Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Trabajar por los derechos humanos no es tarea fácil. No en Piura. Hace un par de años, en los primeros meses de 2005, el Estado -debidamente representado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos- y la Sociedad Civil -citada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e instituciones de la región- convocaron para la realización de la “Macro Audiencia Regional” en la que autoridades y ciudadanos de Piura y Tumbes discutieron acerca de que derechos requerían mejores atenciones dado el alto grado de vulnerabilidad de los mismos, señalándose, además, los actores principales que debieran intervenir así como las acciones que era necesario realizar para mejor la situación. El 29 de junio de ese año, se reunieron 144 representantes de instituciones públicas y privadas para realizar dicha labor. Sus resultados fueron insumos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos.
El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011 (indistintamente, PNDDHH) es un instrumento aprobado por D.S 017-2005-JUS, que contiene las primordiales obligaciones estatales respecto del cumplimiento del contenido esencial de los derechos humanos recogidos en el documento; convirtiéndose, en consecuencia, en una herramienta de articulación de políticas públicas y de monitoreo de la actuación de la administración pública respecto de los objetivos planteados. En los hechos, después de su aprobación el Estado, en cualquiera de sus estamentos, muy poco ha realizado para su implementación.
El pasado 27 de junio, se convocó a distintas oficinas de la Administración Pública, -dígase del Gobierno Regional, de los gobiernos provinciales y de algunas municipalidades distritales, así como a las distintas oficinas regionales de algunos de los Ministerios del Estado- para mostrarles el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero por encima de ello, exponer su valía como herramienta para la elaboración e implementación de políticas públicas, permitiendo que la actuación estatal siempre se halle informada por el concepto de los derechos humanos.
Pese al esfuerzo de la convocatoria, acudieron, muy pocas instituciones: cuarenta y cuatro y, en su mayoría, instituciones de la sociedad civil. El Estado fue el gran ausente. Sin embargo, no puede negarse la buena voluntad de instituciones como la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPI) que, esperamos, asuma la tarea de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos en el grueso de municipalidades que la conforman. Por lo pronto, es tarea inmediata, así lo han asumido los participantes, la difusión del PNDDHH.
Corresponde, de otro lado, a las instituciones convocantes CEDAL, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Diaconía para la Justicia y la Paz, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Radio Cutivalú, CIPCA, entre otras, ofrecer los insumos que permitan la realización de la difusión e implementación del PNDDHH para que sea de pleno conocimiento de la ciudadanía. El conocimiento permitirá que la ciudadanía lo exija en cada uno de los ámbitos de la administración estatal.
Esperamos, que los compromisos asumidos, efectivamente, sean tareas de próxima realización. Estaremos atentos, para colaborar y vigilar.
Abogado
Trabajar por los derechos humanos no es tarea fácil. No en Piura. Hace un par de años, en los primeros meses de 2005, el Estado -debidamente representado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos- y la Sociedad Civil -citada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e instituciones de la región- convocaron para la realización de la “Macro Audiencia Regional” en la que autoridades y ciudadanos de Piura y Tumbes discutieron acerca de que derechos requerían mejores atenciones dado el alto grado de vulnerabilidad de los mismos, señalándose, además, los actores principales que debieran intervenir así como las acciones que era necesario realizar para mejor la situación. El 29 de junio de ese año, se reunieron 144 representantes de instituciones públicas y privadas para realizar dicha labor. Sus resultados fueron insumos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos.
El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011 (indistintamente, PNDDHH) es un instrumento aprobado por D.S 017-2005-JUS, que contiene las primordiales obligaciones estatales respecto del cumplimiento del contenido esencial de los derechos humanos recogidos en el documento; convirtiéndose, en consecuencia, en una herramienta de articulación de políticas públicas y de monitoreo de la actuación de la administración pública respecto de los objetivos planteados. En los hechos, después de su aprobación el Estado, en cualquiera de sus estamentos, muy poco ha realizado para su implementación.
El pasado 27 de junio, se convocó a distintas oficinas de la Administración Pública, -dígase del Gobierno Regional, de los gobiernos provinciales y de algunas municipalidades distritales, así como a las distintas oficinas regionales de algunos de los Ministerios del Estado- para mostrarles el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero por encima de ello, exponer su valía como herramienta para la elaboración e implementación de políticas públicas, permitiendo que la actuación estatal siempre se halle informada por el concepto de los derechos humanos.
Pese al esfuerzo de la convocatoria, acudieron, muy pocas instituciones: cuarenta y cuatro y, en su mayoría, instituciones de la sociedad civil. El Estado fue el gran ausente. Sin embargo, no puede negarse la buena voluntad de instituciones como la Red de Municipalidades Rurales de Piura (REMURPI) que, esperamos, asuma la tarea de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos en el grueso de municipalidades que la conforman. Por lo pronto, es tarea inmediata, así lo han asumido los participantes, la difusión del PNDDHH.
Corresponde, de otro lado, a las instituciones convocantes CEDAL, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Diaconía para la Justicia y la Paz, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Radio Cutivalú, CIPCA, entre otras, ofrecer los insumos que permitan la realización de la difusión e implementación del PNDDHH para que sea de pleno conocimiento de la ciudadanía. El conocimiento permitirá que la ciudadanía lo exija en cada uno de los ámbitos de la administración estatal.
Esperamos, que los compromisos asumidos, efectivamente, sean tareas de próxima realización. Estaremos atentos, para colaborar y vigilar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario