CORRUPCIÓN: DECEPCIONES Y ESPERANZA

Laurence Chunga Hidalgo

Juez penal de Morropón, Chulucanas

Artículo publicado en diario El Tiempo en el mes de julio de 2005.

El ímpetu ciudadano para enfrentar la corrupción se está desvaneciendo. Cuando en el año 2000 se convocó a la ciudadanía para la marcha de los cuatro suyos, la intención de muchos de aquellos que asistimos no era otra sino hacer frente a un gobierno debilitado y maltrecho, decadente y marchito por los actos de corrupción que eran su pan de cada día.
Semanas después, la instalación de un nuevo gobierno y las nuevas elecciones prometidas, así como la detención y procesamiento de algunas cabezas del gobierno fujimorista, la huida y evasión de algunas otras, nos llenaban de esperanzas de justicia y de la posibilidad de nuevos amaneceres.
Han transcurrido cinco años, y la ciudadanía ha notado con pesar que la situación de corrupción parece ser la misma: fábricas de firmas falsas, malversación de los fondos públicos, utilización del poder para amedrentar a los medios de prensa, escándalos de la más baja estofa, ausencia de ejemplares sentencias condenatorias dignas para delincuentes de alto vuelo, expedición de leyes que favorecen a los corruptos de ayer, liberación de cómplices por inanición del sistema jurisdiccional, ausencia de cumplimiento de las promesas electorales, de los compromisos transcritos en el Acuerdo Nacional, de las responsabilidades nacidas del Informe de la Comisión de la Verdad... nos hacen pensar que “todo es lo mismo”.
En medio de esa podredumbre de la que dan cuenta los ejemplares noticiosos nos volvemos a preguntar, como en aquellos días ¿Es éste el Perú que nos merecemos? Y de seguro, alguien dirá con muy pocas posibilidades de equivocación: “cada quién, tiene lo que se merece”. Entonces, replanteo: en el futuro, ¿seremos capaces de recordar dignamente aquellas batallas que no libramos, aquellos combates que rehuimos, argumentado “preocupaciones laborales”? ¿quién no esta dispuesto a luchar por mejorar su situación de bienestar? ¿el bienestar anhelado solo se limita a lo material? ¿acaso la corrupción no afecta nuestras posibilidades reales de acceder a mejores condiciones?; o mejor, un país corrupto ¿es la herencia que queremos dejarle a nuestros hijos?.
De la “tercera encuesta nacional sobre corrupción” (septiembre de 2004) elaborada por Proética, se tiene que más del 90% de encuestados sabe que el país es corrupto, hecho que nos refleja, no sólo respecto de nuestras sensaciones –o experiencias– de corrupción sino que, además, nos identifica como un país de indiferentes, de nacionales carentes de responsabilidades y poco dados a los compromisos. ¿es posible tal situación?
Hace unos días, en la voz de Mons. Luis Bambarén S.J, hemos sido convocado para una nueva movilización contra la corrupción, se nos corre traslado de una nueva cruzada contra la impunidad. Ayer, fecha conmemorativa del aciago día de la matanza de los estudiantes de la Cantuta, se ha realizado la primera movilización: las organizaciones juveniles, el movimiento de derechos humanos y los medios de comunicación dieron su sí por anticipado. Esperemos, que a éste, se sume el compromiso de los empresarios, de las personas de las instituciones públicas, de los que laboran en la calle, de las mujeres de los comedores populares, pero, sobre todo, se espera la sumatoria y la tarea de los padres y madres de familia, de aquellos que efectivamente quieren “lo mejor para sus hijos”, pues la decencia y honestidad de nuestros actos y la realización de los valores morales en nuestra cotidiano vivir es también un preciado bien, susceptible de heredar.

