¿Decisiones presidenciales o indecisiones "preferenciales"?

Laurence Chunga Hidalgo.

Abogado.

Los diarios regionales piuranos de 28 de agosto de 2007 recogen las expresiones del presidente regional quien, pronunciándose respecto de la consulta popular que se realizará en las jurisdicciones de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, afirma que la consulta es ilegal y, en consecuencia, no reconocerá los resultados “por no estar normados en la ley electoral”.
La Constitución Política del Perú señala que es derecho de la persona la libertad de expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social “sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos”. Reconoce el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Se expone que la ley ha de regular los derechos de elección, remoción y revocación de autoridades así como los de iniciativa legislativa y de referendo. No impone otros límites a la participación ciudadana. Señala de otro lado que, corresponde al sistema electoral el planeamiento, organización y ejecución de los procesos electorales o de referendo o de “otras consultas populares”.
Ciertamente, la Constitución no expone qué significa el término “otras consultas populares” por lo que la ley permite que algunas -entre otras- expresiones de esa voluntad popular se canalicen a través de distintas administraciones públicas. Estamos acostumbrados a la realización, por ejemplo, de audiencias públicas, cabildos, asambleas populares. Las entidades del Estado que organizan este tipo de expresiones del ánimo colectivo son las municipalidades, pero resaltan con mucho brío, aquellas preparadas por OSINERG, OSIPTEL y SUNASS en las que se expone ante la opinión ciudadana determinadas actividades ligadas al sector energía y minas para su aprobación o consentimiento ciudadano. Lo mismo ocurre con las leyes de la República, las que por a través de las distintas comisiones congresales o por iniciativa de un congresista, a fin de recabar el consentimiento civil, expone ante la colectividad el proyecto de ley para debatir y recoger impresiones en los lugares de mayor incidencia. Con ello, supuestamente, hacen cobertura de la licencia social requerida para su aprobación.
En pocas palabras, la voluntad popular tiene distintos cauces por donde conducirse y, los que le ofrece la Constitución y la ley no son ni exclusivos ni excluyentes. Si nos sujetamos al principio general de libertad, que se enuncia en “nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe”, tendríamos que decir que la consulta popular se efectúa dentro las permisiones constitucionales. En consecuencia, el hecho de que la ley no considere la consulta popular del 16 de septiembre, no signifique que esté prohibida o que sea “ilegal” como se pretende; por el contrario es una forma genuina y muy legítima de expresar la voluntad popular.
OTROSI DIGO: El Presidente Regional, César Trelles Lara, dice que la consulta es ilegal, pero concluye diciendo “la consulta es con todos los piuranos o hagámosla en la provincia de Piura”, lo que nos hace ver que, en la lógica presidencial, la dichosa consulta popular dejará de ser ilegal cuando su ámbito de intervención se amplíe a aquellos lugares, donde, según su proyección, estaría asegurado el voto a favor de la minería. ¿Juega Ud. a favor de los empresarios mineros o de la ciudadanía piurana? ¿La legalidad de la consulta popular depende de quien resulte favorecido? Decídase.

Publicado en diario "El Tiempo" de Piura, en 30 de agosto de 2007.

Modificaciones al Código de Ejecución Penal y aplicación de beneficios penitenciarios en casos de terrorismo (D.Leg 984 y D.Leg 985).

Laurence Chunga Hidalgo

Abogado

I. Introducción
A través de la ley 29009[1] el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso. Según aquella norma el primer objetivo de la delegación era “establecer una estrategia integral dirigida a combatir con mayor eficacia el crimen organizado en general…”
En mérito a esa autorización el Poder Ejecutivo ha promulgado once decretos legislativos. Entre éstos los decretos 984 y 985, que hacen modificaciones al Código de Ejecución Penal y a la ley antiterrorista.
Sin embargo, con mirada panorámica de la nueva normativa, podemos indicar:
- No da luces de la estrategia integral para combatir el crimen organizado, tal como reza la ley que autoriza las facultades legislativas.
- Expone las conocidas deficiencias de la política criminal del Estado: aumentar la gravedad de las penas sin que previamente se haya realizado un estudio que exponga las causas de criminalidad o que explique las razones por las que las normas modificadas no cumplieron su finalidad.
- Expone los ímpetus represivos de un Estado que no tiene respuestas a las expectativas ciudadanas. De un lado, pretende legitimar la violencia estatal mientras que de otro, criminaliza la protesta social.
- Exhibe graves contradicciones dado que si bien pretende introducción las novedades propias del sistema penal acusatorio en el proceso penal regulado por el Código Procesal de 1940, desde otra óptica mayores facultades a la policía respecto de los interrogatorios prejurisdiccionales; situación que se opone diametralmente a los principios que inspiran el sistema acusatorio.

II. Novedades en la clasificación de internos
Ya en la materia de nuestra intervención, respecto de la nueva clasificación que se realiza de los internos, debemos indica que el D.Leg. 984, añade un nuevo criterio de separación de internos: que el interno se encuentre o no vinculado a una organización criminal y, eso es una novedad, que por lo demás no ha generado, en si misma, mayores críticas. Sobre tal criterio, la norma modificatoria exige otras conductas, en la ejecución de las penas; específicamente al Instituto Nacional Penitenciario, como por ejemplo, al Órgano Técnico de Tratamiento, le exige tenga en cuenta tal condición en la evaluación del interno para que sea trasladado, excepcionalmente, desde el régimen cerrado ordinario hacia el régimen cerrado especial, es decir, sea sujeto de mayores condiciones de seguridad y disciplina.
No obstante, la norma señala que dicho traslado es excepcional, toda vez que “los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas de régimen cerrado ordinario”. Este se organiza, desde el pasado 22 de julio en tres etapas:
· Máxima seguridad
· Mediana seguridad, y
· Mínima seguridad
Bajo esta nueva organización, las dos primeras etapas requieren, de preferencia, áreas separadas; mientras que los de mínima seguridad, obligatoriamente deberán estar separados de los demás internos.
Para el caso de lo internos vinculados a una organización delictiva, aún en el régimen cerrado ordinario deberá ser ubicado en la etapa de máxima seguridad. En los próximos 180 días, a nivel nacional, deberá tenerse una nueva disposición de los internos conforme a la clasificación señalada.
En el régimen cerrado especial[2], como ha quedado anotado, las condiciones de seguridad y disciplina son mayores y suponen ciertas restricciones y exigencias, en 1. las visitas de familiares y amigos, 2. el acceso al patio, 3. la visita intima, 4. obligación de estudiar y/o trabajar 5. la reclusión en un establecimiento de alta seguridad.
Como dice Wilfredo Pedraza, el citado decreto legislativo ha mejorado sustancialmente la clasificación de internos en nuestro país, pues permite segmentar a los internos según su perfil personal, agrupándolos en grupos homogéneos, permitiendo, no sólo el ejercicio “eficiente” de la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, sino además, preservando a los grupos más vulnerables de la población penal.
Adecuando la norma a nuestra realidad. Si miramos el Establecimiento Penal Penitenciario Piura (antes Río Seco), que cuenta con 1618 internos[3] y con un único Órgano Técnico de Tratamiento, nos preguntamos:
· ¿Es humanamente posible que un solo equipo conformado por tan sólo tres personas[4] pueda evaluar a más de millar y medio de internos en el plazo de –ahora- 150 días?
· ¿Están suficientemente aptos para hacer evaluaciones periódicas que permitan que cada seis meses se pueda tener una reclasificación de internos?
· Los establecimientos penitenciarios y, en particular los que se ubican en Piura, tienen infraestructura suficiente para cumplir con las nuevas exigencias clasificatorias?. Téngase presente que, el indicado penal fue construido para albergar 586 personas y en la actualidad ha casi triplicado el número de internos que contiene.
Se afirma que la introducción del sistema progresivo clasificatorio en el régimen ordinario (y que ya existía en el régimen especial) estimulará al interno en razón de sus habilidades de adaptación, disciplina y practica de actividades labores y de estudio.
· ¿Tiene infraestructura suficiente los penales de la región para hacer las clasificaciones tanto de internos sujetos al régimen cerrado ordinario como los que se hallan en el régimen cerrado especial?
· ¿El Ministerio de Economía ha dispuesto la asignación presupuestaria que se requiere para el cumplimiento efectivo de la norma? (p.e para la construcción y/o adaptación de pabellones que alberguen a los nuevos “clasificados”?
· ¿Existen en los penales, en la actualidad, recursos (humanos y económicos) que permitan que existan programas de estudio y/o trabajo para todos los internos para lograr estas habilidades y obtener una progresión en su clasificación?
Pareciera que no. Sólo esperamos que, en el transcurso de los días, se presten las disposiciones complementarias que permitan el fiel cumplimiento de la norma. De lo contrario, se reducirá a ser la exposición de buenas intenciones.

