SAUL CANTORAL: LA JUSTICIA EN OTROS FUEROS*

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El 10 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió sentencia favorable a los deudos de Saúl Cantoral Huamaní y en contra del Estado Peruano. Saúl Cantoral, al tiempo de su muerte, se desempeñaba como Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Su desempeño como líder sindical le valió la reticencia tanto del gobierno de aquellos días, como de grupos paramilitares y grupos subversivos.
La primera oportunidad fue en agosto de 1988 y, según sus expresiones el secuestro y maltratos padecidos deben ser atribuidos al grupo paramilitar Rodrigo Franco. En diciembre de ese mismo año fue amenazado de muerte por el grupo terrorista Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En los dos primeros meses del año siguiente las amenazas provinieron por parte del grupo paramilitar Rodrigo Franco, ligado, según versiones periodísticas, al gobierno aprista de aquellos días. Las amenazas contra su vida e integridad personal estaban relacionadas con el liderazgo que estaba desempeñando durante las huelgas nacionales mineras de aquellos años y, gracias a los medios de comunicación tan grave situación de riesgo era conocida públicamente, inclusive por el Estado.
El 13 de febrero de 1989, en horas de la noche, fue secuestrado y, horas después, aproximadamente a las 23.30 horas fue hallado muerto en una playa de estacionamiento del parte zonal Wiracocha. Se halló junto con él, el cuerpo de Consuelo García Santa Cruz. Según el informe de la Comisión de la Verdad, tal hecho es atribuible al grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, el que “contaba con el apoyo de un reducido número de efectivos policiales miembros del GRUDE (Grupo de Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) y de la DIRCOTE, actuando bajo el comando del Ministro del Interior” (Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, sección 2.19). Siguiendo las expresiones de éste informe y de otros como el Informe de mayoría “Agustín Mantilla y su vínculo con el autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco” (informe de una comisión del Congreso de la República, expedido en junio de 2003) y el informe pericial realizado por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de agosto de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ligado al grupo paramilitar Rodrigo Franco con el Estado Peruano y, en consecuencia, encuentra responsable a éste de la violación de los derechos a la libertad personal y a la vida por la detención ilegal y arbitraria y muerte de Saúl Cantoral Huamaní.
Sin embargo, el asunto no sólo se reduce a la violación de derechos en la persona de Saúl Cantoral, sino que la forma como se le dio muerte y la inacción del Estado -por más de 18 años- en la investigación que dicha muerte merecía, para la Corte Interamericana ha producido grave violación de derechos humanos en los familiares del occiso, en la forma de afectación de la integridad personal. No se diga de otros derechos como el derecho a la verdad, de asociación y sindicalización, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Así mismo y más allá de las reparaciones pecuniarias a favor de los deudos de Saúl Cantoral, el Estado queda obligado a investigar de forma efectiva los hechos, identificar a los culpables y sancionarlos como corresponde, a publicar la sentencia expedida por la Corte Interamericana, reconocimiento público de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos advertidas, entre otras medidas.P.D.: Una extraña coincidencia: el gobierno que en otros tiempos permitió tan graves hechos, hoy tiene la oportunidad de enmendar y reparar. Que la voluntad de hacerlo no le sea escasa.

* Publicado en diario El Tiempo (Piura), en 15 de agosto de 2007.