La Historia de Piura

Laurence Chunga Hidalgo

Aprendiz de historiador

En el año 1995, la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Piura, a través del Programa Académico de Artes Liberales, ofreció a los alumnos universitarios la posibilidad de realizar una segunda especialidad, sea en filosofía o en historia. En aquellos días la empresa se inició con pocas gentes, sobresaliendo las figuras de sus impulsores: Luis Eguiguren Callirgos y Jorge Humberto Rosales Aguirre, respectivamente. Particularmente, para el caso de la especialidad de historia, el pequeño grupo de aprendices de historiador se fue consolidando en medio de las clases de fin de semana en las que se conjugaba el cansancio de una larga semana de estudios con el interés personal por la historia, aderezado por la experiencia de los profesores Pedro Rodríguez Crespo, Juan Carlos Crespo López de Castilla, José Antonio del Busto, Jorge Rosales Aguirre, entre otros.
Habíamos quienes nos escapábamos, pero era imposible perderse una clase de paleografía, curso que tiene por objeto dotarnos de cierta destreza para la lectura de las escrituras antiguas. Allí el Dr. Crespo no sólo nos proporcionaba los textos de data virreinal sino que nos ofrecía “trucos” que nos permitieran “descifrar” los códigos y abreviaturas utilizados por los amanuenses y escribanos; las clases del Dr. Del Busto que con su parsimoniosa voz hacía ágil y entretenida la historia del Perú Incaico, mientras que el curso de Fuentes Históricas era de responsabilidad del Dr. Pedro Rodríguez. El Dr. Hildegardo Córdova en sus clases de “Geografía Peruana” nos hizo entender que no podíamos ser historiadores si antes no conocíamos el espacio territorial en el hombre se desenvuelve.
Y es que la tarea de hacer dos carreras universitarias a la vez es una labor difícil: tan exigente la una como la otra y las dos eran muy preciadas para quienes decidimos ampliar nuestros conocimientos. En ese mundo, donde se podía conjugar las carreras de educación, administración de empresas, derecho, ingeniería, etc. con la historia, nos dimos cuenta que era posible hacer Historia desde nuestros pequeños espacios de tiempo y, para ello se inventó los “Coloquios de Estudiantes de Historia” que aparecieron en el año 1997 y fueron la tribuna para mostrar ante la comunidad universitaria nuestras primeras investigaciones. En todo este ajetreo, la figura del Dr. Jorge Rosales sobresalía por el “punche” y la pujanza demostrada: nunca dijo “no” ante el interés de un alumno para el tratamiento de un tema, se daba espacio en su oficina para escuchar inquietudes y posibles hipótesis de trabajo, siempre dispuesto a prestarnos libros de su biblioteca personal y contactarnos con otros historiadores para ampliar nuestras expectativas de labor historiadora. Inclusive, nos ofreció su casa para nuestras tertulias y conversaciones en las que expusimos nuestras investigaciones y dudas, y compartimos “hallazgos” que a otros podían interesar, además de nutrirmos con las experiencias personales narradas por nuestros profesores. Y creo que ese trabajo, siguió dando frutos.
En 1994, cuando el Dr. Del Busto presentaba en el auditorio del CUM de la Universidad su libro “Fundadores de Ciudades en el Perú. Siglo XVI”, propuso la tarea de hacer la historia de Piura por los piuranos, indicando que era una labor de gran envergadura y de dedicación casi exclusiva. En 1999 y con los primeros egresados de la especialidad de historia, se lanzó el reto a los alumnos y egresados de la misma: escribir una Historia de Piura, que abarque los hechos significativos desde los primeros momentos del hombre en estos predios hasta la crónica de nuestro tiempo.
En esa tarea nos embarcamos ocho alumnos de la especialidad: Yanina Correa Gutiérrez, Laurence Chunga Hidalgo, J. Pavel Elías Lequernaqué, Bertha J. Gutiérrez Rivas, Danitza J. Nuñez Peña, Rosa E. Peña Pozo, Ruth. M. Rosas Navarro y Gleydi E. Suyón Barreto y un profesor de historia del arte, Victor R. Velezmoro Montes, que dirigidos por los Drs. José Antonio Del Busto y Jorge Rosales, nos propusimos hacer la “Historia de Piura”. La investigación nos exigía no sólo conocer lo que otros profesionales había escrito sobre nuestra tierra, sino que era necesario ir a las fuentes mismas de la historia: la documentación de cronistas y las descripciones de viajeros, los expedientes judiciales y los testamentos virreinales, los testimonios de los mayores y los periódicos viejos, así como la legislación pasada y los informes oficiales de la administración pública fueron las fuentes mejor consultadas. Y eso no ha sido suficiente: lograda la información era necesario confrontarla para verificar el dato cierto y expresarlo como hecho histórico; sumado a ello, conversar con otros historiadores y personas de sapiencia histórica era una condición para adquirir firmeza en las deducciones científicas logradas. Finalmente, expresarlo en el papel exigía tanta disciplina como lo antes expresado. Nuestra cercanía a las fuentes y la pasión por el trabajo podía distorsionar la objetividad requerida; sin embargo el rigor del Dr. Rosales ponía en el tapete nuestras contradicciones, omisiones, descuidos y ligeras deducciones. La experiencia del Dr. Del Busto, nos indicaba que rumbo tomar cuando la flaqueza intentaba invadirnos. Los borradores fueron varios, pero finamente, el producto se ha mostrado.
El pasado 07 de octubre, en acto público, la Universidad de Piura y la Municipalidad Provincial de Piura, presentaron el libro “Historia de Piura”, que se pone a disposición de la colectividad para su lectura, pero también para sus comentarios y criticas; los que se hacen necesarios para su mejoramiento.Este libro, con sus defectos y virtudes, es evidentemente hijo de sus autores, pero también de la Especialidad de Historia de la Universidad de Piura, la que, desde el año 2003 ha cedido su lugar a la Facultad de Historia y Gestión Cultural, que esperamos continúe el trabajo empezado en la formación de historiadores.