III. Beneficios penitenciarios para los casos de terrorismo
El decreto legislativo 985 ha modificado D.Ley 25475, ley antiterrorista y los decretos legislativos 923 y 927, promulgados en febrero de 2003 luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional en parte la legislación antiterrorista de 1992.
Sin embargo, siendo que se nos ha encargado revisar las modificaciones a las normas relativas al sistema penitenciario, nos limitaremos a comentar la modificación introducida a la forma como ha de aplicarse el beneficio penitenciario de liberación condicional para el delito de terrorismo.
Debemos precisar que, la liberación condicional es un beneficio penitenciario que se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no tenga un proceso pendiente con mandato de detención[5]. Según la norma que lo regula, determinados delitos, específicamente, con penas graves (p.e exposición de personas a peligros, tipos agravados, violación sexual de menores, extorsión agravada, delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria (integridad nacional) y rebelión, requieren:
Cumplimiento de las ¾ partes de la pena.
Pago integro de la reparación civil.
Pago integro de la multa.
(o en caso de insolvencia, la fianza).
Según este decreto legislativo, los sentenciados por delito de terrorismo pasan a formar parte de este grupo de personas a quienes se les exige, como condición previa, para hacer efectivo su derecho expectaticio ofrecido por la liberación condicional, hayan pagado el integro de la reparación civil y de la multa. Es posible, además, que un sentenciado por terrorismo pueda hacer valer y alegar su condición de insolvencia y solicitar la fianza conforme al art. 183 del Código Procesal Penal (D.Leg 638) o el art. 289 del Código Procesal Penal (D.Leg 957).
Así mismo, sobre este mismo beneficio, señala que los condenados por el delito de terrorismo bajo la figura contemplada en el inciso “b” del artículo 3° del decreto ley 25475, es decir, aquellos integrantes de grupos terroristas nacionales o internacionales, aquellos que acuerden o pacten con agrupaciones dedicadas al narcotráfico con la finalidad de buscar apoyo y aquellos que pertenezcan o estén vinculados a elementos u organizaciones terroristas internacionales que contribuyan a la comisión de delitos de terrorismo en el extranjero “no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional”. Es decir, para todos aquellos otros tipos de terrorismo queda vigente el régimen penitenciario establecido en el decreto legislativo 927 de febrero de 2003, en el que efectivamente se reestablecieron los beneficios penitenciarios eliminados por el decreto ley 25475.
En los hechos, el Tribunal Constitucional ya en el exp. Nro. 0010-2002-AI-TC, habría indicado que el legislador tiene la posibilidad de conceder determinados beneficios penitenciarios, permitiendo la liberación de los penados “antes de la culminación de las penas (…) si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos”, es decir, si se ha cumplido con la reeducación y reinserción social. En este sentido, especifica el Tribunal, exp. Nro. 1594-2003-HC/TC que no basta con el cumplimiento de los requisitos formales que señala la ley (plazo de internamiento, trabajo realizado, etc.), sino que además se necesita de la evaluación de juez que verificará si los fines del régimen penitenciario se han cumplido: si el penado está apto para ser reincorporado a la sociedad. En este último expediente, el supremo intérprete de la Constitución, antes de la dación de la norma en comentario, expuso que, de conformidad con el art. 4 del D.Leg. 927, se aplicaba la liberación condicional previo el cumplimiento de las ¾ partes de la pena y de la ausencia de proceso pendiente con mandato de detención, pero haciendo una interpretación extensiva del concepto de “reglas de conducta”, señaló que, al amparo del art. 6 inc. 10 del D.Leg. 927 era facultad del juez señalar determinadas reglas de conducta, que no son otra cosa que la imposición de determinados deberes y, en consecuencia, la obligación del pago de la reparación civil, puede ser uno de ellos. Para el Tribunal Constitucional, la imposición de deberes a través de las reglas de conducta deben responder a razones objetivas y razonables, tales como, por ejemplo, la gravedad del delito y la naturaleza jurídica de los bienes que se pretende proteger (Exp. 454-2006-HC/TC).
