A un nuevo aniversario, nuevos compromisos

Laurence Chunga Hidalgo
Abogado
Hace algunos años, en el libro “Historia de Piura” (2004), la Lic. Rosa E. Peña Pozo escribía “una institución de apoyo social, de reconocida labor en el departamento es la Diaconía para la Justicia y la Paz que, como organización de la Iglesia de Piura y Tumbes tiene por tarea principal asesorar en materia de derechos humanos y, en general, defender y promover los derechos de las personas y su dignidad…”. Para lograr sus objetivos, la institución, en aquellos días, se organizaba en áreas y éstas en programas y, respecto de éstos se ejecutaban distintos proyectos que estaban dirigidos a asesoría jurídica, promoción jurídica de derechos humanos, magisterio, relaciones equitativas entre varones y mujeres, jóvenes y agentes pastorales.
La institución cumple 21 años, pero pensarlo es remontarse a sus inicios: 1987. En aquellos días, los problemas que originaba la posible intromisión de la ideología terrorista en los espacios públicos, motivó que un grupo de laicos y religiosos, sacerdotes y el obispo de aquel entonces, congregaran a la sociedad civil junto con sus autoridades para reflexionar respecto del compromiso social que se requería a fin de afrontar el problema de las consecuencias en la región del conflicto interno, del cual –en nuestros días- gracias al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional conocemos con detalle.
El 8 de junio de 1987, Mons. Oscar Cantuarias Pastor expide una resolución arzobispal en la que funda la oficina de derechos humanos de la Arquidiócesis de Piura indicándole como denominación el de “Diaconía para la justicia y la paz” y asignándole la tarea de hacer “acompañamiento y recuerdo de las conclusiones habidas en el Primer Encuentro Departamental sobre Violencia y Paz”, a este efecto debía organizar y animar encuentros de formación de grupos regionales para avivar la solidaridad con los dolientes del terrorismo, la elaboración de material de formación y difusión sobre la justicia y la paz y el asesoramiento jurídico en los casos de violación de derechos humanos”. Sus tareas eran muy humanas y terrenales. Inicialmente se instaló en un pequeño espacio que le fue cedido en las oficinas de la Catedral de Piura, luego se trasladó a la Urb. Las Mercedes hasta que finalmente recaló en el ala izquierda de la Iglesia del Carmen, donde aún funciona.
La expresión de sus funciones en la resolución fundacional quedó corta. La guerra sucia efectuada desde el propio Estado motivó que muchos campesinos y maestros fueran acusados de terroristas. La institución se armó de valor y hasta muy avanzada la década de los 90 dedicó sus mayores esfuerzos a ofrecer defensa jurídica a muchas personas injustamente encarceladas. En este intentó conjugó esfuerzos con instituciones como la Comisión Episcopal de Acción Social, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras como Villa Nazaret del Obispado de Chulucanas, la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (COSDEJ), entre otras a fin de prestar, además, ayuda humanitaria a las familias afectadas. A mediados de la citada década, ante el descenso de casos por terrorismo, asumió otros tan graves como los de maltratos en dependencias públicas, pero a la vez, se hizo conciente de la necesidad de hacer conocer a la ciudadanía el valor de los derechos humanos, por lo que su labor también se extendió a la formación a docentes, jóvenes, mujeres, jueces de paz y campesinos en temas de derechos humanos. En este espacio, fue notoria su participación, en la consolidación de la formación y elección de los jueces de paz; convirtiéndose Piura, en el primer departamento que elegía a estos servidores públicos mediante el voto popular. En este espacio de promoción de los derechos humanos nacieron distintos grupos que se han repartido a lo largo de la costa norte de Piura permitiendo que la conciencia y el conocimiento de los derechos humanos permitieran que éstos retumben en medio de las amenazas a los derechos de las colectividades.
A finales de los noventa, los problemas sociales eran distintos a aquellos que motivaron su creación: la violencia política había cesado, en consecuencia, los procesos penales por terrorismo en contra de inocentes habían disminuido; sin embargo, los conflictos sociales se acentuaban y, en gran medida motivados en actividades empresariales y del Estado a favor de la inversión privada. Las preocupaciones de la población tambograndina respecto del peligro de la explotación minera hizo que la institución tuviera que hacerse “experta” en derecho medioambiental y, con la ayuda de otras instituciones como CEAS, Labor, APRODEH, FEDEPAZ, Eco, Cooperacción, entre otras se formó la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande. Aún se mantiene en la memoria colectiva de ese pueblo el trabajo realizado para la consecución de la consulta vecinal del 02 de junio de 2002. Lo demás es historia conocida. Es de resaltar que, la experiencia asumida le permitió conformar la RED MUQUI, una red de alcance nacional con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, así como la ampliación y defensa de los derechos de las comunidades en áreas de influencia minero – metalúrgico en el Perú. Para alegría de muchos, ya no se es parte de la misma.
A lo dicho debe sumarse, el trabajo realizado a favor de la recuperación de la memoria colectiva en el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Instalada ésta, la institución, junto con otras, hizo esfuerzos porque a Piura le asignaran tareas en la recuperación del trauma padecido por la violencia de los años 1980-2000. Si bien no fue responsable de recopilar testimonios de víctimas y personas afectadas, cuando menos, ofreció sus instalaciones para facilitar el trabajo. Con posterioridad a la presentación del Informe de la CVR, junto con otras instituciones como CIPCA, Radio Cutivalú, Red Nacional de la Mujer, MIAMSI, Defensoría del Pueblo, etc. conformó el Grupo Impulsor de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Hoy se hace notar su ausencia en ese espacio.

El pasado 08 de junio, Diaconía para la Justicia y la Paz ha cumplido 21 años y su presencia en los últimos meses pasa desapercibida ante los graves problemas sociales en los que se exigen decisiones políticas que pudieran confrontar su apuesta por el mensaje social de los Evangelios con los intereses de los empresarios, de los poderes públicos respecto de la necesidad por seguir apostando por las personas y colectivos más vulnerables de nuestra región. Es necesario que, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, Diaconía vuelva a ser la “abogada de la justicia y defensora de los pobres” en especial “ante las intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo”, como bien reza el documento de los Obispos “Aparecida” Nro.395. Aún esperan sus palabras de aliento no sólo los encarcelados de Rio Seco y las internas de Sullana, sino también los profesores impagos del Estado que esperan que les permitan una defensa legal de sus derechos, objetiva en la pretensión, y, a la vez, apasionada en su actuación y los que se hallan desprotegidos frente a la opresión de los empresarios poderosos que arrancan del suelo los pastos de los pequeños hatos de ganados que abundan en el valle del Chira o que los dejan sin espacios para el enterramiento de sus muertos. Se hace necesario que la institución reflexione respecto de la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, alternativos, integrales y solidarios, tanto con la persona humana como con el medio ambiente, es decir comprometidos con una ecología natural y humana atenta a los valores de justicia, solidaridad y destino universal de los bienes que el Evangelio proclama y que Aparecida Nro. 474 inc. c. reconoce como una de las nuevas tareas de la pastoral social de la Iglesia.