(Este artículo apareció en octubre de 2004, en SEMANA, revista de diario El Tiempo).

A mi profe... con mucha gratitud

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

No recuerdo como fuimos presentados… quizá de forma no muy agradable. No lo recuerdo. Sin embargo, aun tengo en mi memoria su voz potente como la de un trueno y la seriedad de su rostro. La cara de pocos amigos frente a sus alumnos inspiraba reverencial temor. Era 1979 y en ese salón de primer grado en el centro educativo 14918 Tupac Amaru, probablemente nos hallamos congregados alrededor de cuarenta remedos de gente, gritones y parlanchines, pero ante su voz, el desapacible griterío infantil se convertía en beatífico silencio, necesario para escuchar las clases en las que la sumatorias de vocales y consonantes nos permitían conocer gráficamente aquellas palabras que a cada rato repetíamos.
Desde muy temprano, con una regla T en la mano, trazaba líneas horizontales paralelas a lo largo de su fiel pizarrón y dibujaba las letras que nosotros repetíamos en nuestros cuadernos “loro” y que, al día siguiente debíamos traer debidamente aprendidas, luego de repetirlas monótonamente a lo largo de las hojas de nuestros cuadernos. En el extremo izquierdo de la pizarra con distintos colores y en letras de tiza se dibujaba un abecedario completo en el que se distinguían las mayúsculas de las minúsculas y los números del cero al nueve. Como el ave maría del amanecer, el primer rato de colegio se le dedicaba a la dichosa tabla de letras. Ay de aquél que se equivocara en el nombre de alguna grafía. Umh… mejor no lo cuento. A ese cuadro de letras, luego se le sumó las tablas de sumar, luego las de multiplicar, luego las de dividir, pero éstas eran de paporreta, no estaban escritas, salvo en la memoria de cada quien.
Con las primeras letras aprendidas, con el inseparable libro coquito, aprendimos las primeras poesías, los primeros trabalenguas, las primeras adivinanzas. Ah, también a contar las bolinchas con las que jugábamos en los recreos y a sumar los goles que cada equipo metía en los partidos de fulbito. Pero no fue suficiente, al primer año ya debía saber leer y escribir… así fue.
Y nosotros que pensábamos que todo estaba dicho, al año siguiente en medio de esas líneas horizontales que nunca abandonaron su pizarra negra, se escribían las cosas relativas a los cursos de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias históricas sociales y no se que otro curso más. Allí también se escribieron algunas canciones que nuestro profe nos enseño: Payande, Jesucristo, Mi Perú, etc. La educación física no se escribía sino que se hacía con la ligereza de nuestras piernas por correr detrás de una pelota y con la habilidad de otros dominándola.
Fue un muy buen profesor. Con un trozo de madera en la mano se enfrentó a nuestra desidia por aprender y las palmas de nuestras manos fueron dolientes testigos de nuestro infortunio frente a la lección no aprendida. Pero más allá de ello, era nuestro amigo: secó nuestras lágrimas si nos tocaba llorar y se quedó algunos minutos más para explicar y volver a explicar aquello que no se entendió. También nos reprendió cuando alguna travesura hacíamos o cuando nuestras mamás le contaban aquellas otras historias que se escribían en el seno de nuestras casas.
En aquellos días, por lo menos en los primeros años de la primaria, acudíamos de mañana y tarde al colegio y nuestra tarea no se reducía a la elaboración de los ejercicios y tareas que nos pudieran dejar en cada curso, sino que además suponía la trascripción de lo que habíamos escrito en nuestro cuaderno de borrador Si lo recuerdo. Cada chiquillo en su maletín –creo que las mochilas aún no se habían inventado- además de sus cuadernos debía tener un “block”, un cuaderno de borrador en el que escribía lo que el profe escribía en la pizarra. Añádase que debíamos tenerlo aprendido.