En pocas palabras, aún antes de la dación de la norma, en la práctica jurisdiccional –tanto de los tribunales penales como del Tribunal Constitucional- ya se admitía que el pago de la reparación civil sea un requisito para el otorgamiento del beneficio de la liberación condicional.
Atendiendo a lo expuesto, señalamos las serias incongruencias conceptuales que se desprenden de la norma:
- La posición jurídica asumida por el Tribunal Constitucional –discutible por cierto- ha sido recogida por el legislador. La diferencia es que lo que, para el Colegiado Constitucional era una regla de conducta que permitía la valoración jurisdiccional del cumplimiento de las fines de la pena en el caso concreto, para el legislador se ha convertido en un requisito formal en el que ya no puede intervenir el criterio de conciencia del juez. La pregunta es ¿la reparación civil, por ejemplo, va a conseguir que ese procesado deje de pensar que “sistema político” que pretende imponer atenta contra los principios de la democracia y contra el Estado de Derecho?, ¿el pago de la reparación civil contribuye a que el sentenciado por terrorismo se “resocialice”? ¿O es que lo que se pretende es evitar que los sentenciados sea liberados en un plazo menor?
- Siguiendo el criterio legislativo. Si el pago de la reparación civil es un indicador de la resocialización del sentenciado ¿Por qué no se exige también a todos los sentenciados, indistintamente del delito cometido? No parece tener sentido constitucional, toda vez que afectaría el principio de igualdad contenido en el art. 2 inc. 2 de la Constitución Política; por lo menos no da razones objetivas y razonables que permitan hacer diferenciaciones.
- Entrelazando el concepto de reparación civil, el principio de igualdad y el derecho de la parte agraviada a ser reparado de forma efectiva por los daños causados por el delito; que justifica que el Estado se vea favorecido con una ley que le permite la satisfacción de su interés particular (en tanto agraviado al que le pagan la reparación civil) frente a los terceros (ciudadanos o personas jurídicas) que no les alcanza dicho beneficio. Otra afectación al principio de igualdad, aunque ahora enfocado desde la perspectiva del agraviado.
- La reparación civil no tiene la misma naturaleza jurídica que la pena. A diferencia de ésta, que es la consecuencia principal de un delito, aquella es una consecuencia accesoria y, aparece sólo en la medida en que la comisión del delito halla producido daños personales o materiales (que afecten al agraviado), los que deberán ser reparados conforme a las reglas contenidas en el art. 92 del Código Penal. Siendo que su condición es la de consecuencia accesoria del delito, y en tanto sustenta un interés particular (la de la parte agraviada, para el caso del terrorismo: el Estado), debe considerarse inidónea para cumplir las funciones de la pena o para determinar si la pena impuesta ha cumplido su finalidad.
- Finalmente, el concepto de reglas de conducta y las que se describen como tales, (art. 6 del D.Leg 927) tienen por objeto que el beneficiado con la liberación condicional, al tiempo que ejerce la libertad recobrada por el beneficio no vuelva a delinquir. Como dice Peña Cabrera Freyre “condiciones que garanticen el proceso de rehabilitación social” en libertad. El Tribunal revirtió la figura e hizo que el deber impuesto como “regla de conducta” se convirtiera en una condición para –en los hechos- alcanzar el beneficio de la liberación condicional. Se tergiversó los conceptos.
Aún con todo, la norma está vigente, corresponde al juez penal su prudente aplicación. O inaplicación, si se considerase la posibilidad de la inconstitucionalidad de la misma.
[1] Ley promulgada el 28 de abril de 2007.
[2] Al igual que en el régimen cerrado ordinario, en el régimen cerrado especial, se distinguen tres etapas: etapa “A”, etapa “B” y etapa “C”.
[3] http://www.inpe.gob.pe/establecimientod.php?id=79
[4] Conformado por un abogado, un psicólogo y un asistente social.
[5] Art. 53 del Código de Ejecución Penal.

