La cuarta pregunta

Es el asunto más complejo del referéndum. Nuestra tradición constitucional nos expone como un Estado que, a lo largo de la historia, ha preferido un parlamento bicameral, aunque en otras latitudes latinoamericanas, dígase Honduras, Panamá, Ecuador y Nicaragua, entre otros, prefieren un congreso unicameral. Si revisamos el Libro de Debates de la Constitución de 1993, advertiremos argumentos en favor de una u otra posición. Los que defiende la unicameralidad, sostienen: a) La necesidad de un órgano político, expeditivo y eficaz en la dación de leyes a la par de la efervescencia de los tiempos, b) posibilita la proximidad entre el legislativo y el ejecutivo con la intención de un mejor gobierno para los ciudadanos, c) asegura los consensos políticos, en tanto que la existencia de dos cámaras posibilita el conflicto entre ellas; mientras que quienes defiende la bicameralidad afirman: a) La existencia de dos cámaras, posibilitan en una el debate y, en la otra, la reflexión respecto de las leyes que sean necesarias, b) Evita los riesgos de la dictadura del parlamento, c) asegura la racionalidad y uso adecuado del poder.

Más allá de las precisiones que se detallan en una numerosa lista de modificaciones pretendidas a través del referendum, relacionadas con cada una de las funciones de las cámaras -de diputados y de senadores- lo cierto es que, de la calidad de los que detentarán dichas tareas no se dice mucho. De hecho, el art. 90, propone como requisitos para alcanzar la condición de parlamentarios: tener la condición de peruano de nacimiento y gozar del derecho de sufragio. El tercer requisito hace la distinción entre diputados y senadores: 25 años para los primeros y 35 para los segundos.

El fundamento social de la reforma es el hastío popular de la calidad de nuestra clase política. En el año 2016, tan pronto se logró los resultados oficiales, los analistas políticos establecieron que 95 asumían el cargo parlamentario por primera vez, 31 alcanzaron la reelección inmediata, 4 tomaban la posta luego de descansar uno o dos periodos; del total 23 han ejercido cargo de regidor municipal, 12 tienen experiencia de alcaldes, 3 de gobernadores regionales, 2 han sido consejeros. Desde la perspectiva de la ideología política se advirtió que 91 congresistas no pertenecían a ninguna organización política, por lo que muchos actuaban como “independientes prestados” a la organización política que les permitía la postulación y, muchos de ellos ya tenía experiencia de haber estado en varias y sucesivas organizaciones políticas.

Desde el ámbito del ejercicio profesional y académico, se identifica a 39 abogados, 19 ingenieros y 09 economistas.  Los administradores de empresas, educadores, aquellos que ejercen profesiones ligadas a la salud, suman 21: Así mismo hay 6 sociólogos, 5 contadores, 5 que provienen de las fuerzas armadas y policiales, 4 comunicadores, y los restantes se reparten entre la arquitectura, la educación técnica y otros. 11 congresistas no terminaron la universidad y 4 no tienen educación superior. Los que no detentan profesiones, son empresarios que, en su mayoría, se dedican al negocio de los combustibles, trasporte de carga o restaurantes. Finalmente, respecto de las edades, el promedio es 49 años, siendo el más joven uno que tiene 26 años y el de más años, aquel que –al tiempo de asumir el cargo- frisaba en los 73.  Del total, 96 son varones y 34 corresponde al sexo femenino.

Más allá de los escándalos derivados de si efectivamente tenían o no los estudios universitarios que habían anotado en su fichas personales y que han motivado fuertes críticas populares, las exigencias mínimas para ser legislador siguen siendo las mismas y, de hecho buen número de los actuales congresistas bien podrían estar ejerciendo el cargo de senadores, con lo que se advierte que, si pretendemos mejorar la calidad de nuestros funcionarios públicos otros han de ser los requisitos. De hecho, siendo los mismos que antes de la propuesta de reforma, nos adherimos a la conclusión de Luis Castillo, profesor universitario de derecho constitucional, cuando señala, respecto de la propuesta que se esconde detrás de la pregunta 4 del referendum: “la principal deficiencia es que no contribuye a mejorar ni el número ni la calidad de la representatividad del Parlamento. Tal como está la propuesta formulada, lo que favorece es que las deficiencias y arbitrariedades que hoy reprochamos a la única cámara, mañana se las increpemos a las dos cámaras”.

No hay de otra… Sigamos reflexionando en cómo mejorar la calidad de aquellos que ejercen las más altas funciones estatales.