lunes, 31 de diciembre de 2007

El Derecho a la Educación (I)

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Como en la mayoría de temas que la Constitución Política recoge, cuando se habla del derecho a la educación, el texto constitucional no repara en mostrar una definición que conceptualice la extensión del derecho. El Tribunal Constitucional tampoco ha expuesto con claridad cual es su contenido esencial, más bien, hace una lista de conceptos que podrían enumerarse como elementos del contenido constitucionalmente protegido: acceso a una educación adecuada, libertad de enseñanza, libertad electiva respecto del centro educativo, respeto de la libertad de conciencia de los alumnos, libertad de cátedra, entre otros. Desde nuestra posición y de una lectura de los distintos artículos constitucionales que recogen, de una u otra forma, el tema educacional, lo definimos como “el derecho que permite la formación adecuada e integral de las personas –independientemente de su condición económica, de sus limitaciones físicas o mentales o condiciones de vulnerabilidad- para que éstas tengan mejores condiciones para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad”. El Estado es el llamado a vigilar, garantizar y resguardar el cumplimiento y ejercicio del derecho. La Iglesia Católica también reclama dicha obligación para con su feligresía.En principio todos los ciudadanos, sin diferencias de edad, condición económica, posición social, etc., tienen derecho a la educación; sin embargo, las leyes y normas reglamentarias que regulan la materia hacen mayor referencia a los niños, adolescentes, jóvenes, personas con problemas de aprendizaje o con necesidades educativas especiales. Y aún cuando se reduce a tales extremos es preocupante los índices de desatención de dicho sector: de cada cien alumnos que inician el nivel de educación primaria, sólo cuarenta y nueve culminan la educación secundaria y del primer total, cuatro logran terminar la carrera universitaria. De estos, sólo la octava parte logra un puesto laboral en la carrera que ha estudiado. Es decir, 0,5 de nuestro número inicial, con que, para que podamos ponerles “nombres y apellidos” a nuestros números, debemos precisar que por cada doscientos alumnos que empiezan su carrera estudiantil, sólo uno alcanzará un puesto de trabajo según su vocación, después de, más o menos, veinte años de estudios. Tal realidad, expone, al parecer, un largo camino al fracaso. ¿Para qué estudiar?, se preguntarán los adolescentes.Desde los “otros números” debemos indicar, que, por ejemplo, aquellos adolescentes que no terminan la secundaria, los cincuenta y uno restantes, se convierten prontamente en desocupados o subocupados y, en la realidad, van más allá de los 300 mil jóvenes, que oscilan entre los 18 y 25 años edad. Ellos, o se dedican a eventuales “cachueleos” o se dedican al pandillaje, a la delincuencia o se convierten en carne de cañón en los espacios de la violencia de política radical. Con estos números nos preguntamos, el servicio educativo estatal ¿logra efectivamente el desarrollo integral de los ciudadanos peruanos? ¿Qué hace falta para lograr el cometido?Desde el año 2003 se ha declarado en emergencia el sector educativo. De hecho, los resultados de las evaluaciones internacionales siempre han dejado al país entre los últimos lugares en rendimiento escolar en las áreas básicas de comunicación y habilidades lógico matemáticas. El asunto es ¿tales áreas (lógico matemática y comunicación integral) son indicadores idóneos para determinar si efectivamente la educación peruana contribuye al desarrollo la personalidad?
Publicado en diario El Tiempo de 31 de diciembre de 2007.

miércoles, 12 de diciembre de 2007

La comisionada para la paz y el desarrollo. Un cargo sin justificación suficiente.

