo de viviendas, el 90% de sus poseedores no cuentan con titulo de propiedad. En el mejor de los casos, detentan una constancia de posesión otorgada por la Municipalidad o un contrato compra-venta realizado con la comunidad y, que, en muchos casos prefieren no presentarlo, por temor a que sea nulo, en razón de los constantes problemas de administración que presenta la vendedora. Entonces nos preguntamos ¿La Municipalidad de Máncora, próxima a cumplir 98 años de existencia, durante este tiempo ha administrado un territorio del que no puede expedir títulos de propiedad? ¿Por qué los ciudadanos mancoreños no pueden tener derecho a la propiedad de sus viviendas? ¿Podría algún ciudadano pedir un préstamo hipotecario? Aquellos que tienen una vivienda ¿tienen la certeza de que no podrán ser desalojados de aquella construcción que han levantado con gran esfuerzo? Las respuestas dependen de la Municipalidad, pero muy por encima, de la Comunidad Campesina Máncora. Nosotros sólo ofreceremos algunas pinceladas de solución.

Máncora en su Laberinto

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado y Aprendiz de historiador
Máncora, desde hace aproximadamente una década se convirtió en el boom de las playas del norte, promocionándose como el destino de veraneantes y turistas, nacionales y extranjeros. El fragor de sus olas y la calidez de sus arenas se convirtieron en la atracción de empresarios hoteleros, que han hecho de la antigua panamericana –tramo Los Órganos-Máncora­– un espacio donde puede encontrarse distintos diseños arquitectónicos en los que juegan modernas estructuras con la nobleza de los maderos del algarrobo y que sostienen, además, coloridas hamacas, que acogen en su seno la humanidad de sus visitantes. Antes de este tiempo, Máncora pasaba desapercibida; hoy, hasta por televisión, se ofrecen tours playeros como premios a la teleudiencia.
Sin embargo, Máncora es tan antigua como los cimientos de nuestra nación. Antonio de Ulloa, en el siglo XVIII señalaba que en el siglo anterior y, probablemente, en el XVI también, era el paso obligado de arrieros y viajantes, de las huestes conquistadoras y de los propios naturales, que encontraban en esta zona un espacio de descanso, tanto para hombres como para animales y un almacén para aprovisionarse de alimentos y agua. Es muy posible que, en aquellos días Máncora se hubiera ubicado en la zona de lo que hoy se conoce como el Ángolo. En el siglo XVIII era una de las sesenta y cinco haciendas del Partido de Piura; muy importante por lo ya mencionado, pero además por la calidad de su ganado mular, que era muy cotizado por los arrieros sechuranos que transportaban equipajes a través del desierto de Sechura.
En los primeros tiempos del siglo XX fue muy importante por el carbón de madera de algarrobo que se embarcaba en sus playas y, en mérito a su importancia económica, en 28 de octubre de 1932 deja de ser un caserío para convertirse en un distrito cuya jurisdicción abarcaba el mismo Máncora hasta Restín. El Alto era uno de sus caseríos, mientras que Los Órganos ni siquiera existía. En aquellos días, económicamente, Máncora, de alguna forma, era más importante que el mismo Paita: la Ley 7890 señala como impuesto el cobro de tres centavos oro por cada saco de carbón que se embarque en este poblado; mientras que, aquellos que se embarcaban en Paita, sólo se gravaban con dos centavos oro.
En 1955, Manuel Odría promulga una norma en la que se establece los actuales límites políticos de nuestro distrito reduciéndolo a limitar por el Norte con la Quebrada Fernández; por el Este desde las proximidades del poblado Cerezal trazando una línea por la divisoria de aguas hasta el Cerro Serrano; por el sur desde el punto antes mencionado hasta el Océano Pacífico en Punta Verde.
Desde esos días, Máncora se hace autónoma y se desprende de la administración propia de la antigua hacienda; pese a que como tal, ésta siguió existiendo hasta los tiempos de la reforma agraria con Juan Velasco Alvarado. Los límites del distrito de Máncora, en consecuencia, no eran los mismos que los de la hacienda del mismo nombre. Como predio ganadero perdió importancia, empero desde la década de los sesenta empieza a despuntar por la riqueza pesquera de sus aguas. La tradición oral recuerda todavía como es que en sus riberas marinas se acopiaba el pescado que era trasladado en las bolicheras y embarcaciones, dicen, de Banchero Rossi. Ese apogeo, permitía a ciertos señores a encender sus cigarrillos con papel billete y cerrar las cantinas al pago de la cerveza que hubiera en stock. Los chiquillos de esos días perseguían a los adultos a la espera que tiraran los restos de los billetes, para con ellos –de unos y de otros- formar un nuevo papel moneda que les permitiera comprar alguna golosina en la tienda más próxima. Ese tiempo duró muy poco, y sólo queda en el recuerdo de algunos, toda vez que fueron raros los casos de personas que aprovecharan convenientemente esa efímera abundancia.
En nuestros días, y dada su historia, en Máncora conviven pobladores que dedican sus tiempos a las más variadas actividades comerciales. En un tiempo, quizá en los años ochenta –tiempos de mi niñez y adolescencia– la parte norte, formada por los barrios Nicaragua y Leticia, era poblada por familias dedicadas a la ganadería caprina, a la extracción de leña de algarrobo y, en la zona de los centros poblados y caseríos que acompañan la ribera de la Quebrada Fernández quienes se dedicaban a la agricultura; en el centro de pueblo estaban los se desempeñaban en actividades urbanas: profesores, mercaderes, agentes municipales, etc. En la parte oeste, en el barrio Santa Rosa, los dedicados a las actividades pesqueras; mientras el sur, era la zona industrial, donde se había ubicado uno o dos empresas especializadas en el procesamiento de pescado. Después del fenómeno del Niño del 83 éstas fueron decayendo hasta desaparecer. Hoy es el espacio donde se ubican el mayor número de hospedajes y hoteles, así como centros de diversión para los turistas y viajantes.
Con el devenir de los días, esa estructura se ha perdido y las familias, debido a la pobreza, comparten más de una actividades para paliar sus necesidades. En los días de verano, como ahora, las casas se conviertes en hospedajes; no obstante, dicha actividad, aún no es convenientemente explotada: la Municipalidad pelea las playas con los comerciantes de comidas mientras que los precios de los menús se hacen inaccesibles y la calidad de los servicios es indigente, alejando con ello a los pocos turistas que aún quedan. Si comparamos su boulevard con algún otro de distinto centro playero, adolece de limpieza y orden… y si nos metemos en sus calles poco iluminadas es seguro que no solo encontramos ron y aguardiente de dudosa procedencia sino también fosas nasales de aborrecibles “aspiraciones”. Lo más triste, muchas pertenecen a adolescentes a apenas llegan a cursar el tercer año de secundaria.Máncora es sol y playa, es centro de recreación sabatina y dominguera, es destino de viajeros y turistas, es ceviche y orgía de mariscos… pero también es problema y, uno de ellos, es el de la autoridad sobre su territorio municipal, problema que discute con la Comunidad Campesina Máncora, heredera de las tierras de la antigua hacienda… pero esta historia es la segunda parte de esta entrega.