Y así se escribió nuestra historia en la educación primaria. Y fue así porque nuestros padres confiaron en él…y él así quiso que fuera. Y después de treinta años, confirmo que la decisión fue acertada. Muchas gracias profesor “Rubio”… Estoy seguro que sí volviera a mi niñez y si de mi dependiera, volvería a ponerme en sus manos. Buena parte de lo que ahora he alcanzado se lo debo a Ud. Gracias profesor Santos Nicolás Peña Valladares… Muchas gracias. Y con él, extiendo mi saludo a todos los hoy celebran su día: Feliz día a todos los maestros del Perú.

A un nuevo aniversario, nuevos compromisos

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Hace algunos años, en el libro “Historia de Piura” (2004), la Lic. Rosa E. Peña Pozo escribía “una institución de apoyo social, de reconocida labor en el departamento es la Diaconía para la Justicia y la Paz que, como organización de la Iglesia de Piura y Tumbes tiene por tarea principal asesorar en materia de derechos humanos y, en general, defender y promover los derechos de las personas y su dignidad…”. Para lograr sus objetivos, la institución, en aquellos días, se organizaba en áreas y éstas en programas y, respecto de éstos se ejecutaban distintos proyectos que estaban dirigidos a asesoría jurídica, promoción jurídica de derechos humanos, magisterio, relaciones equitativas entre varones y mujeres, jóvenes y agentes pastorales.
La institución cumple 21 años, pero pensarlo es remontarse a sus inicios: 1987. En aquellos días, los problemas que originaba la posible intromisión de la ideología terrorista en los espacios públicos, motivó que un grupo de laicos y religiosos, sacerdotes y el obispo de aquel entonces, congregaran a la sociedad civil junto con sus autoridades para reflexionar respecto del compromiso social que se requería a fin de afrontar el problema de las consecuencias en la región del conflicto interno, del cual –en nuestros días- gracias al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional conocemos con detalle.
El 8 de junio de 1987, Mons. Oscar Cantuarias Pastor expide una resolución arzobispal en la que funda la oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de Piura indicándole como denominación el de “Diaconía para la justicia y la paz” y asignándole la tarea de hacer “acompañamiento y recuerdo de las conclusiones habidas en el Primer Encuentro Departamental sobre Violencia y Paz”, a este efecto debía organizar y animar encuentros de formación de grupos regionales para avivar la solidaridad con los dolientes del terrorismo, la elaboración de material de formación y difusión sobre la justicia y la paz y el asesoramiento jurídico en los casos de violación de derechos humanos”. Sus tareas eran muy humanas y terrenales. Inicialmente se instaló en un pequeño espacio que le fue cedido en las oficinas de la Catedral de Piura, luego se trasladó a la Urb. Las Mercedes hasta que finalmente recaló en el ala izquierda de la Iglesia del Carmen, donde aún funciona.
La expresión de sus funciones en la resolución fundacional quedó corta. La guerra sucia efectuada desde el propio Estado motivó que muchos campesinos y maestros fueran acusados de terroristas. La institución se armó de valor y hasta muy avanzada la década de los 90 dedicó sus mayores esfuerzos a ofrecer defensa jurídica a muchas personas injustamente encarceladas. En este intentó conjugó esfuerzos con instituciones como la Comisión Episcopal de Acción Social, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras como Villa Nazaret del Obispado de Chulucanas, la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (COSDEJ), entre otras a fin de prestar, además, ayuda humanitaria a las familias afectadas. A mediados de la citada década, ante el descenso de casos por terrorismo, asumió otros tan graves como los de maltratos en dependencias públicas, pero a la vez, se hizo conciente de la necesidad de hacer conocer a la ciudadanía el valor de los derechos humanos, por lo que su labor también se extendió a la formación a docentes, jóvenes, mujeres, jueces de paz y campesinos en temas de derechos humanos. En este espacio, fue notoria su participación, en la consolidación de la formación y elección de los jueces de paz; convirtiéndose Piura, en el primer departamento que elegía a estos servidores públicos mediante el voto popular. En este espacio de promoción de los derechos humanos nacieron distintos grupos que se han repartido a lo largo de la costa norte de Piura permitiendo que la conciencia y el conocimiento de los derechos humanos permitieran que éstos retumben en medio de las amenazas a los derechos de las colectividades.