En noviembre de 2001, se publica el D.S 008-2001-IN por el que se crea el cargo de “comisionado para la paz y el desarrollo” con la finalidad de diseñar y dirigir las estrategias de pacificación y desarrollo en aquellos lugares donde “subsistan rezagos de actividad de grupos terroristas”. Así reza el art. 2 de la norma citada, así se recoge en la Resolución Ministerial N° 0962-2007-IN-1001, publicada el 06 de diciembre pasado, en la que se nombra a la ciudadana Dorcy Niño Rivas en el cargo de Comisionado para la Paz y Desarrollo, con competencia en el ámbito territorial del departamento de Piura.
No habría ninguna observación a dicho nombramiento si no reparáramos en el ámbito territorial en la que debe ejercerse la función: “aquellos lugares donde subsisten rezagos de actividad de grupos terroristas”. Y entonces nos preguntarmos ¿Hay rezagos terroristas en Piura? La respuesta tiene que ofrecérnosla el propio Ministerio del Interior que es el encargado de velar por orden público y orden interno democrático y; efectivamente, nos la da de forma velada e indirecta. La Resolución Ministerial N° 0962-2007-IN-1001, en su tercer párrafo, dice que atendiendo a los informes de inteligencia ofrecidos por el propio Ministerio del Interior, Piura se muestra como una zona geográfica vinculada a “la violencia social, delincuencia común, incremento de la presencia de tráfico ilícito de drogas y pobreza”. De ello debemos deducir, -dado que no se menciona- que en Piura no hay violencia terrorista, o como exige la norma “rezagos de actividad de grupos terroristas”. Entonces… ¿para qué un nombramiento de esta naturaleza en un espacio que no cumple las condiciones?.
Solo para abundar en lo ya dicho. Cuando se instaló la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional, luego de los “reconocimientos iniciales”, desde Piura se pudo apreciar que la atención que se ponía a nuestra patria chica no era el mismo que se aplicaba a otras zonas del país. La explicación fue que en Piura, si bien hubo actividades terroristas no fueron tantas como en la zona sur. Así ha quedado explicado en propio Informe de la CVR[1] y, si miramos, por ejemplo, el libro “Para recordar: el conflicto armado interno en Piura 1980-2000”[2], pese a la enumeración de acciones terroristas y acciones contra-terroristas, éstas fueron pocas a comparación de lo ocurrido en el sur del país. Nos volvemos a preguntar ¿Hay necesidad del nombramiento de un comisionado para la paz y el desarrollo en nuestra región?
Para responder es necesario mirar a nuestro alrededor y recoger las expresiones de quien ha sido nombrada para el cargo. En entrevista periodística Dñ. Dorcy Niño respecto del rebrote de terrorismo afirma que se trata de “rojos caviar” aliados con el narcotráfico ubicados en zona alto andina a los que finalmente señala como “gente que se dedica al narcotráfico”[3]. Afirma que no se habla de ninguna persona pero “el pacto se está dando”. Mejor dicho, un arroz con mango. Sería mejor, que para explicar el dichoso nombramiento se dijeran las razones que se exponen en la resolución que lo contiene: la violencia social, el tráfico ilícito de drogas, la violencia común y la pobreza. Su lectura deja la impresión de que el Ministerio del Interior –respecto de los tres primeros- renuncia a sus funciones para ofrecérselas a una autoridad civil y, esperemos que no sea un pretexto para intervenir en las libertades individuales de los ciudadanos, que identificados irónicamente como “izquierda caviar” (o rojos caviar como les llama la comisionada) ni se identifican con el narcotráfico ni son impulsores o autores de actividades terroristas.
Por lo pronto, debemos resaltar la incongruencia, entre lo que se recoge en la entrevista, lo que dice la resolución de nombramiento y lo que debe entenderse como “rezagos de actividades de grupos terroristas” que se exige en la norma reglamentaria con se justifica la citada resolución. Una cosa más: esperemos que el plan de trabajo no se lo digiten en una computadora del gobierno central ni se lo envíen por internet.
[1] Informe de la Comisión de la Verdad, Tomo I, Cap. 2.
[2] BOYLE BIANCHI, Eva: Para recordar: El conflicto armado interno en Piura 1980-2000, RAISAPP, Piura, 2006.
[3] Diario El Tiempo, 12 de diciembre de 2007, p. 4.

martes, 11 de diciembre de 2007

Los Derechos Humanos en Tiempos de García

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El 4 de diciembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 317ª Asamblea Plenaria invitó a todos los Estado del mundo a que adopten el 10 de diciembre como el Dia de los Derechos Humanos, en mérito a la fecha en que se proclamó la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, realizada en la misma fecha del año 1948. Desde esos días, los Derechos Humanos, se “personifican” y celebran sus aniversarios y, al finalizar cada año se elogia el reconocimiento de los mismos y la buena voluntad de los Estados para respetar, promover, garantizar e implementarlos el contenido de cada derecho en sus respectivas jurisdicciones.
Nuestro país no está ajeno a las celebraciones. El Presidente García ha declarado en más de una oportunidad su compromiso con el ejercicio de los derechos humanos, sin embargo las políticas públicas para el respeto e implementación de los mismos desdice dicho compromiso. De hecho, el tema de los derechos humanos, es un punto pendiente en la agenda de este gobierno. Si no, recordemos algunas de los fallidos intentos por desconocerlos. Sus propuestas electorales y –luego presidenciales- anunciaban la instauración de la pena de muerte como solución al grave problema del aumento de violaciones sexuales en agravio de menores de edad, la vuelta al servicio militar obligatorio como probable salida al tema de la delincuencia juvenil, una pretendida desatención a las recomendaciones y mandatos provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la pretensión de apartarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando el Pacto de San José de Costa Rica aduciendo que la indicada Corte no reflejaba el sentir de la población nacional, la desatención a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, la confusa forma de atender el tema de las reparaciones recomendadas por el Informe final de la Comisión de la Verdad y el desaire a las sentencias del Tribunal Constitucional en los temas referidos a la justicia militar, entre otros, son algunas formas de desatender a los derechos humanos.
En los últimos días, pretende desprestigiar los derechos al medioambiente sano y al desarrollo sostenible bajo la premisa de que, quienes se oponen a la loca carrera del progreso económico del país y van en la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo no son más que resentidos sociales y ociosos que no saben producir a favor del país. Súmesele la celebérrima idea de publicar los 1800 nombres de personas que un día fueron albergados en alguna cárcel del país para purgar condena por el delito de terrorismo. Muchos de ellos, efectivamente culpable, buen número de ellos, inocentes. Sus últimas expresiones no son más que posiciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica que supone la sentencia firme y consentida, sino que, además, pone en riego la seguridad de más de un individuo, a quien se le impuso una pena y la cumplió. Otro tema, es que si efectivamente, tal pena cumplió la finalidad para la que fue impuesta.
No obstante, la colección de desatinos anti-derechos humanos, creemos –hay que ser optimista y tener esperanza- que aún hay espacio para cumplir la palabra empeñada. Por lo pronto, no dejemos que este día, el Día de los Derechos Humanos, pase desapercibido. Es necesario educar a nuestra sociedad, para que efectivamente sea conciente de la posibilidad de ejercer y exigir sus propios derechos.
N.B.: Saludamos el reconocimiento y la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos que desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ofrece a Gisella Ortiz Perea, quien durante los últimos años ha luchado fehacientemente por llegar a la verdad respecto de los lamentables hechos ocurridos en el llamado “caso La Cantuta”.
Publicado en diario El Tiempo, 13 de diciembre de 2007.