Responsabilidad en la preservación del Medio Ambiente

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado

El 15 de diciembre de 1972, en resolución Nro. 2994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, para conmemorar la Conferencia Sobre Medio Humano (Estocolmo), designó el 05 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el objeto de dar a conocer la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.
Pues bien, teniendo presente el objetivo, nos preguntamos ¿Quién es responsable de la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente? En estos tiempos, nadie pone en duda el irrenunciable derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, sin embargo, cuando nos ponemos en el otro lado de la balanza ­–en el platillo del deber– el asunto como que no es tan claro, o por lo menos, no queremos verlo con claridad.
En el Perú, nuestra Constitución Política indica la obligación del Estado de conservar la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, autorizándosele la promoción del uso sostenible de los recursos naturales. Siguiendo esta lógica, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, señala al Estado como el responsable del mantenimiento de la calidad de vida de las personas, así como de la prevención y control de la contaminación ambiental, responsabilidad que se extiende a los particulares cuando se afirma en el art. I del Título Preliminar del mencionado código como enunciado genérico “Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”, y de forma específica, cuando en el inc. 6, art. 1, se reconoce el principio contaminador pagador: “Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio”.De lo dicho, el argumento y cuestión que se sugiere, se aproxima: “Soy un ciudadano común y corriente, además, no realizó actividad que produzca grave daño en el medio ambiente, luego, no soy responsable de pagar daño alguno respecto de los perjuicios ecológicos que se puedan producir”. Y para abundar en salvación de nuestra personal responsabilidad se puede concluir afirmando: “Quienes contaminan son las empresas extractoras de los recursos naturales, por ejemplo, las empresas mineras”. Y con ello involucramos a un tercer responsable. Es decir, la obligación respecto de la conservación, mejoramiento y/o recuperación del medio ambiente, recae en tres sujetos: El Estado, las empresas y los ciudadanos.
Sobre el papel que juega el Estado, la claridad de su responsabilidad es meridiana, mientras que las obligaciones ambientales de la empresa se derivan de la correcta aplicación del principio contaminador-pagador, que en su forma más simple se expresa: “Quien contamina, paga”. Así, el incumplimiento de la normatividad ambiental no sólo entraña una sanción administrativa o penal, sino que lleva aparejada la responsabilidad civil por el daño ambiental causado, la que debe permitir: 1.- Sufragar los costos de prevención, 2.- cubrir los recursos necesarios para eliminar o reducir la contaminación y, 3.- satisfacer los daños causado por la contaminación en las personas y sus bienes y en el medio ambiente como tal (el paisaje y la biodiversidad).
Lamentablemente, en el Perú, dícese que por falta de recursos, no se aplica convenientemente el principio contaminador-pagador, lo que provoca serios problemas, toda vez que, en la práctica, siempre se cumple el refrán popular: “Alguien tiene que pagar los platos rotos”. Efectivamente, si la empresa contaminadora no es compelida al pago del daño ambiental causado, el medio ambiente queda sin restaurar y en consecuencia, el ciudadano sufre las consecuencias pues se ve imposibilitado de gozar del medio ambiente sano que inicialmente hemos reconocido.
El asunto no queda allí. El ciudadano sufre la restricción de uno de sus derechos, pero además sufre sus consecuencias en la forma de atentado contra su patrimonio. En primer lugar porque si la contaminación pone en riesgo los niveles mínimos para el desarrollo de la vida, sufrirá el resquebrajamiento de su salud y, en segundo lugar, porque los costos de la restauración del medio ambiente se le cargarán en forma de contribución (impuestos). Ponemos un ejemplo: una persona que deja desperdicios en la vía pública, expone a los vecinos a contraer alguna enfermedad, pero además exige que mayor suma de las contribuciones tributarias de éstos sean derivadas al pago de un servicio (de limpieza pública) que se hace innecesario si la persona causante del desorden tuviera la precaución de esperar el vehículo recolector de basura. Extendamos en nuestros pensamientos el ejemplo a niveles macro, en donde el contaminador es una empresa que explota los recursos naturales sin cuidar el medio ambiente.
En consecuencia, el ciudadano que deducía no tener responsabilidad medioambiental porque no realiza actividad que genera grave daño en el medio ambiente, se halla comprendido en la responsabilidad por el daño medioambiental, por lo que, respecto de la aplicación del principio contaminador-pagador, podemos concluir: “Si la empresa contaminadora no paga; el ciudadano, paga”. Entonces, en la vía de la prevención se hace necesaria la responsabilidad de los ciudadanos, a fin de, efectivamente, garantizar el goce del derecho al medio ambiente sano.