A finales de los noventa, los problemas sociales eran distintos a aquellos que motivaron su creación: la violencia política había cesado, en consecuencia, los procesos penales por terrorismo en contra de inocentes habían disminuido; sin embargo, los conflictos sociales se acentuaban y, en gran medida motivados en actividades empresariales y del Estado a favor de la inversión privada. Las preocupaciones de la población tambograndina respecto del peligro de la explotación minera hizo que la institución tuviera que hacerse “experta” en derecho medioambiental y, con la ayuda de otras instituciones como CEAS, Labor, APRODEH, FEDEPAZ, Eco, Cooperacción, entre otras se formó la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande. Aún se mantiene en la memoria colectiva de ese pueblo el trabajo realizado para la consecución de la consulta vecinal del 02 de junio de 2002. Lo demás es historia conocida. Es de resaltar que, la experiencia asumida le permitió conformar la RED MUQUI, una red de alcance nacional con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, así como la ampliación y defensa de los derechos de las comunidades en áreas de influencia minero – metalúrgico en el Perú. Para alegría de muchos, ya no se es parte de la misma.
A lo dicho debe sumarse, el trabajo realizado a favor de la recuperación de la memoria colectiva en el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Instalada ésta, la institución, junto con otras, hizo esfuerzos porque a Piura le asignaran tareas en la recuperación del trauma padecido por la violencia de los años 1980-2000. Si bien no fue responsable de recopilar testimonios de víctimas y personas afectadas, cuando menos, ofreció sus instalaciones para facilitar el trabajo. Con posterioridad a la presentación del Informe de la CVR, junto con otras instituciones como CIPCA, Radio Cutivalú, Red Nacional de la Mujer, MIAMSI, Defensoría del Pueblo, etc. conformó el Grupo Impulsor de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Hoy se hace notar su ausencia en ese espacio.

El pasado 08 de junio, Diaconía para la Justicia y la Paz ha cumplido 21 años y su presencia en los últimos meses pasa desapercibida ante los graves problemas sociales en los que se exigen decisiones políticas que pudieran confrontar su apuesta por el mensaje social de los Evangelios con los intereses de los empresarios, de los poderes públicos respecto de la necesidad por seguir apostando por las personas y colectivos más vulnerables de nuestra región. Es necesario que, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, Diaconía vuelva a ser la “abogada de la justicia y defensora de los pobres” en especial “ante las intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo”, como bien reza el documento de los Obispos “Aparecida” Nro.395. Aún esperan sus palabras de aliento no sólo los encarcelados de Rio Seco y las internas de Sullana, sino también los profesores impagos del Estado que esperan que les permitan una defensa legal de sus derechos, objetiva en la pretensión, y, a la vez, apasionada en su actuación y los que se hallan desprotegidos frente a la opresión de los empresarios poderosos que arrancan del suelo los pastos de los pequeños hatos de ganados que abundan en el valle del Chira o que los dejan sin espacios para el enterramiento de sus muertos. Se hace necesario que la institución reflexione respecto de la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, alternativos, integrales y solidarios, tanto con la persona humana como con el medio ambiente, es decir comprometidos con una ecología natural y humana atenta a los valores de justicia, solidaridad y destino universal de los bienes que el Evangelio proclama y que Aparecida Nro. 474 inc. c. reconoce como una de las nuevas tareas de la pastoral social de la Iglesia.