martes, 4 de diciembre de 2007

El Plan Nacional de Derechos Humanos y las Recomendaciones del Informe de la CVR

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Cuando en 28 de agosto de 2003 se hizo la presentación y entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Estado Peruano hizo una apuesta por la reconstrucción del pacto social y político de nuestra nación. Bajo esta premisa, la CVR indicó, entre otras condiciones, la necesidad de la adopción de políticas de Estado que atienda a las exigencias de la sociedad civil, las que, a su vez, exige una profunda reforma institucional, el cumplimiento de un plan de reparaciones de daños para las víctimas y la aplicación de sanciones penales para los responsables.
En el 2005, en 10 de diciembre, al tiempo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Alejandro Toledo hizo presentación del D.S 017-2005-JUS con el que se hacía aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH). Han pasado dos años y, a la fecha muy poco se ha avanzado en el tema. El Plan Nacional de Derechos Humanos, según los principios rectores que lo inspiran es “una política de Estado que trasciende la acción limitada de un gobierno o de cualquiera de sus componentes y niveles de Estado individualmente considerados” y a la vez se erige como “un compromiso ético y político del Estado peruano para que su implementación refleje un permanente proceso participativo”.
Y cuando se habla del Estado, entendido como “comunidad jurídicamente organizada” comprende no sólo el concepto de gobierno encargado de regir al Estado sino también a los ciudadanos que la conforman. En consecuencia, compete tanto al gobierno como a la ciudadanía impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR y la implementación del PNDDHH.
De hecho, el PNDDHH pese a los dos años de vigencia, es muy poco conocido y atendido. Los funcionarios públicos de las distintas dependencias estatales desconocen su existencia –aunque dada su publicación en El Peruano debería presumirse su conocimiento- mientras que el gobierno central pretende desconocer su contenido argumentando que tal Plan al haberse aprobado por decreto supremo no le obliga suficientemente. No obstante, tal documento se propone dar orden, método, orientación y equilibrio a la actuación estatal en materia de derechos humanos. De hecho, el primer lineamiento es la institucionalización y trasversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y dentro de éste, los objetivos estratégicos que lo conforman pretende el cumplimiento de las recomendaciones ofrecidas por los órganos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR y la articulación de los planes sectoriales relacionados con los derechos humanos.
Sofia Macher en su libro “Recomendaciones vs. Realidades: Avances y Desafíos en el Post CVR” hace pública denuncia de la realidad ahora queremos resaltar los logros. En el 60% de las 85 recomendaciones realizadas por el Informe Final de la CVR se han tomado e iniciado acciones, no obstante aún hay vacíos. Los avances más significativos se hallan en los procesos de reparaciones a las victimas, individuales y colectivos, y en la judicialización de casos; los vacíos, en cambio, se hallan en la estructura misma del Estado. No hay indicios de reforma institucional y, a eso tiene que apuntar el Estado pero también la sociedad civil. A ello puede contribuir la difusión y la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Los gobiernos regionales y locales, así como las dependencias regionales de los ministerios del Estado pueden contribuir gratamente en la tarea. Una de ellas, y de muy poco costo, es la implementación del Informe de la CVR en la curricula escolar. El Gobierno Regional de Huanuco, desde el año pasado, a través de la Ordenanza Municipal 049-2006 nos ofrece un ejemplo. Debemos precisar que, el tema no debe repetirse como imitación de una moda, sino que es ineludible la interiorización de la necesidad vital del ejercicio de los derechos humanos como requisito para la paz y justicia social.

Publicado en diario El Tiempo, Piura, 06 de diciembre de 2007; en http://www.eltiempo.com.pe/eltiempo/opinion.html

Miedo

Su agenda no tenía espacios... Cada año compraba en el pasaje de la calle Lima, -que está cerca a la sede de justicia- una agenda portafolio...