Legitimidad ¿Qué hacer frente a ella?

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Frente la inminencia de la realización de la Consulta Vecinal del próximo domingo 16 de septiembre en los distritos serranos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, el Estado Peruano ha respondido como sabe hacerlo: a tontas y a locas. Por lo pronto, algunos organismos estatales -aquellos que se irrogan para sí de forma excluyente la condición de “canales de la voluntad popular”- han condenado de ilegal a la dichosa consulta. No obstante la Defensoría del Pueblo, en clara coincidencia con los derechos contenidos en la Constitución ha señalado que “es el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de reunión, manifestación, participación y libertad de expresión (…) los que sustentan la realización de esta consulta (vecinal)”. En el mismo sentido, y amparándose en normatividad internacional, se ha pronunciado el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el pasado 05 de septiembre.
De otro lado, el Primer Ministro Jorge Del Castillo se ha visto obligado a visitar nuestra región con la intención de persuadir a los alcaldes de las municipalidades organizadoras de la actividad popular a que no la realicen. Al parecer, no ha quedado muy contento con los resultados de su gestión y, si bien ha recalcado el efecto no vinculante de los resultados, aún le quedan cosas pendientes que resolver. Nos ponemos en sus zapatos: ¿la declaratoria de la ilegalidad es suficiente para desvirtuar la legitimidad de la consulta y de la participación ciudadana en dicha actividad? ¿Cómo podrá deshacer el efecto psico-social que pueda derivarse de la posible abrumadora participación ciudadana en la consulta vecinal? Y si los resultados les son largamente desfavorables a los intereses del Estado y de la empresa Majaz ¿Cómo podría desatender al clamor popular? De allí su muy clara intención de evitar que la consulta se realice.
En este sentido, aún quedan otros espacios que cubrir. Hace algunos días, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha hecho pública denuncia del traslado de destacamentos militares hacia la zona de Ayabaca, por lo que nos aborda una nueva preocupación: ¿Será que el Gobierno Central pretende una declaratoria de estado de emergencia en Ayabaca y Huancabamba? La Constitución Política concede tal posibilidad sólo en caso de perturbación del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de nación. La actuación colectiva ciudadana de emitir un voto a favor de una determinada actividad económica no parece ser mérito suficiente para definición de un estado de emergencia.
Por lo pronto, bajo la señal de la ilegalidad declarada por el JNE, el Procurador Adjunto de la citada entidad electoral ha solicitado al Ministerio Público de Ayabaca la incautación del material electoral. Nos preguntamos ¿Cuál es el delito cuando se ejercita libremente un derecho constitucional? O es que el Estado ¿pretende boicotear la realización de la consulta vecinal? Improbables soluciones estatales: 1. Declarar en estado de emergencia a los distritos organizadores, dando orden a los militares de “sitiar” las ciudades; 2. Detener a los organizadores de la misma y; en caso de resistencia, dar a las Fuerzas Policiales orden de disparar al amparo del D.Leg. 982, y, 3. Robar las ánforas y publicar los resultados tres días después.

Con ánimos esperanzadoramente democráticos, espero que no sea necesario se realice ninguna de las ideas expuestas; muy por el contrario estoy convencido que los resultados que produzca la consulta vecinal serán propicios para un nuevo pacto social, entre el Gobierno Central, las Municipalidades involucradas y la ciudadanía participante.

Publicado en diario El Tiempo, Piura, 14 de septiembre de 2007.