La remuneración de los profesores contratados

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

En esta tierra bendita que nos ofrece la luz del sol y el pan de cada día, pareciera que el Gobierno se olvidó de cumplir con sus promesas respecto de los profesores (en especial, los contratados) a quienes durante los últimos meses les han enrostrado epítetos de tan grueso calibre como “brutos”, “ociosos” y “comechados”. Muchos de éstos, antes que dedicar sus horas a la atención de sus tareas domésticas o, quizá el tiempo que requiere la preparación de sus clases o, talvez, la corrección de los exámenes de sus pupilos, tienen que salir presurosos y agitados de sus centros de labores para mendigar lo que por derecho les corresponde: su remuneración. Sí. Así ocurre en nuestros días, luego de sus labores, -a pleno sol del medio día- los docentes contratados tienen que robar el tiempo a sus tareas cotidianas para visitar de forma forzada las oficinas de la Dirección Regional de Educación, específicamente, el área de remuneraciones, a tentar si sus nombres aparecen en las nóminas de los suertudos que, a fin de mes, recibirán el pago por el trabajo realizado.

La Constitución Política del Perú si bien expone el derecho-deber del Estado de procurar la evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes de los docentes, ello no es justificación suficiente para que los maltrate de la forma como lo hace. Reza el art. 24 de la Constitución: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual”. Y sigue diciendo: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”. La lectura de lo expuesto quizá genere en ellos, en algunos, un esbozo de sonrisa caprichosa que disimula su desazón, en otros, impotencia expresadas en lágrimas reprimidas y llanto que se ahoga en sus gargantas. Es probable que a más de uno, aquello de “se está gestionando un crédito suplementario o transferencia de partidas para cumplir con todos” no es más que un “engaña muchachos”:

Nos preguntamos ¿Por qué gestionar un bono suplementario? ¿Es que, al tiempo en que se discutió la Ley del Presupuesto para el sector público para el año 2007 o el del 2008 (téngase presente que muchos profesores impagos aún se encuentran reclamando remuneraciones del año pasado y otros, del año pasado y de éste también, un tercer grupo, sólo de éste año) la Dirección Regional de Educación no conocía cuantos profesores necesitaba para el año lectivo correspondiente? ¿Tanta ineficiencia hay en dicha heredad?. Lo más probable es que nos respondan: “no, lo que pasa es que aún no nos ha sido trasferido el dinero con que se cuenta para remuneraciones”. El asunto es claro: el presupuesto ya fue destinado. La pregunta es ¿Dónde está el dinero que fue reservado para remuneraciones de los profesores contratados? ¿Fue utilizado para otros gastos? Es muy probable que sí. Especular respecto de la utilización de los recursos del canon petrolero con fines remunerativos es también una mentira más.

La salida a tal entuerto administrativo está sólo en manos de aquellos que lo han fabricado. Que pongan el pecho y asuman sus responsabilidades. Los profesores afectados tienen dos alternativas: usar la vía de la protesta social (marchas pacíficas, paralizaciones, huelgas) o la de acudir al poder judicial a fin de por medio de la coerción jurisdiccional se vean compelidos a cumplir con aquello que la Constitución enuncia: “Ninguna relación laboral (ni siquiera aquella que se tiene con el Estado) puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Y los profesores recuerden que la Carta Magna también dice: “Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución”.

P.D.- Si a algún funcionario o funcionaria de la Dirección Regional de Educación luego de leer esta breve nota le da escozor en la piel, desazón o enfado por la labor mal efectuada, renuncie. De seguro hay otras personas que lo pueden hacer mejor.

Publicado en diario El Tiempo, Piura, 21 de mayo de 2008.

