La legitimidad del Poder Judicial

El Poder Judicial es una de las instituciones estatales que goza de menos popularidad. Su aprobación en las encuestas de ordinario es precaria. Imaginemos que la totalidad de procesos judiciales a nivel nacional sean 100 expedientes y que en cada uno de ellos solo hay dos contrincantes (en la realidad, pueden ser varias personas): uno que dice tener mejor derecho respecto del otro y, ese otro que dice lo mismo contra el primero. Si el juez le da la razón a uno de ellos; entonces, la otra mitad quedará descontenta por el resultado. Si estas doscientas personas involucradas representan el 100% de los litigantes, la mitad perdedora representan el 50% de la desaprobación del Poder Judicial.

Lo cierto es que ese descontento puede aumentar. En los juicios el que gana no siempre gana todo lo quisiera. Muchas veces el juez le reconoce sólo una parte de lo que pide, por lo que aún entre los que obtienen sentencias favorables hay sentimientos de desagrado contra la institución que resuelve los conflictos.  Así, si de 100 personas que han ganado sus procesos, 50 de ellas les parece muy poco lo que les han reconocido, entonces tendremos que aumentará en un 25% la desaprobación institucional. Desde el propio universo de personas que alguna vez han tenido un proceso judicial, se deriva que la mejor aprobación posible de la institución sólo alcanzaría el 25% de ese universo relativo. Si extendemos esas“malas experiencias” hacia la población total de una nación –que involucra alas otras personas que nunca ha tenido problemas judiciales, entonces, esa aprobación disminuye aún más. En palabras simples: aun cuando los jueces trabajen 24 horas al día su aprobación nunca será mayor por qué en los conflictos que resuelven siempre hay ganadores y perdedores. Los perdedores siempre buscarán a alguien a quien culpar de sus desgracias y muchos ganadores no se contentan con lo que les han dado.

En estos días los jueces y los fiscales han paralizado el sistema judicial y, en consecuencia ese descontento aumenta. Se han declarado en juntas de jueces ampliadas (los especializados, mixtos y paz letrados) y en salas plenas (los superiores) en razón a que el presupuesto que el Poder Legislativo les quiere asignar es muy poco para atender el crecimiento de la demanda de justicia de la población y porque el Poder Ejecutivo no quiere cumplir las sentencias del propio Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que reconocen que es necesario que en el tema de remuneraciones se cumpla con los porcentajes que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce como adecuadas remuneraciones. Es decir, sentencias que reconocen derechos desatendidos desde hace algo más de veinte años.

Lo paradójico del asunto es que, aquellos que administran justicia se ven obligados a utilizar medidas de presión para alcanzar el cumplimiento de sentencias. El Poder Judicial ha perdido su capacidad de coerción. Se ha presentado esas sentencias ante el Ministro de Economía y se niega a cumplirlas pese a que ya tienen la condición de sentencias firmes, por haberse expedido en última instancia. ¿Si no se puede obligar al Presidente la República y al Ministro de Economía, un par de personas que se presume que actúan de buena fe, al cumplimiento de sentencias con qué autoridad jurídica o moral se puede obligar a aquellas otras que de modo doloso actúan contra el derecho y el orden socialmente establecido? Esta es la real y objetiva causa de desligitimación social de nuestra institución: que el propio Estado le desconoce, en los hechos, la condición de poder del Estado al “poder judicial”.Si la deslegitimación de los jueces ya es alta por la particular circunstancia de que en cada caso judicial hay ganadores y perdedores, aquella se eleva aún más y de modo considerable porque el propio Estado le desconoce la capacidad de ejecutar sus propias sentencias.

Los días venideros son cruciales para alcanzar las pretensiones ante el Poder Legislativo –por el tema del presupuesto- y ante el Poder Ejecutivo –por el asunto del cumplimiento de las sentencias. Los jueces del Poder Judicial debemos estar atentos, con el ánimo vigilante y en estado de alerta permanente. Nuestra legitimidad aumentará si nos hacemos respetar.