SAUL CANTORAL: LA JUSTICIA EN OTROS FUEROS*

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
El 10 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió sentencia favorable a los deudos de Saúl Cantoral Huamaní y en contra del Estado Peruano. Saúl Cantoral, al tiempo de su muerte, se desempeñaba como Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Su desempeño como líder sindical le valió la reticencia tanto del gobierno de aquellos días, como de grupos paramilitares y grupos subversivos.
La primera oportunidad fue en agosto de 1988 y, según sus expresiones el secuestro y maltratos padecidos deben ser atribuidos al grupo paramilitar Rodrigo Franco. En diciembre de ese mismo año fue amenazado de muerte por el grupo terrorista Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. En los dos primeros meses del año siguiente las amenazas provinieron por parte del grupo paramilitar Rodrigo Franco, ligado, según versiones periodísticas, al gobierno aprista de aquellos días. Las amenazas contra su vida e integridad personal estaban relacionadas con el liderazgo que estaba desempeñando durante las huelgas nacionales mineras de aquellos años y, gracias a los medios de comunicación tan grave situación de riesgo era conocida públicamente, inclusive por el Estado.
El 13 de febrero de 1989, en horas de la noche, fue secuestrado y, horas después, aproximadamente a las 23.30 horas fue hallado muerto en una playa de estacionamiento del parte zonal Wiracocha. Se halló junto con él, el cuerpo de Consuelo García Santa Cruz. Según el informe de la Comisión de la Verdad, tal hecho es atribuible al grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, el que “contaba con el apoyo de un reducido número de efectivos policiales miembros del GRUDE (Grupo de Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) y de la DIRCOTE, actuando bajo el comando del Ministro del Interior” (Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, sección 2.19). Siguiendo las expresiones de éste informe y de otros como el Informe de mayoría “Agustín Mantilla y su vínculo con el autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco” (informe de una comisión del Congreso de la República, expedido en junio de 2003) y el informe pericial realizado por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de agosto de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ligado al grupo paramilitar Rodrigo Franco con el Estado Peruano y, en consecuencia, encuentra responsable a éste de la violación de los derechos a la libertad personal y a la vida por la detención ilegal y arbitraria y muerte de Saúl Cantoral Huamaní.
Sin embargo, el asunto no sólo se reduce a la violación de derechos en la persona de Saúl Cantoral, sino que la forma como se le dio muerte y la inacción del Estado -por más de 18 años- en la investigación que dicha muerte merecía, para la Corte Interamericana ha producido grave violación de derechos humanos en los familiares del occiso, en la forma de afectación de la integridad personal. No se diga de otros derechos como el derecho a la verdad, de asociación y sindicalización, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Así mismo y más allá de las reparaciones pecuniarias a favor de los deudos de Saúl Cantoral, el Estado queda obligado a investigar de forma efectiva los hechos, identificar a los culpables y sancionarlos como corresponde, a publicar la sentencia expedida por la Corte Interamericana, reconocimiento público de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos advertidas, entre otras medidas.P.D.: Una extraña coincidencia: el gobierno que en otros tiempos permitió tan graves hechos, hoy tiene la oportunidad de enmendar y reparar. Que la voluntad de hacerlo no le sea escasa.

* Publicado en diario El Tiempo (Piura), en 15 de agosto de 2007.