Detenciones arbitrarias... como el pan de cada día

Laurence Chunga Hidalgo

"Nro.: 335, hora: 18:50, Día: 18, Mes: 04, Año: 02. El Mayor PNP da cuenta y pone a disposición a las personas de AAA y BBB a solicitud de la persona de CCC, el mismo que momentos antes había sido víctima de asalto y robo por parte de dichos sujetos…".
Así reza el tenor de una denuncia policial que da cuenta de su actuación cotidiana, y con la que se inicia una detención arbitraria. Probablemente, amigo lector Ud. pensará: pero ¿AAA y BBB no son los delincuentes que han asaltado a CCC? Probablemente sí, sin embargo existe una garantía constitucional que declara la presunción de inocencia hasta que judicialmente no se demuestre lo contrario y para sostener dicha presunción la misma constitución afirma: "Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades en caso de flagrante delito". En otras palabras, para que un ciudadano pueda ser detenido, sólo valen dos supuestos no necesariamente concurrentes: primero, que el juez haya ordenado la captura o, segundo, que al delincuente se le halle in fraganti en la comisión del hecho delictivo.
La pregunta que surge ¿y qué significa flagrante delito?. La doctrina jurídica ventila distintas definiciones, sin embargo podríamos decir que por flagrante delito se entiende a "el delito que se descubre en el momento de su realización" lo que indica que entre la realización del ilícito y la captura de supuesto culpable debe existir INMEDIATEZ, lo que ha de permitir que pueda deducirse, como causa de la detención, la plena posesión de la evidencia constituida por la sorpresa en la perpetración misma del hecho delictivo.
Regresemos al texto policial: "…pone a disposición a las personas de AAA y BBB a solicitud de la persona de CCC, el mismo que momentos antes había sido víctima de asalto y robo por parte de dichos sujetos…". Dos consideraciones distintas a las atendidas por el texto constitucional: mientras la Constitución Política afirma la necesidad de orden motivada del juez, la policía actúa bajo la simple acusación de otro ciudadano y, mientras que la Carta Magna requiere del flagrante delito, la Fuerza Pública poco le importa si existe inmediatez entre la comisión del delito y la aprehensión del supuesto delincuente.
Siendo que, el hecho ocurrido es distinto al supuesto explicado por la norma constitucional y la doctrina jurídica, no existe motivación razonable para la detención de AAA y BBB, y por tanto dicha detención se convierte en arbitraria e inconstitucional.
Pero, otorguémosle a la Policía Nacional el favor de la duda. En una interpretación in extenso del concepto de flagrante delito, algunos autores afirman que este se configura cuando después de ocurrido el acto delictivo, el autor del mismo es seguido por la parte ofendida, o por el clamor público. Además se requiere que, al supuesto delincuente se le halle efectos y/o instrumentos que hagan presumir la autoría del hecho cometido. Sobre esta hipótesis doctrinaria no podemos decir nada respecto del texto que justifica estas líneas, sin embargo hemos de decir que en más de una oportunidad ni siquiera este amplio concepto es respetado en sus consideraciones mínimas, y por el contrario se aprovecha de la acusación simple de una persona para hacer búsquedas entre los vestidos y el cuerpo de los supuestos delincuentes y/o hacer pesquisas al interior de los domicilios de los familiares y vecinos de los sospechosos. En conclusión: además de violar el derecho a la libertad personal y la integridad física se afecta el derecho a inviolabilidad de domicilio no sólo del sospecho sino también de sus parientes y vecinos próximos.
Entonces: ¿Qué se puede hacer ante una actuación abusiva de las autoridades policiales en las que de por medio está la libertad individual?. La salida más próxima: la interposición de un Habeas Corpus. ¿Y si Ud. es la víctima de AAA y BBB? Interponga la denuncia por el delito sufrido y éste deberá ser investigado conforme al debido proceso que la Constitución garantiza.

ESTE ARTICULO FUE ESCRITO EN MAYO DE 2002 (se publica como en aquella oportunidad, aunque bien valdría la pena precisar algunas cosas) Y FUE EL PRIMERO DE TANTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO EL TIEMPO DE PIURA.

Nuestras viejas casonas

Laurence Chunga Hidalgo

En febrero de 1738, reunido “el Cabildo, Justicia y Regimimiento desta dicha ciudad” (de Piura), es decir, sus autoridades municipales, luego de las presentaciones de rigor –reconocimiento de títulos y demás rótulos que la “hidalguía” les permitía-, hicieron un breve resumen de los problemas más saltantes de la ciudad. El primero de ellos hacía referencia a la necesidad de obligar a los hacendados de aquellos días a pagar los tributos que les correspondía en razón de los ganados que tenían en propiedad, así mismo, y en segundo término se ordenaba que las “arinas” que se pudieran conseguir en esta jurisdicción no salgan de ésta para ser vendidas en otros corregimientos.
Pese a que lo antes expresado no deja de ser noticia hoy –los que más tienen son los que menos tributan- me interesa resaltar lo que a continuación detallo: “y en quanto a las casas de tabiques i corrales de espinas se determino por este Ilustre Cabildo sehan notificado los duelos de ellos fabriquen las fronteras de adoves dentro de vn año o menos el que tuviese posible (…)” y más adelante agrega: “así tambien manden por el peligro notorio que padecen las gentes en su transito se derriben las paredes que amenasan ruina y que a costa de sus dueños se reedifique como se acostumbra en otras ciudades…” y el texto continúa enumerando problemas que convienen al orden de la ciudad y para cuyo efecto se disponía lo que mejor parecía para el buen gobierno.
Bueno, pues, si no fuera por la escritura, lo que se ha transcrito bien nos recuerda nuestra propia realidad. Si bien en nuestra Piura del cercado urbano ya no contamos –por lo menos no me he percatado- con cercos de espinas si que, la antigua tabiquería de buen numero de las casonas que datan de las fechas en que se escribió el documento que trascribo, no han sido debidamente atendidas y conservadas y, si bien el Estado –a través del Instituto Nacional de Cultura- las ha declarado patrimonio cultural de la nación, muy poco ha hecho mantenerlas, salvo amenazar a sus propietarios con denuncias penales por, supuestamente, no haberles dado el mantenimiento necesario. Tarea, que creo, debió ser compartida con el ente que las declaró como patrimonio nacional.
El tema parece anecdótico; pero, que bueno hubiera sido que, por ejemplo la Casa Eguiguren se hubiese conservado siquiera como en la década pasada. En algún tiempo, si la memoria no me es esquiva, el propio Instituto Nacional de Cultura funcionó en aquella ilustre casona, pero luego la abandonó. Las lluvias de 1998 se encargaron de derrumbar los antiguos adobes, los leñateros hicieron carbón de los soportes de algarrobo y de la tabiquería, las gentes de mal vivir, finalmente, hicieron de ella su guarida. Si tan sólo esa casa de hubiese mantenido en pie, ya tendríamos un buen ejemplo de la arquitectura civil de nuestro pasado virreinal. Hoy, la casa Eguiguren no existe, y en el espacio donde solemne se levantaba, tan sólo quedan sus escombros. En nuestros días, la rúa de los “chapetones encopetados” como le llamaba López Albujar a nuestra calle Lima, ha perdido su presencia y, si no fuera, por la Iglesia San Francisco, bien podríamos decir que esa calle no tiene historia colonial.
Así como la casa en mención hay muchas otras en Piura, de las que sólo resalta el cintillo amarillo con el que se advierte a los transeúntes el peligro de su derrumbe. Supongo que reconstruirlas es más caro que hacer dos o tres edificaciones modernas. La pregunta es ¿será necesario que un acta municipal tenga que volver a repetir, en pleno siglo XX: “manden por el peligro notorio que padecen las gentes en su transito se derriben las paredes que amenasan ruina y que a costa de sus dueños se reedifique como se acostumbra en otras ciudades…”. La leche ya está derramada, o mejor, los adobes de las antiguas paredes son, ahora, montículos de arcilla ¿seguiremos llorando sobre los recuerdos de una historia que no pudimos conservar? ¿Se espera quizá la muerte de un viandante bajo los escombros de una viaja pared para levantar el titulillo de “patrimonio cultural de la nación” respecto de aquello que bien podría ser un macabro espectro de lo que efectivamente debimos mantener? Las autoridades tienen la palabra. La sociedad civil también.

Publicado en diario El Tiempo, Piura, 08 de mayo de 2008.